Votos

Asunto
Contradicción de Tesis 438/2013
Tema
Dilucidar si el hecho de que los menores de dieciocho años pero mayores de cierta edad puedan realizar diversos actos con efectos jurídicos, tal como los contratos de trabajo, les permite atender válidamente una diligencia de notificación de cualquier acto jurídico, ya sea un emplazamiento a juicio, un citatorio o algún otro que pudiera afectar a un tercero.
Fecha de resolución
15 de Mayo de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
Al someterse a consideración del Tribunal Pleno, emití voto a favor respecto de los términos en que se fijó la litis a dilucidar; sin embargo, al proceder al análisis del estudio de fondo, la resolución de la mayoría concluyó que conforme a los artículos 22, 23, 24, 646 y 647 del Código Civil Federal, por regla general, las personas adquieren capacidad de ejercicio con la mayoría de edad, esto es, a los dieciocho años cumplidos, así como que el ordenamiento jurídico mexicano prevé diversas hipótesis o supuestos excepcionales en que un menor de edad, esto es, una persona que no ha cumplido dieciocho años puede realizar actos con efectos jurídicos, tal es el caso de los artículos 22 y 22 Bis de la Ley Federal del Trabajo que permiten que los mayores de quince años presten sus servicios con las limitaciones que establece la ley y, a la vez, prohíben emplear a menores de esa edad. No obstante, se consideró que el sistema jurídico nacional no prevé la posibilidad excepcional de que una diligencia de notificación surta plenos efectos jurídicos cuando es realizada con un menor de edad, a diferencia de lo que sucede con el contrato de trabajo que al efecto celebre. De ahí que, por regla general, la diligencia entendida con un menor de edad no puede surtir plenos efectos jurídicos y, por ende, es ilegal.
Sentido del voto del Ministro
No comparto la conclusión sustentada por el Tribunal Pleno, en tanto que como lo expresé desde que el tema fue discutido en la Segunda Sala con motivo de la contradicción de tesis 218/2013, en la que fungí como ponente, me parece que si bien conforme a la legislación civil los menores de edad no pueden realizar actos jurídicos, al no contar con capacidad de ejercicio, debiendo suplirse esa incapacidad para obrar, mediante la patria potestad o la tutela, también lo es que como se reconoce en la resolución de la mayoría, en el marco jurídico mexicano se encuentran reguladas excepciones a esa limitación tratándose de mayores de dieciséis y menores de dieciocho años.

Lo anterior, resulta aplicable de manera general con independencia de las notificaciones en materia fiscal que, en concreto, fueron analizadas por la Segunda Sala en la ejecutoria referida.

En efecto, para determinar si el estado de minoría de edad trasciende a la eficacia de la notificación, debe acudirse a las reglas del derecho federal común.

La minoría de edad incide en la litis porque se encuentra vinculada con la capacidad jurídica entendida como la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. La capacidad va unida a la personalidad, de tal modo que todas las personas tienen capacidad jurídica pero no todas las personas pueden ejercitar esos derechos de la misma manera. Dentro del concepto de capacidad jurídica se distingue entre la de goce y aquella que se requiere para obrar y es ésta la que determina la eficacia de los actos y por ende la que está vinculada a la satisfacción de condiciones necesarias para que aquellos cobren validez.

La capacidad de obrar puede ser plena, como ocurre en el caso de las personas mayores de edad no incapacitadas legalmente o bien, encontrarse sujeta a ciertas restricciones derivadas de la minoría de edad. En nuestro régimen jurídico, los menores de edad no pueden realizar actos jurídicos, debiendo suplirse esa incapacidad para obrar, mediante la patria potestad o la tutela.

Aunque este tipo de distinciones se da primordialmente en el ámbito del derecho civil, es necesario ver su implicación para el caso de la materia laboral, pues cuando se trate de trabajadores menores de edad debe dilucidarse si por el hecho de prestar una relación subordinada se confiere a éstos la capacidad de obrar en nombre de un tercero y por ende, entender con eficacia, la diligencia de notificación de citatorio para levantamiento de acta final de visita domiciliaria.

La capacidad o falta de ésta en el caso de menores adultos se relaciona no sólo con su desarrollo físico sino también intelectual, el cual se conforma por dos características principales, a saber, la voluntad y el discernimiento. En tal medida, es necesario destacar que los artículos 22, 23, 24, 450, fracción I, 646 y 647, todos del Código Civil Federal establecen que los menores de dieciocho años de edad tienen incapacidad natural y legal, lo cual implica de origen, una restricción a su personalidad jurídica y, por ende, a su posibilidad de obrar.

