Votos

Asunto
Controversia Constitucional 168/2020
Tema
Determinar la constitucionalidad del Decreto número 695 (seiscientos noventa y cinco), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del Estado de Morelos de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en el que se concedió una pensión por jubilación con cargo al presupuesto del Poder Judicial local.
Fecha de resolución
12 de Mayo de 2021
Tipo de voto
Voto Concurrente
Sentido de la resolución
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el doce de mayo de dos mil veintiuno, resolvió declarar procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional 168/2020, promovida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en contra del Decreto número 695 (seiscientos noventa y cinco), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de ese Estado de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en el que se concedió una pensión por jubilación y, en el artículo 2°, se señaló que la misma debía pagarse con cargo a la partida presupuestal precisada en el anexo 2 del artículo décimo octavo del “Decreto Número 661 por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020”.

En la sesión respectiva, la Ministra y los Ministros que integramos la Segunda Sala votamos por declarar la invalidez del artículo 2° únicamente en la parte en donde se indica que la pensión “será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago de forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto 661, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes”.

La declaratoria de invalidez atendió a que, con base en diversos precedentes de este Alto Tribunal sobre el sistema de pensiones en el Estado de Morelos y sobre la violación al principio de división de poderes, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales del Poder Judicial local, sin que le haya dado algún tipo de participación ni que se hubieren generado las condiciones legales y materiales para que el accionante pudiera hacer frente a esa carga.

En ese sentido, se estimó que el proceder del Poder Legislativo local lesionó la independencia del Poder Judicial actor en el grado más grave (subordinación) y transgredió el principio de autonomía de gestión presupuestal del mismo.

Asimismo, se agregó que si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones, los requisitos que deben cubrirse para ello y la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante decreto, no define cómo deben financiarse esas pensiones; cómo, en su caso, se distribuirán las cargas respectivas entre las distintas instituciones para las cuales haya laborado el servidor público, y mucho menos autoriza a éste a imponer la obligación del pago de las pensiones sin haber otorgado previamente los recursos presupuestales suficientes al Poder Judicial.

Por tanto, se concluyó que le correspondería al Poder Legislativo local establecer y autorizar las partidas presupuestales correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, sin que en el presente caso lo haya hecho.

Aunado a lo anterior, se advirtió que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente, había declarado inválido el “Decreto Número 661 (seiscientos sesenta y uno) por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020”, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 116/2020 en sesión de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mismo al que hace referencia el Decreto impugnado en el presente caso.

Por consiguiente, los efectos de la sentencia, consistieron en que el Poder Legislativo modificara el decreto impugnado en la parte materia de invalidez y, a fin de no lesionar la independencia del Poder Judicial actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, estableciera de manera puntual lo siguiente: 1) Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado o, 2) En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien lleve tal encomienda, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión.
Sentido del voto del Ministro
Estando de acuerdo con la invalidez del decreto impugnado, respetuosamente considero que las razones en que se apoyó la mayoría para sostener la inconstitucionalidad (en esencia, que el Poder Legislativo local debió establecer y autorizar las partidas presupuestales correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tenía el Poder Judicial de pagar las pensiones a sus trabajadores), no pueden sostener por sí solas la invalidez.

Ello es así, ya que en el Presente caso, a diferencia de los precedentes que se citan en la sentencia, el Poder Legislativo de Morelos sí había establecido una partida presupuestal para el pago de las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial, tal como se advierte del “anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número 661 (seiscientos sesenta y uno) por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020”, al que remitía el propio decreto impugnado en el presente caso.

En efecto, de la lectura realizada al mencionado Decreto 661, y en específico a su anexo 2, se puede advertir que allí se estableció lo siguiente:

Anexo 2
Poder Judicial
Miles de Pesos
Concepto Importa
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos 452,434
Apoyo extraordinario a sindicalizados del Poder Judicial 1,500
Pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia 70,000
Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes 25,000
Total 549,034

Esto es, para el ejercicio fiscal 2020, el Poder Legislativo ya había otorgado, a diferencia de ejercicios anteriores, una partida especial para el pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia.

