Votos

Asunto
Amparo Directo en Revisión 8139/2019
Tema
Determinar la procedencia del recurso de revisión.
Fecha de resolución
07 de Octubre de 2020
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
Esta Segunda Sala sostiene que el primer requisito de procedencia se cumple al existir una cuestión de constitucionalidad, puesto que en la demanda de amparo se planteó la inconstitucionalidad del artículo 53, fracciones II y III, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, lo cual fue abordado por el Tribunal Colegiado y ello se controvierte vía agravios; además, se establece que podría fijarse un criterio de importancia y trascendencia, porque implicaría que esta Sala se pronuncie sobre la constitucionalidad de dicho precepto legal, respecto del cual no existe precedente.

Sin embargo, se determina que existe un impedimento técnico para analizar tal cuestión, debido a la inoperancia de los agravios propuestos por el recurrente, pues se limita a repetir sus conceptos de violación, omitiendo expresar argumentos precisos en contra de las consideraciones que llevaron al Tribunal Colegiado a determinar la constitucionalidad del artículo 53, fracciones II y III, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, al no transgredir los principios de taxatividad, tipicidad, exacta aplicación de la ley y seguridad jurídica.

Por lo que de un simple ejercicio de confrontación entre las consideraciones que llevaron al Tribunal Colegiado del conocimiento a fallar en el sentido en que lo hizo y los argumentos enderezados en su contra, la mayoría de la Sala considera que el inconforme no logra controvertir aquellas cuestiones por las cuales se determinó la constitucionalidad del artículo impugnado; señalando, además, que de la sentencia de nulidad de origen se obtiene que al ahora recurrente se le sancionó y aplicó sólo la primera parte de la fracción III del artículo 53 controvertido, es decir, la que remite a la sanción del diverso numeral 54.
Sentido del voto del Ministro
Respetuosamente, no comparto el sentido del proyecto, al considerar que los agravios formulados por el recurrente no devienen inoperantes, en virtud de que sí confrontan las consideraciones expuestas por el Tribunal Colegiado en cuanto a lo infundado de sus conceptos de violación, por lo que el segundo requisito de procedencia relativo a que el asunto reúne las características de importancia y trascendencia, sí se actualiza.

En principio, del análisis de los agravios vertidos por el recurrente, se advierte que en ellos señala lo que planteó en sus conceptos de violación; luego, lo que el Tribunal Colegiado resolvió al respecto y, finalmente, en su recurso de revisión hace valer por qué los razonamientos que vertió el órgano colegiado son ilegales, reiterando la inconstitucionalidad del precepto reclamado al transgredir los principios de taxatividad, exacta aplicación de la ley y el derecho a la seguridad jurídica, ya que no es claro respecto a la sanción que debe aplicarse al gobernado por no presentar a tiempo los avisos a que se refiere el artículo 17, dejándolo en incertidumbre jurídica, así como que tampoco la norma hace referencia al tipo de conducta a encuadrar.

Asimismo, indica por qué la remisión a diversos artículos resulta contradictorio porque no se tiene certeza de si la sanción aplicable es la prevista en el numeral 54 o la del artículo 53 de la ley, y en cuanto a la remisión a otros artículos para la aplicación de la sanción, dice que el segundo de los preceptos no establece una sanción sino un indulto, lo que se traduce en una transgresión al principio de taxatividad.

De igual forma, en cuanto a la vulneración al principio de tipicidad, sostiene que el Tribunal Colegiado estudió indebidamente la argumentación formulada respecto a la inconstitucionalidad del artículo 53, fracción II, de la ley reclamada, porque dicho precepto no prevé ninguna hipótesis de conducta infractora, sino únicamente se limita a remitirlo a un numeral diverso, por lo que no se puede considerar que una conducta pueda ser adecuada a la fracción en cita, ya que ésta no señala ninguna conducta y el A quo consideró indebidamente que con la cita de dicho enunciado se debe entender que la norma en cuestión goza de claridad y univocidad, situación que considera errónea, pues en el artículo en comento no se hace ningún señalamiento de alguna conducta infractora, por lo que no es dable concluir que el mismo es claro.

En ese sentido, estimo que no se actualiza impedimento técnico alguno, al existir causa de pedir del recurrente contra lo concluido en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado del conocimiento y tal como se señaló en el recurso de reclamación 40/2020, fallado por esta Segunda Sala-, si bien existen criterios sobre el principio de legalidad en materia de sanciones administrativas y sobre la posibilidad de que el legislador prevea remisiones entre diversas disposiciones legales, lo cierto es que no existe pronunciamiento por parte de esta Suprema Corte sobre la validez de un sistema de sanciones administrativas en el que existe una remisión errónea y derivado de ello, la infracción de entidad mayor a la impuesta al quejoso carece de sanción; más aún si se toma en cuenta que es un sistema de infracciones y sanciones que refuerza el cumplimiento de las obligaciones de los notarios públicos respecto a los avisos que deben presentar a la autoridad administrativa, en relación con las operaciones materia de dicha ley, de aplicación nacional.
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