Votos

Asunto
Amparo en Revisión 1235/2017
Tema
Dilucidar si es temática la jurisprudencia P./J. 2/2016 de rubro: “DERECHOS. LA SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS, TRANSMISORES DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.”; al tratarse de otro derecho que contempla los mismos supuestos y razones, consistente en el derecho que se cobra por supervisión de los centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es decir, la misma figura jurídica cuestionada en el juicio de amparo y cuyo análisis de constitucionalidad se plasma en la jurisprudencia antes indicada.
Fecha de resolución
04 de Abril de 2018
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia dictada por la Segunda Sala, los Ministros que la integramos determinamos revocar el sobreseimiento de la sentencia recurrida y devolver los autos al tribunal colegiado del conocimiento, en atención a los siguientes razonamientos.

En la sentencia, en primer lugar, se examinó de nueva cuenta el sobreseimiento decretado por el juez de distrito respecto del acto que reclamó la parte quejosa consistente en la aceptación y cobro de la cantidad pagada por concepto de inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño a la Procuraduría Federal del Consumidor, declarando fundados los agravios expuestos por la quejosa al respecto, vinculados con el hecho de que sí se estimaba que había un acto de autoridad atribuible de forma directa a la Procuraduría en mención, pues desde la presentación de su demanda de amparo se exhibió una constancia con la cual se acreditó que la PROFECO emitió un documento a su nombre, en donde le “determinó” el precio del servicio de inscripción solicitado, el monto del IVA y la cantidad total a pagar, así como la constancia del depósito correspondiente por el cual acreditó cubrir el monto correspondiente que se le “determinó”. Siendo que como consecuencia de ello se concluyó pertinente por los integrantes de la Sala levantar el sobreseimiento decretado.

En segundo lugar, en cuanto a la materia de análisis competencia de esta Segunda Sala, se determinó que la jurisprudencia de mérito no tenía el carácter de temática, habida cuenta que es una jurisprudencia especializada que se constriñe a verificar un precepto legal determinado vigente en cierta época, especificando su alcance y sentido conforme a un estudio de confrontación con la norma fundamental.

Lo aseverado fue así, en la medida en que de la lectura del criterio citado se observó que no se refería a las normas que fueron autoaplicadas en el acto reclamado, a saber, los artículos 7, fracción V, y Cuarto Transitorio del Acuerdo por el que se establecían las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del Registro Público de Casas de Empeños y tampoco era de carácter temático, sino específico, porque partía del análisis de los artículos 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito en relación con el 29-E, fracción VII, de la Ley Federal de Derechos, que regulan el pago de derechos por la supervisión de centros cambiarios, transmisores de dinero o sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, otorgadas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por otro lado, se reservó competencia al Tribunal Colegiado del conocimiento a fin de que, considerando lo resuelto que no es temática la jurisprudencia P.J. 2/2016 (10a.) de rubro: “DERECHOS. LA SUPREVISIÓN DE LOS CENTROS CAMBIARIOS TRANSMISORES DE DINERO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADA (SOFOM E.N.R.) POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, NO CONSTITUYE UN SERVICIO SUSCEPTIBLE DE GENERAR EL COBRO DE LA CUOTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 29-E, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA.”, resolviera los demás argumentos contenidos en los escritos de revisión principal y adhesiva, al tratarse de aspectos de su competencia.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparto la determinación en cuanto a que no tiene el carácter de temática la jurisprudencia P./J. 2/2016, hago notar que difiero de la conclusión alcanzada por la mayoría en relación con el hecho de levantar el sobreseimiento decretado por el juez de distrito.

En lo particular, no comparto lo propuesto en el considerando Tercero, en donde se levanta el sobreseimiento decretado por el juez de distrito al estimar que se debía de tener como cierto el acto atribuido a la PROFECO consistente en la aceptación y cobro de la cantidad pagada por el quejoso por concepto de la inscripción en el Registro Público de Casas de Empeño.

