Votos

Asunto
Contradicción de Tesis 119/2018
Tema
Determinar si procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo , en contra del acuerdo emitido por la autoridad responsable en amparo directo, mediante el cual determina no acordar de conformidad la solicitud del tercero interesado de dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado y ejecutar la sentencia reclamada.
Fecha de resolución
31 de Octubre de 2019
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
En la contradicción de tesis al rubro citada, el problema jurídico a dilucidar consistió en determinar
si procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo , en contra del acuerdo emitido por la autoridad responsable en amparo directo, mediante el cual determina no acordar de conformidad la solicitud del tercero interesado de dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado y ejecutar la sentencia reclamada.

Dicha contradicción se sometió a consulta del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nació en una primera ocasión, proponiendo como jurisprudencia la de rubro: “RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO EN CONTRA DEL ACUERDO EMITIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN AMPARO DIRECTO, MEDIANTE EL CUAL DETERMINA NO ACORDAR DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO DE DEJAR SIN EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y SE ORDENE EJECUTAR”.

Sin embargo, en sesión pública de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se discutió el asunto y por mayoría de cinco votos se determinó desechar la consulta y returnarse a un Ministro de la mayoría, quien propuso al Pleno -en sentido contrario al proyecto presentado inicialmente-, que en amparo directo sí procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, contra el acuerdo de la autoridad responsable que niega dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado para proceder a su ejecución.

Para arribar a tal conclusión, en la contradicción se señala que en el numeral 97, fracción II, de la ley de la materia, está previsto el recurso de queja en amparo directo contra actos de la autoridad responsable cuando omita tramitar la demanda o lo haga indebidamente, cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, la conceda o la niegue, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes, entre otros supuestos.

En ese sentido, se explica que si bien el supuesto relativo a que la responsable se rehúse a dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado para proceder a su ejecución no encuadra en alguna de las hipótesis de procedencia del recurso de queja en amparo directo; no obstante, el sistema recursal en la Ley de Amparo debe interpretarse con cierto grado de flexibilidad, abriéndolo a nuevos escenarios de impugnación con el objeto de que exista un recurso idóneo frente a resoluciones adversas que afecten a una persona, todo ello a fin de maximizar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Por lo que de una interpretación sistemática de la ley, tomando en consideración que la intención del legislador fue que el recurso de queja en amparo directo sea procedente contra las decisiones que tome la responsable respecto a la suspensión, no solo las enumeradas expresamente, sino todas aquellas que afecten los derechos de las partes.

Luego, el hecho de que en el numeral 97, fracción II, inciso b), de la ley, se enlisten los actos más comunes emitidos por la responsable en materia de suspensión del acto, no significa que no sea procedente para tutelar los derechos relacionados con la suspensión, por lo que de una interpretación amplía, armónica y sistemática con el resto del ordenamiento, al contemplarse el recurso de queja para atacar los actos de la responsable dictados en amparo directo, entonces, no existe razón que justifique por qué solo algunas decisiones de la autoridad relacionadas con la suspensión son recurribles y otras no lo son.

Así, con base en lo anterior, la mayoría del Pleno resolvió que si el recurso de queja previsto en dicha porción normativa procede para impugnar los actos de la responsable que han concedido la suspensión del acto y fijado fianza a la quejosa para garantizar los posibles daños y perjuicios que la suspensión pudiera originar, en particular, para que el tribunal revise si fue apegado a derecho el acuerdo de la responsable por el que rehúso la admisión de fianza o contrafianza, o cuando las admite y éstas no cumplen con los requisitos legales o son excesivas o insuficiente; por mayoría de razón, la queja es procedente para impugnar los acuerdos de la responsable en los que se niegue a dejar sin efectos la suspensión y ejecutar el acto reclamado.
Sentido del voto del Ministro
Respetuosamente, no comparto el sentido del proyecto, por lo que acorde con la votación sostenida en la sesión pública de ocho de octubre de dos mil dieciocho, formulo el presente voto particular a efecto de expresar las razones de mi disenso.

En efecto, siendo consistente con el voto expresado en aquella ocasión, considero que es improcedente el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, contra del acuerdo emitido por la autoridad responsable en amparo directo, mediante el cual determina no acordar de conformidad la solicitud del tercero interesado de dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado y ordenar su ejecución.

