Votos

Asunto
Amparo en Revisión 318/2020
Tema
Determinar si el artículo 18 de la Ley Agraria vulnera el artículo 1° constitucional al no regular la posibilidad de que los posesionarios de derechos agrarios transmitan sus derechos cuando no designen sucesores.
Fecha de resolución
07 de Octubre de 2020
Tipo de voto
Voto Particular
Sentido de la resolución
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión ordinaria celebrada el siete de octubre de dos mil veinte, resolvió el amparo en revisión 318/2020 en el sentido de negar el amparo promovido en contra del artículo 18 de la Ley Agraria, el cual se había impugnado por considerarlo violatorio del principio de igualdad consagrado en el artículo 1º Constitucional al excluir a los posesionarios regulares del derecho a suceder derechos agrarios.

En la sentencia, la Ministra y Ministros integrantes de la mayoría consideraron que de los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria y 22, fracción VIII, 77, 78, 79, 80, 85 y 86 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se advierte que los posesionarios regulares tienen derechos agrarios que incluso pueden ser reconocidos en un certificado expedido por la autoridad competente.

En ese contexto, estimaron que el artículo 18 de la Ley Agraria debía leerse en el sentido de que ejidatarios, comuneros, y posesionarios “regulares” pueden transmitir sus derechos agrarios.

Aunado a lo anterior, se hizo la precisión de que el criterio sostenido no era contrario a lo resuelto por esta Segunda Sala en la contradicción de tesis 159/2005-SS de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 159/2005 de rubro: “SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. SÓLO COMPRENDE LOS DERECHOS AGRARIOS DE LOS EJIDATARIOS Y NO LA POSESIÓN QUE EJERCEN QUIENES NO TIENEN ESE CARÁCTER”, pues ese criterio se sostuvo respecto de los posesionarios irregulares, más no de los regulares.

En virtud de la interpretación del artículo 18 de la Ley Agraria a la que arribaron los Ministros, concluyeron que este no vulneraba el artículo primero constitucional.

Finalmente, se reservó jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento para que emprendiera el examen correspondiente en su ámbito de competencia legal.
Sentido del voto del Ministro
Respetuosamente considero que, contrario a lo sostenido por la mayoría, el criterio establecido en el sentido de que los posesionarios regulares pueden heredar sus derechos agrarios, sí es contrario a lo que esta Segunda Sala había resuelto al resolver la contradicción de tesis 159/2005-SS, fallada el veinticinco de noviembre de dos mil cinco.

Ello lo estimo así, ya que en dicho precedente se determinó que los únicos sujetos que pueden transmitir por sucesión agraria sus derechos, son los ejidatarios y comuneros, no así los posesionarios (en general), sin que se precisara que dicho criterio fuera aplicable solamente a los posesionarios iregulares y no a los regulares.

Previo a abordar de manera más precisa lo resuelto en la contradicción de tesis 159/2005-SS, considero necesario recordar que esta misma Sala ha considerado que los posesionarios regulares (en materia agraria) son aquellos poseedores que han sido reconocidos como tales por la asamblea de ejidatarios o comuneros, mientras que los posesionarios irregulares son aquellos que no han sido reconocidos por la asamblea.

Esto es, la calidad de posesionario regular o irregular deriva del reconocimiento que ha otorgado o no la asamblea de ejidatarios o comuneros en favor de ciertos sujetos.

Esto se advierte de las consideraciones de esta Segunda Sala al resolver la contradicción de tesis 133/98 , resuelta el veintiocho de abril del año dos mil, por unanimidad de cinco votos, así como el amparo directo en revisión 5856/2017, fallado el veintidós de agosto de dos mil dieciocho, también por unanimidad de cinco votos.

Precisado lo anterior, podemos pasar a analizar la contradicción de tesis a que hice referencia en un inicio (159/2005-SS).

En el considerando quinto de ese asunto, la Sala precisó:

“Ahora bien, al tenor de dichos supuestos debe estimarse que existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos a que antes se hace referencia, examinaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales, esto es, la transmisión por herencia de derechos de posesión, usufructo y goce de una parcela ejidal, sin que el autor de la sucesión contara con la titularidad de ese derecho; cuestión que fue objeto de análisis conforme a la legislación agraria en vigor, a fin de determinar si tales derechos posesorios son susceptibles o no de transmitirse por herencia, a cuyo respecto adoptaron criterios discrepantes con motivo de diversas interpretaciones jurídicas de los mismos elementos de conocimiento, al establecer, uno de ellos, que con independencia de que son materia de sucesión agraria los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas formalmente tituladas, tratándose de tierras asignadas mediante el parcelamiento económico o de hecho, también es posible jurídicamente trasmitir los derechos posesorios que derivan de esa asignación, aun cuando el autor de la sucesión carezca de la titularidad de ese derecho y solamente cuente con un poder de hecho, pues de otra manera se privaría al presunto heredero de la posibilidad de adquirir un derecho que es legal y que constituye uno de los pasos a seguir para la regularización de la tenencia de la tierra, de ahí que no exista razón para desconocer o prohibir su transmisión por herencia; mientras que el otro órgano jurisdiccional adoptó una posición contraria, al determinar, que exclusivamente podían ser materia de sucesión los derechos agrarios legalmente reconocidos, es decir, los que pertenecen a quienes son titulares de derechos ejidales”. [Las negritas y el subrayado son propios del original].

