Votos

Asunto
Amparo en Revisión 807/2017
Tema
Se analizó entre otras cosas la constitucionalidad del artículo 121, fracción XIII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Fecha de resolución
11 de Julio de 2017
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
La mayoría de los miembros del Tribunal Pleno consideraron, por una parte, que los argumentos planteados en los tres primeros conceptos de invalidez, al operar en un contexto de protección de derechos humanos y no de invasión competencial o violación del principio de división de poderes, debían calificarse infundados.

Por su parte, en relación con el cuarto concepto de invalidez, en el que la parte actora planteó la transgresión a la división de poderes y a la esfera de atribuciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, en perjuicio de los juzgadores, al violar el principio de independencia y autonomía judicial, el Tribunal Pleno determinó calificarlo de infundado, porque tales argumentos no están referidos a la invasión competencial materia de la controversia constitucional, sino que derivan de un temor a las acciones que ciertos individuos, parte de procesos jurisdiccionales, pudieran realizar ante la insatisfacción de las resoluciones dictadas.
Sentido del voto del Ministro
Considero que, además de las razones sustentadas en la ejecutoria, debía destacarse que el precepto legal impugnado necesariamente debe vincularse con el nuevo Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales regulado en la Ley General de la materia, aplicable para todos los órdenes de gobierno, el cual tiene, entre otras atribuciones, la de diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización, organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de la información pública de conformidad con la normatividad aplicable.

Esta vinculación es importe porque la reforma constitucional de siete de febrero de dos mil catorce en materia de transparencia, se emitió dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción, esto es, como parte de una reforma estructural que tuvo como finalidad construir un régimen que ayudara a resolver la problemática existente en materia de corrupción.

Por tanto, los sujetos obligados en materia de transparencia deben cumplir con la obligación impuesta en la porción normativa impugnada, porque fue emitida dentro del marco que en la actualidad rige el Sistema Nacional Anticorrupción.
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