Votos

Asunto
Amparo en Revisión 779/2019
Tema
Constitucionalidad del decreto de veintiséis de septiembre de dos mil trece –publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre del mismo año– por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos treinta y seis, por el que se declaró Parque Nacional la montaña denominada Nevado de Toluca.
Fecha de resolución
03 de Febrero de 2016
Tipo de voto
Voto Particular
Sentido de la resolución
La Segunda Sala confirmó el sobreseimiento del juez de distrito decretado porque en el caso era aplicable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la quejosa no evidenció un interés cualificado, actual y real distinto al de otros gobernados, por lo cual la eventual declaratoria de inconstitucionalidad del decreto reclamado no reflejaría una modificación en su esfera jurídica.

Lo anterior con base en que el interés de la quejosa no era cualificado, pues si bien adujo que el referido cambio de categoría conlleva la posibilidad de transgredir su derecho a un medio ambiente sano, lo cierto es que no está en una situación especial frente al acto que cuestiona, en tanto alega una defensa al referido derecho fundamental de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades a cumplir con los mandatos constitucionales.

Así, para la mayoría de los Ministro la pretensión planteada no se refiere a una defensa específica estrechamente relacionada con la esfera jurídica de la quejosa, sino a la protección abstracta del derecho a un medio ambiente sano, tal y como lo haría cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto no existe una situación diferenciada que la faculte para acudir al juicio.

Por lo tanto, una eventual concesión del amparo no generaría beneficios en la esfera jurídica de la quejosa respecto de la posición que aduce frente al derecho a un medio ambiente adecuado, en primer lugar, porque no tiene dicha posición y, en segundo lugar, aun teniéndola no puede considerarse que cuente con un interés cualificado, sino uno de carácter genérico.
Sentido del voto del Ministro
Difiero con lo resuelto por la mayoría porque, desde mi perspectiva, la quejosa cumplía con los requisitos constitucionales para impugnar mediante juicio de amparo el decreto de veintiséis de septiembre de dos mil trece por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del diverso publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos treinta y seis, por el que se declaró Parque Nacional la montaña denominada Nevado de Toluca.

Con independencia de los criterios sostenidos por los distintos tribunales internacionales y las declaraciones sobre el derecho a un medio ambiente sano con que se da cuenta en la sentencia, desde mi perspectiva el análisis del significado y alcance de este derecho fundamental debió partir de los términos en los cuales fue regulado por el Constituyente Permanente en el artículo 4º constitucional.

En este sentido, a diferencia de otros derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, como por ejemplo el acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, a la libertad de trabajo o de libre asociación, los cuales en el propio texto constitucional se sujetaron a determinadas condiciones, el derecho al medio ambiente sano no se limitó o condicionó de forma alguna.

En efecto, respecto del derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente salubre, aceptable y asequible, su ejercicio se sujetó a las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable que se establezcan en las leyes ; el derecho a la libertad de trabajo tiene como condición la licitud de la profesión, industria, comercio o trabajo al que decida dedicarse una persona ; y, el ejercicio del derecho de libre asociación para el caso de asuntos políticos del país es exclusivo de los ciudadanos de la República .

En cambio, en el artículo 4º, párrafo quinto, de la Constitución Federal no se limitó o sujetó a condición alguna la titularidad o el ejercicio del derecho a un medio ambiente sano, por lo que todas las personas son titulares de él sin restricción alguna y, en consecuencia, el Estado está obligado a garantizar su respeto de forma absoluta, es decir, sin modalidad alguna en su protección, lo que denota la trascendencia que el Constituyente Permanente confirió a este derecho desde la perspectiva de la realización de los demás derechos fundamentales.

Así, desde mi perspectiva, en la sentencia de la Segunda Sala no solo se debió precisar que el derecho al medio ambiente sano no puede concebirse meramente como “buenos deseos constitucionalizados”, sino que goza de una verdadera fuerza jurídica que vincula a la autoridad para asegurar tales condiciones ambientales, por lo cual los tribunales están posibilitados para revisar si las acciones u omisiones de la autoridad son conformes con su plena realización.

