Votos

Asunto
Amparo en Revisión 1131/2017
Tema
Determinar si la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del estado, puede ser sujeta al procedimiento previsto en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Fecha de resolución
30 de Mayo de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
La Segunda Sala de la SCJN estimó que la Comisión Federal de Electricidad no realiza funciones materialmente administrativas sino mercantiles, por lo que no es posible exigirle una reparación en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Al respecto, la Sala consideró que la transformación de CFE en empresa productiva del Estado únicamente pretendió otorgarle un nuevo marco jurídico con mayor flexibilidad operativa, que se acercara y le permitiera competir con las empresas privadas, pero no excluirla totalmente del régimen de derecho público, por lo que se consideró que al tratarse de una entidad perteneciente a la Administración Pública Federal, CFE sí es un ente público para efectos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

Sin embargo, se concluyó que dado que no está regulado ni en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad ni en la de la Industria Eléctrica la vía para exigir el pago indemnizatorio a dicha empresa productiva, y en virtud de que los principios y objetivos constitucionales que orientan el actuar de CFE conforme a su nueva naturaleza, la reclamación que en caso se solicite, no debe considerarse como una actividad administrativa sino mercantil, pues es precisamente la normativa civil y mercantil la que resulta supletoria para ser acorde con el mandato y las funciones que desde la Constitución se le encomiendan a CFE.

Bajo esos razonamientos, se determinó que aunque la Comisión Federal de Electricidad sea un ente público, no le es aplicable la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Sentido del voto del Ministro
Si bien está de acuerdo con el análisis que lleva a cabo la sentencia respecto a la naturaleza de CFE, en su nuevo régimen, relativo a que aquélla sí es sujeta al régimen de responsabilidad patrimonial del Estado, cierto es también que, disiente del análisis de la naturaleza de sus actos.

La ejecutoria refiere que la Comisión Federal de Electricidad no realiza funciones materialmente administrativas sino mercantiles, por lo que no es posible exigirle una reparación en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

En ese sentido, disiente de la decisión mayoritaria, ya que, en su opinión, dichas actividades sí son “administrativas”, dado que CFE las realiza por cuenta y orden del Estado y, si bien el constituyente permanente ordenó su modificación a una figura o categoría de organismo público con un régimen comercial, ello no deja de lado que siga siendo una empresa productiva del Estado, puesto que dicho régimen especial busca otorgarle flexibilidad para cumplir un objetivo constitucional, pero ofrece un servicio público que es exclusivo del Estado, es decir, su función primordial es la transmisión y distribución de energía eléctrica y servicios públicos cuya prestación se reservó en exclusiva al Estado.

En efecto, considera que se debe de analizar la esencia de los actos y las funciones que realiza CFE, debido a que aquélla brinda un servicio público, el cual al ser una obligación del Estado y brindarse por órdenes de aquel, no puede entenderse como meramente mercantil, puesto que, es un servicio público que es obligación del Estado prestarlo, por lo que, le parece incompatible con lo anterior, decir que no puede responder por la vía patrimonial, ya que como lo dice la propia sentencia, por su naturaleza CFE es parte del Gobierno Federal.

Por tanto, respetuosamente, está en contra de la parte en que se establece que la Comisión Federal de Electricidad no puede ser susceptible de responsabilidad patrimonial del Estado, pues sus actos son meramente mercantiles; máxime que en el caso, se menciona que el trabajador fallecido no actuó negligentemente, sino que su muerte se produjo porque los cables o líneas de conducción de energía estaban instaladas de manera irregular, pues no cumplían con las normas oficiales que regulan las instalaciones eléctricas de 13,200 voltios de capacidad, lo que a su parecer, evidencia que por las particularidades de este caso sí existe responsabilidad patrimonial del Estado.

En consecuencia, por las razones apuntadas, manifiesta su disidencia respecto a las consideraciones que sustentan la ejecutoria recaída al recurso de revisión.
Se abrirá en otra página