Votos

Asunto
Controversia constitucional 30/2018
Tema
Consulta indígena. Se analizó la regularidad constitucional del Decreto Número dos mil trescientos cuarenta y uno por el que se crea el Municipio de Tetelcingo, Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.
Fecha de resolución
26 de Septiembre de 2019
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia dictada en la controversia constitucional, el Pleno de este Tribunal Constitucional, en lo que a este voto interesa, determinó declarar la invalidez del Decreto Número dos mil trescientos cuarenta y uno por el que se crea el Municipio de Tetelcingo, Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de dicha entidad federativa el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete.

Lo anterior, al considerar que la Constitución estatal y el Reglamento para el Congreso, ambos del Estado de Morelos, en el proceso de creación de un nuevo municipio en territorio del Estado, con pueblos o comunidades indígenas, no contempla la obligación de establecer una consulta previa, no obstante que dicho acto puede ser susceptible de afectar directamente a las comunidades indígenas que se ubican en el territorio donde se pretenda erigir la nueva municipalidad y, en ese sentido, no se celebró la consulta indígena, a la cual estaba obligado el Congreso Estatal.
Sentido del voto del Ministro
Si bien comparto la decisión de fondo, considero importante destacar que respecto del derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas previamente, este Tribunal Pleno se pronunció al resolver la controversia constitucional 32/2012 en sesión pública celebrada el veintinueve de mayo de dos mil catorce, así como en las acciones de inconstitucionalidad 83/2015 y 151/2017, resueltas en sesiones de diecinueve de octubre de dos mil quince y veintiocho de junio de dos mil dieciocho, respectivamente.

En esos asuntos se sostuvo que el derecho a la consulta a los pueblos indígenas puede deducirse a partir del reconocimiento de sus derechos a la autodeterminación, la preservación de su cultura e identidad, acceso a la justicia e igualdad y no discriminación realizado en el artículo 2º de la Constitución Federal; específicamente en el primer párrafo del apartado B, donde se impuso como obligación a la Federación, a los Estados y a los Municipios eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecer las instituciones y las políticas necesarias a fin de garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

También se señaló que dicho derecho se encuentra establecido en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes , pues se dispuso que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a la consulta previa mediante procedimientos culturalmente adecuados, informados, de buena fe y a través de sus representantes con la finalidad de llegar a un acuerdo cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente .

De igual forma, en los precedentes de este Pleno se señaló que si bien la Constitución Federal no contempla la necesidad de que los órganos legislativos locales abran periodos de consulta dentro de sus procesos legislativos, las disposiciones normativas señaladas sí establecen en favor de las comunidades indígenas tal prerrogativa.

Por tanto, en respeto a ello y a lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, las legislaturas locales tienen el deber de prever una fase adicional en los procesos de creación de las leyes para consultar a los representantes de ese sector de la población cuando se trate de medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

Lo anterior sin dejar de reconocer que la decisión del Constituyente Permanente de incorporar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas ha sido materializada en distintas leyes secundarias ; sin embargo, el ejercicio del derecho de consulta no debe limitarse a esos ordenamientos, pues dichas comunidades deben contar con tal prerrogativa también cuando se trate de procedimientos legislativos que pueden afectarles.

En el caso, el decreto impugnado afecta de manera directa los derechos de las comunidades indígenas de esa entidad.

Es así, porque como se establece en la sentencia, el Municipio de Cuautla, lugar en el que se propone erigir al Municipio de Tetelcingo, colinda con los municipios de Atlatlahuacan, Ayala, Yautepec y Yecapixtla, todos ellos con una alta composición indígena, de acuerdo con el estudio del Consejo Estatal de Población del Estado de Morelos.

En ese sentido, se requería una consulta previa para informar de manera adecuada, informada y de buena fe, la creación de un municipio con población mayoritariamente indígena en territorio del Municipio de Cuautla y, primordialmente, a todos aquellos municipios colindantes en donde se encuentra población indígena perteneciente a las diferentes etnias que componen el Estado de Morelos.

Consecuentemente, el Decreto Número dos mil trescientos cuarenta y uno por el que se crea el Municipio de Tetelcingo, Estado de Morelos, afecta de manera directa los derechos de las comunidades indígenas de esa entidad.

Este análisis de afectación, en mi opinión, no debe realizarse necesariamente de manera sistemática, sino caso por caso, de tal manera que se tenga claro que puedan llegar a dañarse los derechos e intereses de una comunidad indígena.

Por tanto, como se arriba en la ejecutoria, con el Decreto impugnado se advierte que efectivamente pueden verse perjudicados derechos de comunidades indígenas que radican en el Estado de Morelos y, en ese sentido, debió realizarse la consulta respectiva.
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