Votos

Asunto
Amparo en Revisión 157/2020
Tema
Se analizó la constitucionalidad de los artículos 297 y 298 del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil diecinueve.
Fecha de resolución
09 de Septiembre de 2020
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
En la sentencia dictada se confirmó la sentencia recurrida, se negó el amparo a la parte quejosa y se dejó sin materia la revisión adhesiva.

Para llegar a tal determinación, se estimó que eran infundados los agravios formulados por el recurrente, dado que la Auditoría Superior de la Federación sí tiene facultades para fiscalizar o auditar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), a fin de comprobar el cumplimiento de los programas federales y el debido ejercicio de su patrimonio, por tener constitucional y legalmente una función social específica orientada en el ejercicio de los derechos a la seguridad social y vivienda.
Sentido del voto del Ministro
Respetuosamente, disiento de la decisión mayoritaria, pues en mi opinión la Auditoría Superior de la Federación no cuenta con facultades para fiscalizar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo siguiente.

a) De acuerdo con el artículo 123, apartado A, fracción XII, constitucional, el INFONAVIT fue creado como un órgano tripartita, cuya única función es administrar los recursos depositados por los patrones a favor de los trabajadores, para constituir un fondo de financiamiento de vivienda.

b) Los recursos del fondo de vivienda son privados, en tanto que son propiedad de los trabajadores; todo pago derivado de ese fondo se realiza con recursos de origen y destino privado.

c) Los recursos del fondo nacional de vivienda para los trabajadores no se integran ni a los ingresos federales ni al Presupuesto de Egresos de la Federación.

d) Conforme al análisis del artículo 79 constitucional, se advierte que las facultades de revisión de la Auditoría Superior de la Federación se encuentran vinculadas con el ejercicio de recursos públicos.

e) Es cierto que mediante las reformas de 2008 y 2015, se han ampliado las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, pero esa expansión ha estado vinculada a la función de revisar, como órgano auxiliar de la Cámara de Diputados, el ejercicio de recursos públicos.

f) Las auditorías de gestión financiera y de desempeño previstas y definidas tanto en la ley que rige a la Auditoría Superior de la Federación, y que también se explican en su Sitio oficial de Internet, tienen como fundamento el artículo 79, fracción I, de la Constitución Federal.

g) Ambos tipos de auditoría se refieren a la verificación de la captación y ejercicio de recursos públicos. A pesar de que la fracción I del artículo 79 constitucional, le otorga facultades a la Auditoría Superior de la Federación para realizar auditorías de desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, estos no pueden desvincularse del ejercicio presupuestal.

h) Es cierto que las facultades de la Auditoría Superior de la Federación alcanzan a personas privadas, pero siempre se refiere a la fiscalización de recursos públicos.

Tomando en cuenta estas conclusiones, se puede sostener que la Auditoría Superior de la Federación carece de facultades para auditar la administración del fondo de vivienda a cargo del INFONAVIT.

Por otra parte, es necesario destacar que mi disenso no sólo radica en que la Auditoría Superior de la Federación carece de facultades para auditar la administración del fondo de vivienda por el, sino también en que al otorgarle dichas facultades podría traslapar o contraponerse con las que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público -por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- y el propio régimen interno del Instituto. Pues, es a dichos órganos a quienes les compete revisar los manejos del INFONAVIT

Finalmente, debe subrayarse que en ningún momento se acreditó que hubiera recursos presupuestales involucrados. Por tanto, no se podían actualizar los supuestos constitucionales y legales que establecen la competencia de la Auditoría Superior de la Federación.

Por tales motivos, considero que se debió revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo al Instituto quejoso, sobre la premisa esencial de que la Auditoría Superior de la Federación no cuenta con facultades para fiscalizar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como si se tratara de un organismo descentralizado.
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