Votos

Asunto
Controversia Constitucional 23/2021
Tema
Determinar si el Decreto número 672 (seiscientos setenta y dos), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de ese Estado el veinte de enero de dos mil veintiuno, en el que se concedió una pensión por jubilación, con cargo al presupuesto del Poder Judicial local, resulta violatorio de los principios de independencia judicial y autonomía presupuestaria.
Fecha de resolución
13 de Octubre de 2021
Tipo de voto
Voto Concurrente
Sentido de la resolución
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el trece de octubre de dos mil veintiuno, resolvió declarar procedente y parcialmente fundada la controversia constitucional 23/2021, promovida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos en contra del Decreto número 672 (seiscientos setenta y dos), publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de ese Estado el veinte de enero de dos mil veintiuno, en el que se concedió una pensión por jubilación y, en el artículo 2°, se señaló que la misma debía pagarse con cargo a la partida presupuestal precisada en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto Número seiscientos sesenta y uno, por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.

En la sesión respectiva, la Ministra y los Ministros que integramos la Segunda Sala votamos por declarar la invalidez del artículo 2° únicamente en la parte en donde se indica que la pensión “será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos. Dependencia que deberá realizar el pago en forma mensual, con cargo a la partida presupuestal correspondiente, precisado en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número seiscientos sesenta y uno, por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, y las partidas respectivas de los ejercicios subsecuentes”.

La declaratoria de invalidez atendió a que, con base en diversos precedentes de este Alto Tribunal sobre el sistema de pensiones en el Estado de Morelos y sobre la violación al principio de división de poderes, el Poder Legislativo del Estado de Morelos dispuso de los recursos presupuestales del Poder Judicial local, sin que le haya dado algún tipo de participación ni que se hubieren generado las condiciones legales y materiales para que el accionante pudiera hacer frente a esa carga.

En ese sentido, se estimó que el proceder del Poder Legislativo local lesionó la independencia del Poder Judicial actor en el grado más grave (subordinación) y transgredió el principio de autonomía de gestión presupuestal del mismo.

Asimismo, se agregó que si bien la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos prevé el derecho de los trabajadores a obtener este tipo de pensiones, los requisitos que deben cubrirse para ello y la facultad por parte del Congreso del Estado de autorizarla mediante decreto, no define cómo deben financiarse esas pensiones; cómo, en su caso, se distribuirán las cargas respectivas entre las distintas instituciones para las cuales haya laborado el servidor público, y mucho menos autoriza a éste a imponer la obligación del pago de las pensiones sin haber otorgado previamente los recursos presupuestales suficientes al Poder Judicial.

Por tanto, se concluyó que le correspondería al Poder Legislativo local establecer y autorizar las partidas presupuestales correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tiene el Estado de pagar las pensiones a sus trabajadores, sin que en el presente caso lo haya hecho.

Aunado a lo anterior, se advirtió que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, previamente, había declarado inválido el “Decreto Número 661 (seiscientos sesenta y uno) por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020”, al resolver la Acción de Inconstitucionalidad 116/2020 en sesión de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, mismo al que hace referencia el Decreto impugnado en el presente caso; lo que provocó también que el decreto aquí impugnado resultara inconstitucional, pues en la actualidad no existía sustento para que se le otorgara un presupuesto al Poder Judicial a fin de cubrir la pensión de que se trata.

Los efectos de la sentencia consistieron en que el Poder Legislativo modificara el decreto impugnado en la parte materia de invalidez y, a fin de no lesionar la independencia del Poder Judicial actor y en respeto del principio de autonomía en la gestión presupuestal de los Poderes, estableciera de manera puntual lo siguiente: 1) Si será el propio Congreso quien se hará cargo del pago de la pensión respectiva con cargo al presupuesto general del Estado o, 2) En caso de considerar que debe ser algún otro Poder o entidad quien lleve tal encomienda, deberá otorgar efectivamente los recursos necesarios para que dicho ente pueda satisfacer la obligación en cuestión.
Sentido del voto del Ministro
Estando de acuerdo con la invalidez del decreto impugnado, respetuosamente considero que las razones en que se apoyó la mayoría para sostener la inconstitucionalidad (en esencia, que el Poder Legislativo local debió establecer y autorizar las partidas presupuestales correspondientes a fin de satisfacer la obligación que tenía el Poder Judicial de pagar las pensiones a sus trabajadores, y que la invalidez deriva también de la remisión que se hace al presupuesto de egresos de dos mil veinte, que ya fue declarado inválido por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 116/2020), no pueden sostener por sí solas el sentido del proyecto.

Ello es así, ya que si bien es cierto que el punto segundo del decreto impugnado remite a la partida presupuestal creada para el pago de pensiones, precisada en el anexo 2 del artículo décimo octavo del Decreto número 661 (por el que se aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020), y que ese decreto ya fue declarado inválido por el Tribunal Pleno (al resolver la acción de inconstitucionalidad 116/2020); también lo es que en la fecha en que se emitió y publicó el decreto de otorgamiento de pensión impugnado en el presente caso (veinte de enero de dos mil veintiuno), el Poder Legislativo de Morelos ya había establecido una partida presupuestal para el pago de las pensiones de los trabajadores del Poder Judicial distinta a la creada con motivo del presupuesto de egresos de 2020, que no ha sido declarada inválida, y es esa partida la que, en todo caso, se aplicará para cubrir los pagos correspondientes a la pensión del presente caso, durante el ejercicio fiscal 2021.

De ahí que la invalidez decretada en la acción de inconstitucionalidad 116/2020 no puede sostener, por sí sola, la invalidez del Decreto de Pensiones que aquí se cuestionó.

Por otra parte, cabe agregar que, en este tipo de asuntos he sostenido que dada la problemática financiera generada con motivo de estos casos, la sentencia debería precisar que el Poder Legislativo deberá señalar cómo se otorgarán los recursos al Poder Judicial, para asegurar la suficiencia necesaria para cubrir todas las pensiones ya autorizadas y las que en un futuro se autoricen.

Por lo que, como en la fecha en que se publicó el Decreto de Pensiones ahora combatido (veinte de enero del año dos mil veintiuno), el Poder Legislativo ya había optado por crear una partida para el pago de pensiones a cargo del Poder Judicial (distinta a aquella que fue declarada inválida en la acción de inconstitucionalidad 116/2020), y la litis planteada en la demanda consiste principalmente en cuestionar la suficiencia de esa partida, en todo caso resultaría conveniente precisar que la invalidez atiende también a que esa partida, a la que remite el Decreto de Pensiones, no se basó en cálculos actuariales que permitieran verificar su suficiencia presupuestaria para el ejercicio fiscal en cuestión y para los siguientes ejercicios; por lo que no se puede tener la certeza de que el Poder Judicial podrá pagar la totalidad de las pensiones que el Legislativo ha decretado a su cargo.
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