Votos

Asunto
Amparo en Revisión 734/2017
Tema
El ejido quejoso impugnó los artículos 56, 75, 82 y 152 de la Ley Agraria, así como el 81 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, que en lo que al caso interesa, regulan la posibilidad de que las asambleas ejidales aporten tierras de uso común a personas morales civiles o mercantiles; el tratamiento que debe darse a ese tipo de tierras; el registro que debe hacerse respecto de ese tipo de transacciones; y por otra parte, la posibilidad de que los ejidatarios adquieran el dominio pleno de sus parcelas y la facultad que tiene el Registro Agrario Nacional de expedir los certificados parcelarios y de derechos sobre tierras de uso común, títulos de propiedad de origen parcelario, de solar urbano, y el de colonias agrícolas o ganaderas que, conforme a las disposiciones aplicables, hayan adoptado el dominio pleno.
Fecha de resolución
15 de Noviembre de 2017
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
En la sentencia, los Ministros integrantes de la mayoría consideraron que la limitante establecida en las normas impugnadas resulta justificada si se atiende a la naturaleza de la tierra, pues mientras el dominio pleno que se otorga a los ejidatarios es sobre las parcelas cuyos derechos detentan, las tierras de uso común que están bajo el dominio del ejido constituyen el sustento económico de la vida en comunidad.

Así, las tierras de uso común, tienen un régimen de mayor protección por tratarse de derechos colectivos y, derivado de ello, resulta justificado que el legislador haya dispuesto en el artículo 75 de la Ley Agraria, que en los casos de manifiesta utilidad y previo acuerdo de asamblea, se pudiera transmitir el dominio de esa tierra de uso común a sociedades mercantiles o civiles, pero condicionándolo a que en éstas participen el ejido o los ejidatarios, que se agote el procedimiento al efecto señalado y, además, que se ajuste a las disposiciones contenidas en el Titulo Sexto de la propia legislación, el cual contempla las disposiciones aplicables a las sociedades mercantiles o civiles que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas o forestales, limitando su objeto social a la producción, transformación o comercialización de productos, agrícolas ganaderos o forestales y a los demás actos accesorios necesario para el cumplimiento de ese objeto.

Restricción que, según la mayoría, resulta razonable en la medida que el objetivo de la reforma al artículo 27 constitucional no fue anular la vida ejidal y comunal, sino fortalecerla, reconociendo la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, así como la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano, como para actividades productivas.

En este orden de ideas, la mayoría consideró que lo que se transmite mediante la aportación de tierras comunales a que se refiere el artículo 75 de la Ley Agraria, es el dominio en relación a su uso y explotación, cuyo efecto estará limitado al tiempo que dure la sociedad.

Asimismo, se indicó que incluso el ordinal 45 de la Ley Agraria dispone que los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales por terceros tendrán una duración acorde al proyecto productivo correspondiente, no mayor a treinta años, prorrogables; aunado a que existen también los lineamientos para la emisión de acciones identificadas con la letra T, equivalentes al capital aportado en tierras, que darán oportunidad para que al disolverse la sociedad, sus detentadores, que serán el ejido o los ejidatarios según corresponda, tengan el derecho al pago de su participación con las propias tierras, y el derecho de preferencia para adquirir, en su caso, las tierras que integre el patrimonio de la sociedad.

Derivado de lo anterior, la mayoría señaló que el parámetro de comparación propuesto por el recurrente no resulta idóneo para demostrar la desigualdad alegada, en tanto pretende equiparar dos situaciones distintas, sin posibilidad de ser valoradas desde una misma perspectiva.

Ello, pues los derechos y situaciones que refiere el quejoso son distintos: los primeros relativos a los ejidatarios en lo individual, a quienes a partir de la reforma constitucional se les otorgó la facultad de decidir sobre el destino de sus tierras; sin embargo, en el último caso, se está ante la presencia de derechos colectivos sobre tierras que son el sustento económico del núcleo ejidal y, por tanto, sujetos a un régimen de mayor protección.
Sentido del voto del Ministro
Respetuosamente disiento de lo resuelto por la mayoría.

En principio, estimo necesario destacar que los artículos 74 y 75 de la Ley Agraria autorizan de manera expresa, y sin restricción temporal o de modo alguno, la transmisión del dominio de tierras ejidales de uso común en favor de sociedades civiles y mercantiles en las que participen ejidatarios en lo individual, ejidos o comunidades.

En este contexto, considero que si bien el Constituyente y el Legislador Federal establecieron como regla general que la propiedad de las tierras de uso común no se puede transmitir, lo cierto es que también previeron excepciones a esa regla, siendo una de ellas la transmisión derivada de aportaciones realizadas a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios, prevista expresamente en el artículo 75 de la Ley Agraria.

Así, si bien es cierto que derivado de la reforma Constitucional en materia agraria del año mil novecientos noventa y dos, tanto el Constituyente como el legislador buscaron proteger de manera reforzada los derechos de los núcleos agrarios y comunales, esa protección se ve concretizada con el establecimiento de los requisitos que se prevén en los artículos 23, fracción IX, 24 a 28 y 31 de la propia Ley Agraria, para la celebración de las asambleas de transmisión de dominio, ya sea por parte de ejidatarios, o derivado de aportaciones de tierras de uso común a las sociedades a que se refiere el artículo 75, como la del caso.

Por ende, considero que la Ley Agraria sí prevé la transmisión de la propiedad cuando se llevan a cabo este tipo de asambleas, pues incluso, ni el legislador ni el constituyente establecieron que la traslación del dominio en caso de aportación de tierras de uso común tuviera alguna restricción temporal.

En conclusión, considero que los planteamientos relacionados con violación al principio de igualdad planteados por la parte recurrente debieron analizarse partiendo de la premisa consistente en que la Ley Agraria sí da un trato igual a la asambleas de adquisición de dominio pleno y a las de aportación de tierras de uso común antes referidas y, además, que el artículo 75 impugnado sí autoriza la transmisión de la propiedad, y no solo de derechos temporales de goce o usufructo.
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