De ahí que considero que, en principio, no podría sostenerse que el Poder Legislativo del Estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales del Poder Judicial local (al ordenar que pagara la pensión con cargo a su presupuesto) sin que le haya dado algún tipo de participación y sin que se hubieren generado las condiciones legales y materiales para que el accionante pudiera hacer frente a esa carga.

Ello, pues a diferencia de los precedentes invocados, en los que el Poder Legislativo había emitido decretos de pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin que existiera una partida creada por el Congreso especialmente para el pago de pensiones; en el presente caso sí existía ya la partida referida.

Incluso, de la demanda presentada por el Poder Judicial se advierte que su argumento toral se basó, en esta ocasión, en que las autoridades demandadas, en específico el Poder Legislativo del Estado de Morelos, no habían transferido a la partida respectiva los recursos económicos suficientes para cubrir la pensión otorgada en el Decreto impugnado; esto es, no negaron que ya existieran una partida especial para el pago de pensiones.

En este contexto, para arribar a la invalidez del Decreto impugnado, desde mi perspectiva, debió considerarse que si bien el Decreto de otorgamiento de pensión controvertido había remitido a la partida presupuestal establecida específicamente para el pago de decretos pensionarios del Tribunal Superior de Justicia, lo cierto era que tal partida, junto con todo el Presupuesto de Egresos contenido en el diverso “Decreto Número 661 (seiscientos sesenta y uno) por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020” fue declarada inválida por el Tribunal Pleno.

Ello, pues es un hecho notorio que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos impugnó, vía acción de inconstitucionalidad, la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, así como el Decreto número 661 (seiscientos sesenta y uno) por el que se Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020”, publicados en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” el veintinueve de enero de dos mil veinte.

Ese asunto quedó radicado como Acción de Inconstitucionalidad 116/2020 y fue resuelto por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el sentido de declarar la invalidez total de las normas impugnadas por haber ocurrido violaciones durante el procedimiento legislativo.

En atención a lo anterior, respetuosamente considero que si el decreto aquí impugnado establecía que la pensión otorgada debía cubrirse con base en el presupuesto que fue aprobado para tal propósito en el “…Decreto Número Seiscientos Sesenta y Uno, por el que se Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2020…”, y como se vio, ese decreto número seiscientos sesenta y uno fue invalidado por el Tribunal Pleno, en consecuencia, la invalidez en este caso debió partir de que el decreto de pensión ahora controvertido remitía a una norma que previamente había sido declarada inconstitucional por este Alto Tribunal, pues solo aclarando esto podría entenderse que el Poder Judicial del Estado de Morelos, durante el ejercicio de 2020, careció de una partida específica para el pago de pensiones.

Esto es, la invalidez en este caso ─a diferencia de los precedentes en los que se apoyó la sentencia─ debió atender principalmente a que el artículo 2° del Decreto número 695 (seiscientos noventa y cinco), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de ese Estado de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, aquí controvertido, al señalar que el Poder Judicial local “deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente” remitía al “Anexo 2 del Artículo Décimo Octavo del Decreto Número Seiscientos Sesenta y Uno, por el que se Aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 01 de enero, al 31 de diciembre de 2020, y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes”, el cual fue previamente invalidado por el Tribunal Pleno.

Cabe agregar que, en este tipo de asuntos, he sostenido que dada la problemática financiera generada con motivo de estos casos, la sentencia debería precisar cómo es que el Poder Legislativo deberá otorgar los recursos al Poder Judicial, es decir, si el Legislativo debe proporcionar esos recursos año con año o si debe crear un fondo con recursos suficientes para que pueda cumplirse con el pago de las pensiones respectivas de por vida.

Esa precisión, desde mi perspectiva, resulta necesaria para brindar seguridad jurídica a las partes en la controversia y evitar posibles conflictos en la etapa de cumplimiento.

Lo anterior, queda más claro en el presente caso, pues el Poder Legislativo ya había optado por crear una partida para el pago de pensiones a cargo del Poder Judicial; por lo que solamente restaría precisar que esa partida debe basarse en cálculos actuariales para que el tribunal pueda pagar la totalidad de las pensiones hasta que el tiempo que dure la vida de los pensionados, o bien, garantizar anualmente esos recursos hasta en tanto se modifique el sistema de seguridad social en relación con los burócratas pensionados, lo cual, a mi consideración, sería la solución más viable.
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