Votos

Asunto
Contradicción de Tesis 103/2020
Tema
¿Conforme a qué legislación procede sustanciar un procedimiento de responsabilidad, si la infracción presuntamente cometida ocurrió antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pero el procedimiento no había sido iniciado?
Fecha de resolución
08 de Julio de 2020
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
Se consideró que como los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas implican que el trámite sea uniforme, desde la investigación hasta la resolución, y sus etapas no se puedan entender de manera aislada, el procedimiento al que se refirió el legislador en el transitorio se debía considerar iniciado con la investigación para determinar la legislación aplicable en razón del tiempo.

Por tanto, se resolvió que si la conducta se ejecutó antes del diecinueve de julio de dos mil diecisiete pero la investigación inició en esa fecha o en una posterior, el procedimiento debía seguirse conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Sentido del voto del Ministro
Considero que si una conducta se actualizó bajo la vigencia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, debe aplicarse también ésta en lo relativo al procedimiento y criterios de sanción correspondientes.

Esto es así, pues como se refirió en la ejecutoria emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contendiente en esta contradicción, la legislación vigente contempla nuevas competencias y procedimientos atendiendo a un nuevo esquema de tipificación y sanción, que no es compatible con el esquema procedimental y sustantivo de la ley anterior.

Asimismo, considero que el criterio adoptado, desconoce las profundas diferencias que existen entre ambos sistemas normativos y trascienden a la determinación de la infracción y el proceso para su sanción, en detrimento tanto de la seguridad jurídica de cualquier funcionario involucrado, como de los propósitos fundamentales de combate a la corrupción que se reconocieron a partir de la reforma constitucional de veintisiete de mayo de dos mil quince.
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