Votos

Asunto
Controversia Constitucional 179/2017
Tema
La Suprema Corte tenía la encomienda de determinar si resultaban válidos o no los siguientes aspectos:

1. La restricción establecida en el artículo 99, cuarto párrafo, de la Constitución local, para que los Magistrados y Consejeros de la Judicatura del Estado, durante el tiempo que gocen de un haber de retiro, actúen como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado.
2. La nueva conformación del Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua.
3. Las nuevas atribuciones otorgadas al Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua, en relación con:
3.1 El presupuesto de egresos del Poder Judicial.
3.2 La conformación orgánica del Tribunal Superior de Justicia.
3.3 La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial.
3.4 La imposibilidad de recurrir decisiones sobre retiro forzoso y suspensión de los Magistrados y Magistradas.
Fecha de resolución
09 de Abril de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
Respecto del tema identificado en el punto 1, se determinó la invalidez de la restricción para que los Magistrados y Consejeros de la Judicatura actúen como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado, mientras reciban un haber de retiro –artículo 99, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua–.

Al respecto se sostuvo que tal medida tiene como fin legítimo garantizar la independencia judicial, eliminando la posibilidad de que los Magistrados o Consejeros en retiro puedan presionar a aquellos que todavía están en funciones o a sus antiguos subordinados; sin embargo, se consideró que tal medida no era idónea (pues no existe una relación de medio a fin entre la restricción y la finalidad consistente en evitar que los Magistrados y Consejeros en retiro influyan en los Magistrados en funciones o en sus antiguos subordinados), necesaria (pues no es la menos restrictiva dentro del abanico de medidas disponibles), ni proporcional con el fin buscado (porque el beneficio que se obtiene en relación con la independencia de los juzgadores no justifica el perjuicio desmedido a la libertad de trabajo de quienes se desempeñaron como Magistrados y Consejeros).

En este sentido, se dijo que el plazo que dure la prohibición para ejercer como patrono, abogado o representante ante órganos del Poder Judicial del Estado no puede depender del tiempo en que se goce de un haber de retiro, pues la posibilidad de influir en los Magistrados en funciones o en antiguos subordinados depende de otros factores (como la relación que exista entre unos y otros). Además de que tal prohibición genera un trato desigual no justificado entre los Magistrados que se jubilaron con anterioridad a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, publicadas el 29 de octubre de 2014, respecto de quienes se jubilaron con posterioridad, en tanto que para los primeros el haber de retiro es vitalicio, mientras que para los segundos es por siete años.
Sentido del voto del Ministro
Considero que si bien la medida referida no es idónea desde la perspectiva analizada en el proyecto, en tanto que ésta no resulta definitoria de la independencia y autonomía que pueda haber en los órganos jurisdiccionales locales, lo cierto es que fue establecida por el legislador, en uso de su libertad configurativa, con la finalidad de fortalecer esa independencia y autonomía, y en este sentido, sí podría resultar válida.

En efecto, el establecimiento de un haber de retiro, con la consecuente restricción de desempeñar la abogacía en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial del Estado, podría justificarse si se tuviera la certeza de que el citado haber satisface completamente las necesidades de la persona que ocupó el cargo, máxime que esa restricción no le impide ejercer la profesión de abogado en otros ámbitos, como el federal, la investigación, la docencia, etcétera.

En atención a ello, resultaba indispensable que en el presente caso se analizara y determinara cuáles son las prestaciones y percepciones (conceptos jurídicos distintos) a que tienen derecho los Magistrados y Consejeros en activo y a cuáles tienen derecho quienes están en retiro, por conceptos de pensiones y con motivo del haber de retiro, para posteriormente hacer una comparación entre unos y otros y poder establecer si finalmente, al concluir sus encargos, reciben cantidades que les permitan satisfacer razonablemente todas sus necesidades.

Al respecto, debe recordarse que el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 81/2010, señaló una clara diferencia entre el haber de retiro y el concepto de pensión, pues el primero es una garantía de la función jurisdiccional que debe otorgarse forzosamente a aquellos magistrados cuya designación sea por tiempo determinado, o en todo caso, establecerse en una norma legislativa para tener validez constitucional; mientras que la pensión se trata de una suma de dinero que el Estado abona periódicamente a una persona una vez acaecido el hecho causante previsto en la ley, habiéndose cumplido previamente los requisitos que dan derecho a aquella , la cual puede ser otorgada por: alimentos, incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, viudez, orfandad, o de ascendencia.

El análisis de tales diferencias, así como de las existentes entre los conceptos de “percepciones” y “prestaciones”, resultaban, desde mi perspectiva, necesarias para entender los alcances de la restricción en cuestión y poder analizar la proporcionalidad de la tal medida.

Máxime que los artículos 99, párrafo cuarto, de la Constitución del Estado de Chihuahua, y 25 y 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado (derogada y vigente, respectivamente), al regular las percepciones y prestaciones de los magistrados en activo y en retiro, tampoco establecen con claridad los conceptos de percepciones, prestaciones, pensión y haber de retiro, que perciben los Magistrados y Consejeros y, por ende, resultaba necesario que se precisaran tales aspectos en el caso concreto.

Bajo esta perspectiva, considero que en todo caso, la invalidez del artículo 99, cuarto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, no deriva del hecho de que la restricción en comento no supere un test de proporcionalidad, sino más bien de que el legislador no estableció los elementos necesarios para determinar si la referida restricción es una exigencia desproporcional o no, al establecer que durante todo el tiempo que reciban el haber de retiro, los magistrados o consejeros que terminaron su encargo no pueden, bajo ninguna circunstancia, participar en ningún asunto ante el Poder Judicial del Estado, de ahí que comparta el sentido de esta ejecutoria, pero no la totalidad de sus consideraciones.
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