Votos

Asunto
Amparo Directo en Revisión 7106/2019
Tema
Determinar si existió una actividad administrativa irregular por parte de la Comisión Nacional Bancaria o existieron omisiones en la protección de la inversión de los ahorradores de la sociedad popular denominada Ficrea.
Fecha de resolución
04 de Marzo de 2020
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
La Sala estimó que para que operara la indemnización derivada de responsabilidad patrimonial del Estado, debía quedar acreditada la existencia de un acto administrativo irregular imputable a las autoridades en el ejercicio de sus funciones y que con su realización u omisión se haya causado daño al particular sin tener la obligación de soportarlo, lo que en la especie no sucedió ya que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores llevó a cabo una serie de actos para evitar el daño que terceros podían sufrir, cumpliendo con sus obligaciones y actuando dentro de las atribuciones legales conferidas.

Sostuvo, que en la especie, el tipo de inactividad atribuido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se dio atento a la discrecionalidad en que la administración tiene que desarrollarse, que tiene que ver con una norma jurídica que le faculte para que, con cierta libertad y ante determinadas circunstancias de hecho, decida lo que es oportuno hacer o no hacer.

Por lo anterior, se concluyó que los daños patrimoniales alegados por la quejosa no provinieron de una actividad irregular del Estado, pues la Comisión actuó dentro de las funciones que tenía conferidas por el marco legal correspondiente.
Sentido del voto del Ministro
En principio, este recurso era improcedente, ya que el Tribunal Colegiado de Circuito no realizó la interpretación de un precepto constitucional o analizó la regularidad de alguna norma, además de que existen diversos criterios de esta Suprema de Corte de Justicia de la Nación referentes a la interpretación del artículo 113 (de idéntico contenido al artículo 109 ahora vigente).

Por otra parte, a pesar de la cantidad de irregularidades que detectó la Comisión desde el año dos mil once, no impuso sanción ni medida alguna a la entidad financiera, sino que se limitó a requerirle la remisión de documentación e información y a pedirle que se abstuviera de celebrar operaciones prohibidas.

Al no hacerlo así, la autoridad supervisora actuó de manera irregular, pues la ley constriñe a la Comisión a realizar determinadas acciones para la correcta vigilancia y supervisión de las sociedades financieras populares.

Finalmente, la imposición de sanciones no puede considerarse como una facultad discrecional de la autoridad, pues su ejercicio procede en los casos expresamente previstos en la normatividad, sin que quede a su arbitrio la decisión de cuando sí y cuando no imponer sanciones.

De tal manera, cuando la autoridad detecte cierto tipo de situaciones, operaciones y/o irregularidades que incidan en el objetivo en que se funda su existencia como institución, y cuenten con alguna potencialidad para afectarlo, está vinculada a tomar las medidas de prevención y corrección que resulten necesarias para resguardar los bienes jurídicos cuya tutela tiene a cargo, en cumplimiento al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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