Votos

Asunto
Consulta a trámite prevista en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 3/2016
Tema
La materia del asunto consiste en determinar el trámite que debe darse al acuerdo plenario emitido por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral de la Federación en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-486/2016, en el cual dicho órgano jurisdiccional estimó que existe un conflicto competencial entre dicho órgano y el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, quien conoce del amparo directo 652/2016.
Fecha de resolución
03 de Agosto de 2017
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
La mayoría de los señores Ministros del Tribunal Pleno, en la sesión del tres de agosto de dos mil dieciséis, determinó desechar el acuerdo plenario de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Tercera Circunscripción Plurinominal Electoral sobre la premisa de que dicha Sala o el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito no negaron su competencia para conocer de los asuntos sometidos a su jurisdicción.
Sentido del voto del Ministro
En nuestra opinión, el proyecto debió resolverse en términos de la propuesta originalmente presentada para su discusión y aprobación al Tribunal Pleno, por las siguientes razones.

En su acuerdo plenario la Sala Regional sostuvo que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-486/2016 fue promovido en contra de la suspensión concedida conforme a su competencia auxiliar por la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, dentro del amparo directo 652/2016 del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Cuarto Circuito; en consecuencia, la Sala Regional referida consideró que el Tribunal Colegiado era incompetente para conocer de ese asunto, en razón de que encuadra en la materia electoral.

Asimismo, expuso que el acto impugnado ante ella era la medida cautelar concedida por la autoridad electoral conforme a su competencia auxiliar en el amparo directo 652/2016, en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, por lo que estaba impedida para revisar la constitucionalidad o legalidad de ese acto, pues en la propia ley de la materia fueron establecidos los recursos para combatir las determinaciones emitidas dentro de ese procedimiento jurisdiccional.

En ese sentido, en nuestra opinión, la Sala regional en su acuerdo consideró que ella y el Tribunal Colegiado eran incompetentes para conocer de los juicios sometidos a su respectiva jurisdicción en razón de la materia, pues en el caso del primero correspondía a la materia del juicio de amparo y en el del segundo a la materia electoral.

De ahí que en el proyecto fuera propuesto sostener que el conflicto competencial denunciado era inexistente, pues aun cuando nominalmente la Sala era competente para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SX-JDC-486/2016, por tratarse de la impugnación de la suspensión concedida por la autoridad electoral conforme a su competencia auxiliar en el amparo directo 652/2016, el juicio era improcedente, pues esas determinaciones solo pueden impugnarse mediante recurso de queja , o, en otras palabras, que la improcedencia del asunto sometido a su jurisdicción aparejaba la inexistencia del conflicto competencial.

Los argumentos anteriores, además, fueron sostenidos en términos similares por el Tribunal Pleno en la resolución de la consulta a trámite prevista en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1/2015, resuelta por mayoría de nueve votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos apartándose de algunas consideraciones, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora I. y Sánchez Cordero de García Villegas.

En ese sentido, en nuestra opinión, no era relevante que alguno de los órganos jurisdiccionales se considerara incompetente en una declaración expresa y formal, como sostuvo la mayoría, pues en su acuerdo la Sala regional sostuvo las razones por las cuales en su opinión ambos órganos eran incompetentes no porque la vía fuera incorrecta, sino por la materia de la que trataban; de ahí que los magistrados electorales decidieran someter el problema a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Presidente de ésta no le diera el tratamiento de conflicto competencia, sino de consulta a trámite.
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