Ello es así, porque la constancia que la peticionaria anexó consistente en una “solicitud de servicio” no es emitida motu proprio por la PROFECO, sino que solo consiste en una petición para que se continúe con la solicitud de inscripción de casas de empeño derivado de una serie de actos que ella misma efectuó y dicho documento solo es “generado” por la PROFECO como consecuencia de la actualización del supuesto normativo a cargo del particular, más no porque la autoridad le hubiese efectuado un requerimiento al respecto, debido a que el mismo particular se ubica en el supuesto al hacer el pago. Aunado al hecho de que la autoridad referida no determinó o calculó tal cantidad, ya que es una cantidad fija para el pago de ese derecho.

Por tanto, si bien existe un acto de aplicación respecto de la norma reclamada, dicho acto no es imputable a autoridad alguna, como la Procuraduría Federal del Consumidor, dado que el pago del derecho aludido se condiciona a la actualización del supuesto normativo a cargo del particular y no por imperativo legal ineludible e inmediato, ello en atención a la naturaleza de los supuestos que en el caso son autodeterminables y autoliquidables.

Consecuentemente, en mi opinión lo correcto hubiere sido confirmar el actuar del juez al convalidar el sobreseimiento, sin que ello implique que deje de existir un acto de aplicación de la norma impugnada.

Lo anterior se robustece con los siguientes criterios de esta Suprema Corte:

• P. XXXVIII/96 de rubro “VIDEOGRAMAS, DERECHOS PARA LA AUTORIZACION DE LA REPRODUCCION DE. EL ARTICULO 19 "E", FRACCION VI, DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ES HETEROAPLICATIVO.”

• 2a./J. 37/96 de rubro: “DERECHOS POR EXPEDICION Y REVALIDACION DE LICENCIAS. LOS ARTICULOS 210, 211 Y 212-A DEL CODIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL QUE LOS ESTABLECEN, SON HETEROAPLICATIVOS.”

• 2a./J. 80/2002 de rubro: “CONTRIBUCIONES PAGADAS INDEBIDAMENTE. PARA QUE PROCEDA SU DEVOLUCIÓN, LA RESOLUCIÓN FAVORABLE AL PARTICULAR DEBE DECIDIR SOBRE LA EXISTENCIA Y LEGALIDAD DEL CRÉDITO FISCAL AUTODETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 22 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN).”

Por las razones apuntadas me aparto del criterio sostenido, por la mayoría, en cuanto al levantamiento del sobreseimiento del asunto en el presente supuesto.

Al marco de dicha explicación se procede a referir (en la foja 59) a que se refiere el procedimiento administrativo sancionador y se concluye que no le asiste la razón a la parte quejosa en relación con la vulneración al principio de presunción de inocencia al aducir que se activa la imposición de una sanción (aseverando categóricamente que se aplica el derecho administrativo sancionador y el principio de presunción de inocencia).

Al tenor de lo expuesto, no comparto las aseveraciones y determinaciones categóricas esgrimidas al efecto pues estimo que en el presente caso no se deben conservar los razonamientos que determinan que sí aplica el derecho administrativo sancionador, el principio de presunción de inocencia, al igual que los principios penales a normas y conductas como la que se estudia en el presente caso, siendo que la naturaleza de tales conductas no podrían valorarse de esa manera, tal como ha sido criterio de esta Segunda Sala.

Lo aseverado es así, si se toma en cuenta que al fallar el Amparo Directo en Revisión 4679/2015 se estableció que el derecho administrativo sancionador era aplicable, de conformidad con su naturaleza, cuando se imponía una pena o se estaba en presencia de un procedimiento administrativo sancionador, de igual forma se concluyó que tampoco resultaba aplicable el principio de presunción de inocencia a las infracciones administrativas, por tanto, la facultad que ahora se reclama vinculada con la actualización de una infracción consistente en una amonestación como consecuencia de la conducta del quejoso, no estimo que tenga relación con un procedimiento administrativo sancionador o que su conducta sea atribuible a la actividad irregular del Estado, es por ello que al conservarse las consideraciones, que ahora se refieren en el presente asunto, se compromete el criterio de aplicación del derecho administrativo sancionador, por lo que estimo que tenían que eliminarse y, por tanto, se debieron analizar los argumentos bajo los principios de legalidad y seguridad jurídica (tal como se hizo en el precedente al resolver la inaplicación del principio de presunción de inocencia).

En consecuencia, por las razones apuntadas, me aparto del criterio sostenido por la mayoría en cuanto a la aplicación del derecho administrativo sancionador y principio de presunción de inocencia al presente supuesto.
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