Ello, pues si bien respecto al derecho a una tutela judicial efectiva, esta Suprema Corte de Justicia ha expresado que es el derecho humano que toda persona tiene para acceder, de manera expedita dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, a tribunales independientes e imparciales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, señalando que tal derecho no debe contener límites irracionales o requisitos impeditivos u obstaculizadores que sean innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador.

Dentro de cuyo derecho humano se encuentra una de sus vertientes, que es el deber de los juzgadores de buscar la interpretación más favorable al ejercicio de la acción y, ante la duda, los requisitos y presupuestos procesales deben interpretarse en el sentido más favorable a las personas, privilegiando el derecho a la tramitación de un proceso efectivo, el cual debe prologarse durante todo el proceso, que incluso, encuentra aplicación también respecto de la interposición de medios de defensa, aunque su intensidad sea razonablemente matizada.

Lo cierto es que, en la fracción II inciso b del artículo 97 de la Ley de Amparo, se contemplan como supuestos de procedencia del recurso de queja, únicamente los siguientes:

i. Cuando no se provea sobre la suspensión dentro del plazo legal;

ii. Cuando se conceda o niegue ésta;

iii. Se rehúse la admisión de fianza o contrafianzas;

iv. Se admita las que no reúnen los requisitos o que puedan resultar excesivas o insuficientes.

Es decir, solo procede el recurso en ciertos casos en relación con la suspensión en amparo directo.

En ese sentido, partiendo de tales premisas, considero que el recurso de queja en amparo directo solo debe proceder limitativamente en contra de las resoluciones que dicte la responsable en los casos arriba señalados, por lo que si en el acuerdo materia de esta contradicción, se determinó no acordar la solicitud del tercero interesado de que se ordenara dejar sin efectos la suspensión del acto y se procediera a la ejecución de la sentencia, el cual no se ubica en alguno de los supuestos en los que procede el recurso, es claro que dicho medio de defensa no resulta procedente y debe desecharse.

Sin que puedan aplicarse analógica o extensivamente los supuestos contemplados en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo; pues si bien una vertiente al derecho a una tutela judicial efectiva apunta hacia el deber del juzgador de buscar siempre la interpretación más favorable y, ante la duda, los requisitos y presupuestos procesales deben interpretase en favor del justiciable privilegiando la tramitación del proceso y dicha protección debe extenderse a los recursos; lo cierto es que si en el caso la porción normativa en estudio solo prevé cuatro supuestos muy claros de procedencia del recurso de queja en amparo directo, en los cuales no se establece que el recurso proceda contra un acto como el recurrido, entonces tal recurso es a todas luces improcedente.

Ello, pues siendo su literalidad clara, las hipótesis de procedencia del recurso no admiten interpretación alguna, por lo que no se puede hacer procedente un recurso que no lo es.

Sin que con ello se estime transgredido el principio pro persona, pues el derecho a un recurso efectivo no significa que en cualquier caso se deba resolver el fondo de la pretensión sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes.

De ahí que, conforme a lo anterior, considero que si la pretensión del recurrente es interponer un recurso de queja en amparo directo en contra de la determinación de la responsable de no acordar de conformidad su solicitud de dejar sin efectos la suspensión del acto reclamado y ordenar su ejecución, cuyo supuesto no está expresamente previsto en la ley; entonces, es claro que la determinación de la responsable como auxiliar en la tramitación del amparo directo no admite recurso de queja, lo que a su vez impide que se pueda aplicar por analogía o extensivamente a las hipótesis del numeral 97, fracción II, inciso b), de la ley, pues en tal caso no se activa el deber del juzgador de buscar la interpretación más favorable para el justiciable, dada la claridad en la disposición y la pretensión de promover de una manera incompatible con las normas procesales respectivas, ya que, se insiste, no se puede hacer procedente un recurso que no lo es.

Consecuentemente, respetuoso de la posición asumida por la mayoría, no comparto el sentido del proyecto, pues dado los motivos apuntados, considero que el recurso de queja es improcedente cuando la pretensión del recurrente no está prevista en la ley o es contraria a las disposiciones legales, cuando éstas no prevén con claridad los supuestos de procedencia.
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