Votos

Asunto
Consulta a Trámite 7/2018
Tema
El problema jurídico a dilucidar consistió en determinar si la procedencia en esta instancia constitucional de algún procedimiento o trámite en el expediente de un juicio ordinario mercantil remitido por una juez oral mercantil del Estado de Campeche, quien planteó la existencia de una contradicción entre dos sentencias emitidas en amparos en revisión, cuyo efecto implicaba atender cuestiones de competencia por declinatoria promovidas por cuerda separada en el mismo juicio ordinario por dos codemandados.
Fecha de resolución
10 de Febrero de 2019
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por mayoría de ocho votos la consulta a trámite al rubro citada, en el sentido de que al estar relacionada con la diversa consulta 10/2018 se debía fallar en los mismos términos, pues ambas tienen como base el mismo juicio de origen.

En ese sentido, se determinó, primero, la procedencia de la consulta a trámite, segundo, que es competente el Juez Quincuagésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México para conocer del juicio ordinario mercantil de origen y, finalmente, se ordenó devolver los autos del asunto a la Presidencia de esta Suprema Corte a fin de emitir el acuerdo correspondiente en el que remita los autos del juicio de origen al juez ordinario de la citada Ciudad.

El problema jurídico que debía dilucidar el Tribunal Pleno consistió en determinar la procedencia en esta instancia constitucional de algún procedimiento o trámite en el expediente de un juicio ordinario mercantil remitido por una juez oral mercantil del Estado de Campeche, quien planteó la existencia de una contradicción entre dos sentencias emitidas en amparos en revisión, cuyo efecto implicaba atender cuestiones de competencia por declinatoria promovidas por cuerda separada en el mismo juicio ordinario por dos codemandados.

Lo anterior, debido a que un Tribunal Colegiado determinó revocar la sentencia impugnada y negar el amparo solicitado, es decir, declarar infundada la excepción de incompetencia y otro órgano colegiado confirmó la sentencia recurrida, es decir, subsistiendo con ello la concesión del amparo en la que se validó la excepción de incompetencia y se determinó que al haber un pacto de sumisión expresa, lo conducente era que un Juzgado de lo Civil en la Ciudad de México resolviera el juicio mercantil.

Así, la mayoría de los Ministros integrantes del Tribunal Pleno consideraron que en aras de cumplimentar el derecho consagrado en el numeral 17 constitucional, que establece que las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, aun cuando en la especie técnicamente no existe un trámite para determinar qué autoridad debe dirimir los alcances de los fallos protectores aparentemente contradictorios, lo conveniente era que de una vez esta Suprema Corte definiera la autoridad competente para conocer y sustanciar el juicio ordinario mercantil de origen.

Por tanto, se determinó que atendiendo a la concesión del amparo que fue confirmada mediante uno de los recursos de revisión en controversia, lo procedente era declarar competente al Juez Quincuagésimo Sexto de lo Civil de la Ciudad de México para conocer del juicio ordinario mercantil de origen, tal como aconteció en la diversa consulta a trámite 10/2018 relacionada con la presente.
Sentido del voto del Ministro
Respetuosamente no comparto el criterio de la mayoría, pues tal como lo hice notar en el precedente señalado, estimo que no es procedente sustanciar algún procedimiento o seguir algún trámite especial ante este Alto Tribunal para establecer qué autoridad debe dirimir los alcances de los fallos protectores considerados contradictorios, por tanto, lo procedente era devolver los autos del juicio ordinario mercantil a la juez remitente.

En efecto, considero que no es facultad de este Alto Tribunal dirimir mediante un fallo vinculante, a partir de la solicitud de la juzgadora, el verdadero problema jurídico que impera en el juicio ordinario mercantil de origen en relación con la existencia de dos resoluciones aparentemente contradictorias en materia de competencia.

Asimismo, técnicamente tampoco existe un procedimiento o un trámite legalmente establecido mediante el cual se pueda decidir qué debe hacer un juzgado de primera instancia o cuál de las dos resoluciones de competencia debería acatar, ya que éstas se dictaron por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche; y si bien una de ellas se emitió en acatamiento de un recurso de revisión en el que se concedió la protección federal, lo cierto es que en ese asunto se le dejó libertad de jurisdicción al Tribunal Superior para que analizara los aspectos que la propia juez de Distrito advirtió en relación a que correspondía al actor elegir el tribunal competente, pues era la responsable quien debía resolver sobre tales aspectos.

De ahí que la cuestión jurídica que se impone despejar respecto a cómo debe proceder la juez mercantil ante la existencia de dos fallos competenciales firmes en diverso sentido en el mismo proceso jurisdiccional, no corresponde decidirla a este Alto Tribunal, al menos no puede hacerlo en este momento y fuera de algún procedimiento de orden constitucional que sea de su legal competencia, dada la situación jurídica prevaleciente en los juicios de amparo indirectos como asuntos concluidos y, más aún, considerando que la juzgadora no solicita a esta Suprema Corte que dilucide propiamente cuál resolución de competencia debe acatar.

Consecuentemente, al no existir trámite alguno que deba seguir esta Suprema Corte, ni tampoco algún efecto que esclarecer en las ejecutorias de amparo, sino en todo caso, es al Pleno del Tribunal Superior de Justicia –por ser quien emitió en el orden común la resolución en cumplimiento del amparo- a quien corresponde decidir qué hacer y ordenar lo conducente a la juez remitente; respetuoso de la posición asumida por la mayoría y dado los motivos apuntados, no comparto el sentido del proyecto.
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