Votos

Asunto
Amparo en Revisión 565/2018
Tema
Se analizó entre otras cosas la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Fecha de resolución
05 de Diciembre de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
La mayoría de los miembros de la Segunda Sala consideraron infundados los agravios de la recurrente –Instituto Nacional de Antropología e Historia– mediante los cuales adujo la inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por transgredir los principios de legalidad, seguridad jurídica, equidad procesal y justicia pronta y expedita, pues, a consideración de la recurrente, resultaba excesivo que dicho precepto impusiera a las dependencias y entidades, en su carácter de patrón equiparado, la obligación de cubrir las cuotas de seguridad social que corren a cargo del sueldo de los trabajadores, aun cuando éste les fue entregado de manera íntegra.

En efecto, el criterio de la mayoría consideró que el artículo reclamado prevé la obligación de las dependencias o entidades de retener, al momento de pagar el salario de los trabajadores, el monto de las cuotas y descuentos que deben cubrirse al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el entendido de que de no realizar la retención respectiva en dicho acto, solo podrá descontársele al empleado lo relativo a dos cotizaciones y el resto deberá cubrirlo la dependencia o entidad correspondiente.

Asimismo, se sostuvo que con base en lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, la parte no está en posibilidad de descontar en una sola exhibición una cantidad mayor que la correspondiente a dos cotizaciones.

Por lo tanto, se concluyó que de la interpretación sistemática de los preceptos referidos, quien tiene la obligación de cubrir el resto de las cuotas no descontadas con oportunidad al trabajador era el Instituto demandado, pues dicha circunstancia obedecía a una causa atribuible a él, debido a su falta de diligencia y actuar oportuno, lo que no podía traducirse en un perjuicio para el trabajador.

Finalmente, se determinó que no era desproporcional la consecuencia atribuible a la dependencia, en el sentido de cubrir las cuotas o descuentos no realizados, pues ella tiene la obligación legal de efectuarlas en tiempo, lo que conlleva que de no hacerlo oportunamente deba cubrir los montos faltantes.
Sentido del voto del Ministro
Ahora, si bien coincido con la constitucionalidad del artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no comparto las consideraciones bajo las que se llegó a dicha conclusión, en particular, el ordenamiento jurídico aplicado, lo que motivó mi decisión de votar en contra.

En principio, previo a analizar el planteamiento de constitucionalidad en relación con el precepto impugnado, considero que era necesario revocar la inoperancia de los conceptos de violación decretada por el Juez de Distrito, quien omitió realizar el estudio de dicho planteamiento al estimar que la parte quejosa no hizo valer argumentos jurídicos concretos en contra del artículo reclamado.

En ese sentido, a efecto de abordar los conceptos de violación hechos valer por el Instituto quejoso, en cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en primer término, debió declararse fundado el razonamiento relativo a que desde la demanda de amparo estableció la causa de pedir y, por tanto, concluir que su planteamiento constituía un argumento jurídico de constitucionalidad.

Hecho lo anterior, a efecto de realizar el análisis de constitucionalidad del precepto impugnado, contrariamente al fallo mayoritario, en mi opinión, resultaba necesario fijar el ordenamiento jurídico aplicable al asunto, para lo cual debió atenderse que el conflicto de origen se suscitó entre un trabajador y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien fue condenado a la incorporación retroactiva en el régimen de seguridad social y al pago de las aportaciones correspondientes.

En ese sentido, no comparto la decisión de la mayoría de resolver la cuestión jurídica planteada a partir de la interpretación del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, pues como se advierte la controversia laboral se suscitó entre un trabajador al servicio del Estado y una institución estatal.

De esa forma, debió acudirse a la ley reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la cual establece en sus artículos 38 y 43, fracción VI, la obligación de los titulares de las dependencias y entidades de cubrir las aportaciones de seguridad social, las cuales deberán ser enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, cuya ley regulará los procedimientos y formas conforme a los que se otorgarán y adjudicarán los créditos correspondientes.

En ese orden de ideas, a partir de la interpretación sistemática de los preceptos mencionados en relación con el artículo 21 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debió concluirse que los titulares de las dependencias y entidades no pueden descontar más que el monto equivalente a dos cotizaciones, en caso de omitir realizar la retención oportuna, quedando a su cargo cubrir el resto de las cuotas no descontadas.

Por estas razones, respetuosamente, disiento de las consideraciones del fallo, en particular, la aplicación de la Ley Federal de Trabajo, reglamentaria del artículo 123, apartado A, de la Constitución Federal, el cual se refiere al régimen de los trabajadores ordinarios, pues en el caso se actualizaba una relación laboral burocrática regulada bajo el apartado B del citado artículo constitucional.

Por otro lado, en cuanto al argumento de proporcionalidad, estimo que éste debió declararse inoperante al ser novedoso, ya que si bien el recurrente lo planteó en su escrito de agravios, lo cierto es que de la revisión de los conceptos de violación no se advierte que lo haya referido desde su demanda de amparo.

Finalmente, estimo que debió reservarse competencia al Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, a efecto de que se pronunciara respecto a los razonamientos hechos valer por el Instituto recurrente en contra de las consideraciones relativas al acto de aplicación.
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