A lo anterior se debió añadir que la regulación constitucional de ese derecho fundamental no introdujo limitante o condiciones en su titularidad y ejercicio, por lo que la obligación del Estado de garantizar su respeto de forma absoluta es la premisa desde la cual los jueces constitucionales deben partir al resolver asuntos en los que se aleguen violaciones a ese derecho.

En el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, carácter que tiene quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la propia Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Al interpretar el significado y alcance de esa disposición normativa en la contradicción de tesis 111/2013 , el Pleno sostuvo que por interés legítimo debe entenderse la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, soportado en que cuenta con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de forma que la anulación del acto reclamado le produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.
Ahora, en la sentencia en comento, la mayoría de los Ministros resolvieron que el interés de la recurrente no era cualificado, pues si bien adujo que el cambio de categoría del Nevado de Toluca de parque nacional a área de conservación de flora y fauna conlleva la posibilidad de transgredir el derecho a un medio ambiente sano , ello no la posicionó en una situación especial frente al derecho que cuestiona, en tanto defiende dicho derecho fundamental de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades a cumplir con esos mandatos constitucionales.

Desde su perspectiva, la pretensión de la recurrente no se refería a una defensa específica estrechamente relacionada con su esfera jurídica, sino a la protección abstracta del derecho a un medio ambiente sano, tal y como lo haría cualquier miembro de la sociedad en general, pues solo señaló que el derecho humano al medio ambiente sano es de carácter sustantivo, el cual es vulnerado mediante el decreto combatido al permitir la explotación del Nevado de Toluca.

Aunado a que tampoco demostró que dicha afectación desde la perspectiva de sus derechos a la vida o a la salud tenga un impacto actual o futuro, pero de realización inminente, ya sea por circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, sino que únicamente basa su argumentación en violaciones lejanamente derivadas o genéricas de tales derechos fundamentales.

Mi disenso con las consideraciones anteriores lo sustento en que la recurrente sostuvo en su demanda de amparo que en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 5º constitucional (libertad de trabajo), se ha preocupado por el estudio, análisis e investigación, reflexión y discusión pública sobre cuestiones que inciden en el entonces Parque Nacional del Nevado de Toluca.

De igual forma, expuso que visita frecuentemente y realiza caminatas en dicho parque nacional para aprovechar su paisaje, sus ríos, el bosque y el aire fresco, además de colaborar en las campañas de reforestación y de limpieza.

Al respecto, cabe señalar que tales afirmaciones no fueron desvirtuadas o incluso cuestionadas por alguna de las autoridades demandadas en el juicio de amparo, por lo que al no existir prueba en contrario puede válidamente presumirse que son ciertas y, por lo tanto, que la situación de la recurrente se diferencia de la que en general mantiene cualquier persona con el Nevado de Toluca.

Con base en lo expuesto, considero que la quejosa acreditó el interés legítimo necesario para promover el juicio de amparo que intentó, pues adujo que el acto reclamado violaba el derecho al medio ambiente sano reconocido en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, sostuvo que dicho acto afectaba su esfera jurídica de manera directa, pues se dedica al análisis, estudio, investigación, reflexión y discusión pública de las cuestiones relacionadas con el Parque Nacional del Nevado de Toluca, aunado a que aprovecha su paisaje, ríos, bosques, aire fresco y participa en las campañas de reforestación y limpieza; afectación que también se produce en atención a la situación especial que guarda frente al orden jurídico precisamente por la realización de esas actividades.

Lo anterior es acorde con el criterio plenario respecto a que para considerar la existencia de un interés legítimo debe una persona encontrarse en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, soportado en que cuenta con un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de forma que la anulación del acto reclamado le produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto.

Por lo que en mi opinión, al promover el juicio de amparo la recurrente con apoyo en lo establecido en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal y la interpretación que de esa disposición normativa realizó el Pleno de esta Suprema Corte, debió considerarse procedente el juicio de amparo y analizarse las pretensiones de la recurrente en el fondo.
Se abrirá en otra página