Votos

Asunto
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 282/2019
Tema
Controversia constitucional en la que la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, de la Ciudad de México, plantea la invalidez de diversos artículos de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, por considerar que transgreden los principios de división de poderes y de autonomía administrativa y de gestión, puesto que invade atribuciones que de manera exclusiva tiene conferidas dicha Alcaldía.
Fecha de resolución
06 de Abril de 2021
Tipo de voto
Voto de minoría
Sentido de la resolución
Tanto el Constituyente como el Legislativo capitalinos, pueden dotar de principios y reglas comunes para todas las demarcaciones territoriales, a fin de crear un marco homogéneo para cumplir con sus funciones exclusivas de verificación y sancionatorias a cargo de las alcaldías. Sin embargo, crear un cuerpo profesional y ajeno de funcionarios que dependen del INVEA para realizar dichas funciones, excede tal facultad para crear reglas y principios generales. Supone intervenir en el día a día de la administración pública de las demarcaciones territoriales e invadir las facultades del Alcalde como titular de su administración pública. Asimismo, el diseño normativo que se impugna restringe la facultad que tiene la o el titular de la Alcaldía para gobernar su demarcación con independencia, es decir, para elegir y ejecutar los medios más apropiados para afrontar problemáticas concretas. Por todas estas razones es que se concluye fundado el concepto de invalidez de la Alcaldía accionante por el que se duele de la invasión de su esfera competencial.
Sentido del voto del Ministro
Si bien tras la reforma de dos mil dieciséis las Alcaldías constituyen un orden jurídico propio, ni el artículo 122 de la Constitución General, ni el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto de reformas constitucionales de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, le otorgan a la Alcaldía actora la facultad o atribución que reclama; esto es, la facultad exclusiva para designar al personal que habrá de llevar a cabo las funciones de verificación administrativa en su demarcación. Por tanto, al no invadir ninguna facultad constitucional, lo procedente era reconocer la validez de las disposiciones impugnadas.
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