Votos

Asunto
Amparo directo en revisión 7472/2019
Tema
Se analizó si la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado de Circuito respecto de los artículos 50, párrafo quinto y 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es acorde con la Constitución General.
Fecha de resolución
07 de Julio de 2021
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
En la sentencia se sostiene que la interpretación que llevó a cabo el órgano colegiado respecto de los artículos 50, párrafo quinto y 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es inconstitucional, pues genera un desequilibrio procesal al permitir al órgano jurisdiccional que supla los errores y omisiones de la parte demandada.

Por tanto, se determina revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la quejosa para el efecto de que la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deje insubsistente la sentencia pronunciada el 18 de abril de 2017 y dicte otra en la que declare la nulidad del acto; determine que está probado el derecho subjetivo de la actora; y, ordene la devolución solicitada.
Sentido del voto del Ministro
Motivos de disenso en relación con la procedencia del recurso de revisión

Considero que en la sentencia se dejó de lado el análisis necesario para la procedencia del recurso de revisión, toda vez que no se examinó si los artículos 50, párrafo quinto y 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo –impugnados en vía de agravios– realmente fueron aplicados originalmente en la sentencia del juicio de amparo que dio origen a este asunto.

Estimo que el artículo 50, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no fue aplicado por primera vez en la sentencia de amparo, pues su aplicación se realizó por el tribunal responsable en la secuela procesal del juicio de nulidad.

Por otra parte, no soslayo que el artículo 52, fracción V, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se aplicó por primera vez en la sentencia de amparo. Sin embargo, dicho precepto fue interpretado por el órgano colegiado como una unidad normativa junto con el artículo 50, penúltimo párrafo de dicha ley, el cual constituyó la base interpretativa por la que el órgano colegiado consideró que el tribunal responsable –como órgano de plena jurisdicción– actuó correctamente al constatar la existencia del derecho subjetivo de la quejosa y concluir que no fue acreditado, toda vez que con las pruebas ofrecidas en el juicio de nulidad no se demostró la ilegalidad de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor aplicados para el cálculo y pago del impuesto sobre la renta por la enajenación de acciones.

Bajo esa tesitura, si el artículo 50, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no fue aplicado por primera vez por el Tribunal Colegiado de Circuito en la sentencia aquí recurrida, sino por el tribunal responsable, entonces la quejosa estuvo en la aptitud de controvertir la constitucionalidad de dicho precepto en su demanda de amparo y al no haberlo hecho de esa manera –pues el planteamiento de constitucionalidad lo realizó en el escrito de recurso de revisión– opera la preclusión para examinar el planteamiento de constitucionalidad de las normas combatidas.

Por tanto, al no examinarse este aspecto en la sentencia aprobada por la mayoría, estimo que se soslayó el análisis de un aspecto que incide en la procedencia del presente recuso de revisión.

Motivos de disenso en relación con el estudio de fondo

Al margen de la improcedencia del recurso de revisión, no concuerdo con la revocación de la sentencia recurrida y la concesión del amparo, pues contrario a lo que se sostiene en la sentencia, estimo que el Tribunal Colegiado de Circuito interpretó correctamente los artículos 50, penúltimo párrafo, y 52, fracción V, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Primeramente, resulta importante señalar que de las constancias de autos se desprende que la resolución negativa ficta impugnada en el juicio de nulidad fue considerada indebidamente fundada y motivada. Ello, pues al contestar la demanda, la autoridad demandada pretendió justificar la resolución negativa ficta; sin embargo, el tribunal responsable determinó que dichos pronunciamientos fueron indebidos (fojas 71 a 72 y 92 a 97 de la sentencia reclamada).

Ahora bien, como lo señaló el órgano colegiado, ante la indebida fundamentación y motivación de la resolución negativa ficta y la pretensión principal de la demandante consistente en que se le devolviera el pago de lo indebido reclamado, resultaba lógico y jurídicamente posible que el tribunal responsable constatara la existencia del derecho subjetivo previamente a restituirlo, para lo cual examinó la legalidad de los índices Nacionales de Precios al Consumidor con base en las pruebas y argumentos formulados por la demandante.

Sobre esto último, cabe señalar que los índices referidos sí constituyeron materia de la litis a resolver en el juicio de nulidad, pues así fue determinado en el juicio de amparo directo 543/2012, de modo que sobre dicho aspecto existe cosa juzgada que no debió ser materia de análisis en la presente ejecutoria.

Bajo tales premisas, considero que no es obstáculo, para que se constatara el derecho subjetivo, el hecho de que el tribunal responsable concluyera que la prueba pericial contable y las documentales ofrecidas por la demandante fueran insuficientes para demostrar la ilegalidad de los índices señalados, ya que a la demandante le correspondía la carga probatoria de acreditar su pretensión y no lo hizo.

Además, cabe destacar que el tribunal examinó los planteamientos de derecho formulados en contra de los índices cuestionados, lo cual estudió pormenorizadamente y concluyó que fueron emitidos legalmente (fojas 100 a 350 de la sentencia reclamada).

Tampoco comparto las aseveraciones de que el juicio de nulidad se haya regido por el principio de litis cerrada, pues estimo que en este caso operó el principio de litis abierta conforme a la jurisprudencia 2a./J. 87/2009, de rubro: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA, EN LA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, CON BASE EN EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA, PUEDEN INTRODUCIRSE ARGUMENTOS NOVEDOSOS PARA CUESTIONAR LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O RECURSO DEL CUAL DERIVE LA RESOLUCIÓN DE MÉRITO, SIN QUE LA OMISIÓN DE IMPUGNAR AQUÉLLAS EN LA DEMANDA HAGA PRECLUIR SU DERECHO PARA HACERLO.”.

Por las razones expuestas, respetuosamente considero que, contrario a lo sostenido por la mayoría, la interpretación que realizó el órgano colegiado respecto de los artículos antes mencionados en modo alguno implica que se vulneren los derechos de audiencia, debido proceso, legalidad y acceso a la justicia, ya que conforme a las particularidades del caso, el tribunal responsable actuó valídateme como órgano de plena jurisdicción, sin que ello signifique que se haya sustituido en la autoridad fiscal, que haya mejorado los motivos y fundamentos de la resolución negativa ficta o que haya examinado cuestiones ajenas a la litis.
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