Votos

Asunto
Controversia Constitucional 121/2017
Tema
Se analizó la validez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como de su acto de aplicación, consistente en el acuerdo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad, en el que ordenó destituir al Presidente Municipal de Cuernavaca por incumplir un laudo.
Fecha de resolución
03 de Julio de 2018
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia dictada en la controversia constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó declarar la invalidez del artículo 124, fracción II, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, así como de su acto de aplicación, consistente en el acuerdo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad, en el que ordenó destituir al Presidente Municipal de Cuernavaca por incumplir el laudo dictado en el expediente 01/391/13.

Lo anterior al considerar, en suplencia de la deficiencia de la demanda, que el precepto impugnado no cumple el requisito de validez exigido por los artículos 76 de la Constitución y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de Morelos, en su texto vigente en la fecha de expedición del decreto promulgatorio de la ley y de su publicación en el Periódico Oficial de seis de septiembre de dos mil, consistente en estar refrendado por el Secretario encargado del Ramo, que en ese entonces lo era el Secretario de Desarrollo Económico, además del refrendo del Secretario de Gobierno.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparto la decisión de fondo, mi diferencia radica en que este análisis no podía realizarse en suplencia de la deficiencia de la demanda, porque nos encontramos ante una controversia constitucional, cuya naturaleza jurídica exige, al menos, la expresión de la causa de pedir, a diferencia de la acción de inconstitucionalidad.

Efectivamente, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos garantías constitucionales por medio de las cuales puede plantearse la contradicción de una norma general con la Constitución Federal; sin embargo, cada una tiene características particulares, entre las que destaca que en la controversia constitucional el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio y en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud, para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma.

La controversia constitucional es un juicio contradictorio en el que se realiza todo un proceso integrado con la demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia, mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento no contradictorio, en el que la autora de la norma general impugnada debe rendir un informe al cual debe acompañar toda la documentación pertinente para justificar su constitucionalidad y, si no lo hace, el Tribunal Constitucional puede requerírsela. Por regla general, esto basta para que el órgano jurisdiccional haga el escrutinio respetivo y dicte sentencia.

En los artículos 22 y 23 de la ley de la materia, el legislador previó, en su carácter de carga procesal, que el actor iniciara la controversia constitucional y que en su escrito inicial señalara los razonamientos jurídicos que estimara pertinentes para sostener la inconstitucionalidad de la norma general o acto impugnado.

En mi opinión, este es un deber del que no se le puede relevar a la parte actora, por disposición expresa de la ley, lo que permite considerar a la controversia constitucional como un procedimiento dispositivo en el que el órgano de control constitucional debe valorar si los citados conceptos de invalidez, como tales, son o no fundados.

Además, si bien el análisis de tales conceptos debe realizarse a la luz de la figura jurídica de la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 40 de la Ley Reglamentaria de la Materia, no debe perderse de vista que en la controversia constitucional, dicha figura es una institución procesal que si bien fue establecida con la finalidad de hacer prevalecer la Constitución como Ley Suprema, no puede ignorar las normas y cargas procesales que permean al litigio constitucional y que se encuentran previstas en el mismo sistema legal, por lo tanto, está sujeta a ciertos parámetros mínimos que permiten su funcionalidad.

Así, debido a que el control jurisdiccional se presenta en un juicio en el que el juzgador debe resolver la contienda existente entre las partes, conforme a la litis que se conformó al presentar la demanda y la contestación, tomando en cuenta las pruebas aportadas, el tribunal constitucional debe limitar su estudio a los puntos planteados por las partes, sin poder invocar otros que la actora no hubiere señalado.

Lo anterior es congruente con el texto del artículo 40 de la Ley Reglamentaria, cuando dispone que debe suplirse la deficiencia de la demanda, mas no suplir la ausencia de queja, de tal modo que no sería papel de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación procurar en la sentencia razonamientos jurídicos ante la completa ausencia de conceptos de invalidez.

De no entenderlo así, se estaría transformando el proceso dispositivo de la controversia constitucional en un proceso inquisitivo, en el que la Suprema Corte, como poseedora del control constitucional, no tendría límites en la resolución de los juicios de esta naturaleza, de tal manera que podría resolver sobre cuestiones no planteadas, escudándose bajo el argumento de la regularidad constitucional, lo cual rompería con la naturaleza procesal de este medio de control.

Por ello, considero que todo análisis constitucional que emprenda este Tribunal en una controversia constitucional, exige de un planteamiento jurídico formulado por la parte actora, introducido por ella como materia de la litis, y con respecto al cual se hubiere formulado algún concepto de invalidez, que al menos implique un planteamiento claro de la causa de pedir.

Apoyo el contenido de mi voto en las jurisprudencias P./J. 71/2000 y P./J. 135/2015, de rubros “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL”. y “CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA QUE SE ESTUDIE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA O ACTO BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA LA CAUSA DE PEDIR”.

Consecuentemente, en mi opinión, no debió analizarse el planteamiento relacionado con la falta de refrendo por el Secretario del ramo en el Decreto de la Ley del Servicio Civil del Estado Morelos, puesto que no fue formulado por el Municipio actor en la controversia constitucional.
Se abrirá en otra página