Así, la regla general es que conforme a las disposiciones del Código Civil Federal la minoría de edad es un motivo de incapacidad. Sin embargo, se observa que en el propio código sustantivo se confiere a los mayores de 16 años, la posibilidad de realizar actos jurídicos que involucran tanto el aspecto volitivo como la capacidad de discernir y de tomar decisiones .

Esta regulación coincide con la que se desarrolla en el ámbito laboral, en el cual existe un régimen jurídico específico para los menores de edad. Del artículo 123, apartado A, fracciones II, III y XI , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los diversos 5°, 22, 23, 29 y 173 a 180, 191, 372 y 988, de la Ley Federal del Trabajo, deriva la regla de que el trabajo de menores de catorce años se encuentra prohibido .

Por otra parte, se observa que los menores de edad que sean mayores de dieciséis años, el Legislador autoriza que presten libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en ley.

La libre prestación de servicios a que se refiere la ley laboral, se vincula implícitamente con el reconocimiento de que esta categoría de menores tiene atribuida una capacidad de ejercicio derivada de la administración de sus bienes y por ello este rango de menores se entiende considerado como emancipados cuando están sujetos a una relación laboral.

En efecto, la posibilidad de administrar el patrimonio presume una maduración completa del desarrollo y de los aspectos cognoscitivos. Esta afirmación se corrobora en tanto que la propia Ley Federal del Trabajo les establece la facultad de comparecer a juicio sin necesidad de autorización alguna.

Por tanto, en esta línea debe concluirse válidamente que los mayores de dieciséis años gozan de capacidad plena para actuar en materia laboral en tanto pueden prestar libremente sus servicios, es decir, sin requerir autorización previa y por otro lado, porque pueden disponer del producto de su trabajo y comparecer a juicio para la defensa de sus intereses. Esto es, tienen la aptitud para celebrar actos jurídicos y consecuentemente, para obligarse a cuenta de otro y por ende pueden atender la diligencia de notificación a nombre de un tercero. De donde podemos afirmar que si tienen capacidad en este ámbito, también lo tienen para recibir notificaciones a nombre de un tercero.

Sin embargo, esta misma conclusión no puede hacerse extensiva a los mayores de catorce años, en tanto que en torno a éstos impera un régimen de restricción que lleva a concluir que carecen de capacidad jurídica conforme al régimen laboral aplicable del que deriva que no tienen la posibilidad de prestar libremente sus servicios sino que requieren de la autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector de Trabajo o de la autoridad política.

Asimismo, se observa que se encuentran sujetos a una serie de medidas protectoras como una jornada máxima de seis horas , la imposibilidad de prestar trabajo extraordinario , trabajo nocturno industrial o después de las veintidós horas , se prohíbe que presten sus servicios si no han terminado su educación obligatoria, salvo que lo apruebe la autoridad correspondiente cuando a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.

Además, independientemente de la necesidad de contar con la autorización de Ley para trabajar, deberán obtener un certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes médicos que periódicamente ordenen las autoridades laborales correspondientes. Sin estos requisitos, ningún patrón podrá utilizar sus servicios. Tampoco pueden trabajar en caso de declaratoria de contingencia sanitaria ni formar parte de la directiva de los sindicatos y para los patrones se establecen una serie de cargas.

Como se advierte aquellos menores de edad mayores de catorce pero menores de dieciséis años, no se les confiere legalmente la capacidad necesaria para obligarse por cuenta propia ni consecuentemente, a nombre de un tercero y por tal motivo, la diligencia de notificación entendida con ellos no confiere la certeza de que se enterará al interesado.

Es cierto que puede haber casos en los que por las circunstancias especiales en las que se ha desenvuelto un menor mayor de catorce años, pudiera considerarse que aquellos que trabajan han alcanzado un grado de madurez mayor respecto de otros que no lo hacen, pero atendiendo al régimen restrictivo que los norma, no es factible concluir lo contrario.

Tampoco pasa inadvertido que conforme a la Convención de los Derechos del Niño, se reconoce la posibilidad de que en las legislaciones locales pueda reconocerse una edad diversa a la de dieciocho años para alcanzar la mayoría de edad ; sin embargo, ello no sucede en el caso de nuestro país, además de que conforme a la propia Convención, el trabajo de menores queda sujeto a ciertas normas de protección. Similar situación se advierte de los Convenios de la OIT, en concreto del número 138 que tampoco confiere la mayoría de edad por el simple hecho de prestar un trabajo subordinado .

Por tales motivos, me parece que dentro del marco jurídico explicitado, el análisis de la materia consultada al Tribunal Pleno, debió ser en sentido diverso, esto es, señalando que las diligencias de notificación a nombre de un tercero, son válidas cuando se efectúan con un menor de edad, mayor de dieciséis y menor de dieciocho años de edad.
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