Votos

Asunto
Amparo en Revisión 1145/2016
Tema
Determinar si de los artículos 37, fracción III, de la constitución local, así como de los numerales 87, 83, 94 y 95 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos del Estado de Baja California, se desprende que el Auditor Superior de Fiscalización únicamente puede ser removido de su cargo por las causas graves de responsabilidad administrativa que la ley señale y, además, debe ser precedido de un procedimiento.
Fecha de resolución
29 de Noviembre de 2017
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
La Segunda Sala de la SCJN concluyó que de los aludidos numerales es dable establecer que la Contraloría Interna del congreso local puede incoar los procedimientos de investigación y de responsabilidades contra el Auditor de Fiscalización Superior, teniendo el deber de reportar los resultados a la Comisión de Fiscalización para que ésta, en su caso, proponga su remoción al pleno del congresos estatal.

Se afirmó que tratándose de la remoción por motivos de responsabilidad debe atenderse a lo previsto en la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, que estipula las etapas procedimentales a seguir para decretar la responsabilidad de un servidor público y, en su caso, la imposición de sanciones; en el entendido que la remoción es una decisión exclusiva del congreso local.

Que en el artículo 94 de la Ley de Fiscalización aludida, se establecen las causas graves de responsabilidad administrativa que provocan la remoción del Auditor de Fiscalización Superior, mientras que en el numeral 95 de dicho ordenamiento jurídico se estipula que debe otorgarse el derecho de audiencia al imputado.

Por tanto, se indicó que ni en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos o en la de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos, todos de la referida entidad federativa, no se advierte un procedimiento por virtud del cual se puede alcanzar la decisión de remover del cargo al Auditor de Fiscalización Superior en los casos de causas graves a que se refiere el artículo 94 mencionado.

Sin embargo, se señaló que del material probatorio se advertía que no se desarrolló un procedimiento de esa naturaleza, es decir, no se respetó el derecho de audiencia previa; lo anterior, sobre la base que no se desahogó un procedimiento relativo a la remoción por causa grave prevista en el artículo 94 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.

Que únicamente se le convocó para que conociera el pliego de observaciones que elaboró la Contraloría Interna del congreso local sobre la cuenta pública de 2010 de Órgano de Fiscalización Superior y, además, el procedimiento que en su momento de desarrolló únicamente fue con motivo de la posible responsabilidad administrativa en que incurrió el quejoso, perno sobre la remoción de su cargo.

Aunado a que, no se formuló razonamiento a través del que se justificara el nexo causal entra la conducta atribuida al quejoso y la causa grave que provoca la remoción.

En consecuencia, dadas las violaciones explicitadas, se concedió la protección constitucional, para el efecto de que se condene a la autoridad responsable al pago de los salarios que el quejoso dejó de percibir durante la fecha de su remoción a la data en que debió finalizar su encargo, en la inteligencia que dicha decisión se sujeta al hecho de que el plazo en que el cargo que ostentaba era durante el periodo de 28 de enero de 2010 y 27 de enero de 2017, por lo que a la fecha en que se resuelve el presente asunto, ya no es posible reinstalarlo.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparte la concesión del amparo, en tanto que efectivamente se violó el derecho de audiencia del quejoso, lo es también que disiente de los efectos a que se circunscribió la protección constitucional, en virtud de que, en su opinión, lo procedente era conceder el amparo para el único efecto de que se dejara insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, la Comisión de Fiscalización, como autoridad competente, sustanciara debidamente el procedimiento de remoción y se le permitiera a Arturo González Luna desplegar su derecho de defensa a fin de desvirtuar las conductas infractoras que se le atribuían.

Una vez sustanciado el procedimiento de mérito, hubieran podido actualizarse alguna de las siguientes hipótesis, a saber:

a) Si el Comité hubiera estimado tener por acreditada la causa grave, debía someter al Pleno del Congreso la remoción del servidor público, a fin de que fuere éste, con votación de dos terceras partes de los diputados presentes, el que tomara la decisión final de remoción. Si hubiera sido el caso de configuración de esta hipótesis, no se hubiese tenido causa justificada de pagar ninguna prestación, en tanto que la separación hubiera sido legítima.

b) Por el contrario, si sustanciado el procedimiento, el servidor público hubiera logrado desvirtuar los actos infractores que le atribuyen, el Congreso, ante la imposibilidad de reincorporación al servicio de Arturo González Luna, por haber concluido el periodo para el que fue elegido, hubiese tenido que pagar los salarios que dejó de percibir desde su remoción hasta la fecha en que fenecía su nombramiento (veinte de enero de dos mil diez al veinte de enero de dos mil diecisiete), más las prestaciones correspondientes que por presupuestación correspondía a ese cargo.

En consecuencia, por las razones apuntadas, manifiesta su disidencia respecto a los efectos atribuidos a la concesión constitucional.
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