En ese sentido, el punto de contradicción consistió en “determinar si en materia agraria son susceptibles de transmitirse por herencia, exclusivamente, los derechos agrarios que pertenecen a los ejidatarios que son titulares de los mismos, o si también pueden ser materia de la sucesión, los derechos posesorios sobre tierras asignadas a quienes no tienen esa calidad, mediante un parcelamiento económico o de hecho”.

De lo anterior se advierte que desde el punto de contradicción se confrontó, por un lado, a los derechos agrarios que pertenecen a los ejidatarios, y por otro, a los derechos posesorios sobre tierras “asignadas” a personas distintas a los ejidatarios, esto es, a posesionarios reconocidos expresamente por la asamblea, pues solo esta puede “asignar” tierras.

Sin que sea óbice que la contradicción haya versado sobre tierras no parceladas formalmente (parcelamiento económico o de hecho), ya que la calidad de las tierras no incide en la calidad de los posesionarios.

En el considerando sexto de la referida contradicción de tesis se afirmó que “La sucesión en materia agraria se instituyó solamente a favor de los ejidatarios y comuneros”, y que:

“solamente los derechos agrarios que el ejidatario transmite por sucesión están regidos por la ley de la materia, por cuya razón, los derechos distintos de los agrarios que adquiera un ejidatario, dentro o fuera del ejido, son transmisibles por herencia conforme a las reglas del derecho común, supuesto en el que se encuentran, entre otros, los relativos a las parcelas sobre las que, por autorización de la asamblea, los ejidatarios adquieren el dominio pleno en términos de lo dispuesto en la fracción IX del artículo 23 de la Ley Agraria, así como cualesquiera otros bienes o derechos regidos por el derecho común.
Establecido lo anterior y en relación con la materia de la presente contradicción de tesis, cabe señalar que los derechos posesorios sobre tierras asignadas a quienes no tienen la calidad de ejidatarios, mediante un parcelamiento económico o de hecho, legalmente, no son susceptibles de transmitirse por herencia en términos de las disposiciones de la ley de la materia que regulan dicha institución.
En efecto, los avecindados son aspirantes a ejidatarios que pueden obtener, por acuerdo de la asamblea general de ejidatarios, la asignación de una parcela, pero esta asignación, por sí misma, no les confiere la calidad de ejidatarios ni, por ende, los derechos agrarios de que éstos son titulares, ya que para ello la propia Ley Agraria regula los requisitos que deben reunir para que la asamblea los acepte con la calidad de ejidatarios […]”.

Lo anteriormente transcrito, y en especial el último párrafo, corroboran que durante el estudio de la contradicción de tesis en mención se ponderó si los posesionarios regulares (mencionados como avecindados reconocidos como posesionarios por la asamblea) podían heredar derechos posesorios respecto de tierras parceladas económicamente o de hecho, y se concluyó que no podían hacerlo.

En este contexto, dentro del mismo considerando sexto se indicó:

“Luego, si un avecindado que no ha obtenido la calidad de ejidatario, es poseedor de una fracción de terreno dentro del ejido, es claro que los derechos derivados de esa posesión no están comprendidos dentro de la sucesión en materia agraria, siendo similar la situación de quien es reconocido por la asamblea como posesionario de tierras ejidales”.

Lo que evidencia todavía más las referencias a poseedores tanto irregulares (no reconocidos por la asamblea) como regulares (reconocidos por la asamblea).

Finalmente, en la referida contradicción de tesis se concluyó:

“En esas condiciones, es dable concluir que los derechos derivados de la posesión de tierras ejidales por quienes carecen de la calidad de ejidatarios, no están comprendidos dentro de la sucesión en materia agraria y, por ende, no son susceptibles de transmitirse conforme a las normas que regulan esa institución, misma que solamente rige para los ejidatarios, a quienes el legislador ordinario otorgó la facultad de designar al heredero que debe sucederle en sus derechos agrarios (sucesión testamentaria), o bien, conforme al orden de preferencia en que los mismos se transmitirán en caso de que no realice la designación de sucesores (sucesión legítima), en la inteligencia de que los derechos agrarios que asisten a los ejidatarios, no sólo comprenden el derecho de uso y disfrute sobre sus parcelas, sino también los que el reglamento interno del ejido les otorgue sobre las demás tierras ejidales y los que legalmente les correspondan en su calidad de ejidatario”.

De donde podemos confirmar una vez más que en esa contradicción se concluyó que sólo los ejidatarios y comuneros pueden heredar derechos agrarios, mientras que los posesionarios (en general) no podían hacerlo, pues los derechos de posesión de tierras ejidales por quienes carecen de la calidad de ejidatarios no están comprendidos dentro de la sucesión en materia agraria.

Dichas consideraciones se vieron reflejadas en la jurisprudencia 2a./J. 159/2005 de rubro: “SUCESIÓN EN MATERIA AGRARIA. SÓLO COMPRENDE LOS DERECHOS AGRARIOS DE LOS EJIDATARIOS Y NO LA POSESIÓN QUE EJERCEN QUIENES NO TIENEN ESE CARÁCTER”.

Luego, como en el amparo en revisión 318/2020 materia del presente voto, la Ministra y los Ministros que integraron la mayoría consideraron que de conformidad con el artículo 18 de la Ley Agraria los ejidatarios, comuneros, y los posesionarios “regulares” podían transmitir derechos agrarios, y que ese criterio no era contrario a lo resuelto en la contradicción de tesis 159/2005-SS porque en esta únicamente se hizo referencia a los posesionarios irregulares, mas no a los regulares; es que respetuosamente formulo el presente voto en contra de lo así resuelto por la mayoría.
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