Votos

Asunto
Controversia Constitucional 3/2005
Tema
Fundamentación y Motivación de la ratificación de los Magistrados
Fecha de resolución
29 de Enero de 2007
Tipo de voto
Voto Particular
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno resolvió que los dictámenes legislativos que decidan sobre la ratificación o no de magistrados de los Poderes Judiciales locales, emitidos por las autoridades competentes, son actos que aunque no estén formalmente dirigidos a los ciudadanos, tienen una trascendencia institucional jurídica muy superior a un mero acto de relación intergubernamental, puesto que es la sociedad la destinataria de la garantía de acceso jurisdiccional y por ello está interesada en que aquélla le sea otorgada por conducto de funcionarios judiciales idóneos que realmente la hagan efectiva, por lo que es evidente que tiene un impacto directo muy importante en la sociedad.

Por tanto, la fundamentación y motivación de acuerdo al criterio mayoritario, debe comprender la existencia de una norma legal que otorgue a la autoridad emisora la facultad de actuar en determinado sentido; de esa manera, la autoridad emisora del acto, debe desplegar su actuación en la forma que disponga la ley y en caso de que no exista disposición alguna en la que se regulen los pasos fundamentales en que las autoridades deberán actuar, esta forma de actuación podrá determinarse por la propia autoridad emisora del acto, pero siempre en pleno respeto a las disposiciones establecidas en el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal.

Asimismo, se señaló que la revisión de la fundamentación y motivación no podía llevar a la Suprema Corte a subrogarse en el papel de aquellas autoridades que tienen competencia para emitir el acto, sino que debe circunscribirse a la comprobación de que las autoridades desplegaron su actuación a los lineamientos del orden jurídico estatal o en pleno respeto a las disposiciones de la Constitución Federal (artículo 116, fracción III), de modo que su actuar no pueda considerarse arbitrario.

De igual manera, se sostuvo que deberían existir los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía que las autoridades emisoras del acto, actuaran en ese sentido, es decir, que se den los supuestos de hecho necesarios para activar el ejercicio de esas competencias.

Además, deberán explicarse sustantiva y expresamente, así como de una manera objetiva y razonable los motivos por los que la autoridad emisora determinó la ratificación o no ratificación de los funcionarios judiciales correspondientes y además la explicación de dichos motivos deberá realizarse de forma personalizada e individualizada, refiriéndose a la actuación en el desempeño del cargo, de cada uno de los funcionarios judiciales que se encuentren en el supuesto.

A lo anterior, el Tribunal Pleno agregó que deberá explicitarse de manera clara el procedimiento que el órgano legislativo haya establecido, en forma soberana o de conformidad con la legislación aplicable, para la evaluación del funcionario judicial que corresponda; así como los criterios y parámetros que se tomarán en cuenta para tales evaluaciones, además de los elementos que sustentarán tal decisión.

Así, a partir del examen de los requisitos precisados, la mayoría de los integrantes del Tribunal Pleno se pronunciaron sobre la debida fundamentación y motivación de los acuerdos parlamentarios números 737/05, 738/05, 739/05, 740/05 y 741/05, de siete de enero de dos mil cinco, emitidos por el Congreso del Estado de Jalisco, por los que resolvió no ratificar a diversos funcionarios, en el cargo de Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.
Sentido del voto del Ministro
Se comparten las consideraciones por los que se sobreseyó respecto de los decretos legislativos 19674 y 19960 y de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco y se reconoció la validez de los artículos 92, fracción IV, 210 a 212, 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco; no así los razonamientos por los que la mayoría reconoció la validez de los acuerdos parlamentarios de no ratificación de magistrados, así como por los que se declaró la invalidez del acuerdo parlamentario de no ratificación de magistrado 741/05 y el diverso acuerdo legislativo por el que se nombraron nuevos magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

Lo anterior en relación con los requisitos de fundamentación y motivación que deben contener los dictámenes legislativos de ratificación de magistrados emitidos por el Congreso del Estado de Jalisco, los cuales, se considera exceden a los exigidos por la Constitución Federal y la Constitución y leyes locales aplicables al caso.

De acuerdo con el artículo 116, fracción III, quinto párrafo, de la Constitución Federal, la función jurisdiccional debe ser ejercida por los tribunales que establezcan las Constituciones estatales; asimismo, deberá garantizarse mediante dichas normas y las leyes orgánicas de los estados la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, para lo cual deberán establecer las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.

En ese sentido, se otorga una facultad explícita a favor de las entidades federativas para regular en su Constitución local y en las leyes orgánicas respectivas, entre otras cuestiones, el principio de reelección o ratificación de los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales de los Estados, sin establecer criterios obligatorios para el constituyente o legislador estatal, por lo que el diseño de los procedimientos correspondientes constituye una facultad soberana de los estados.

En el caso, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su artículo 61, en relación con el artículo 66 de esa Constitución local, garantiza el principio de reelección o ratificación de los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo de la entidad, y dispone que durarán en su encargo siete años, al término de los cuales podrán ser ratificados por un segundo período de diez años, previo dictamen elaborado por el Pleno del propio tribunal sobre su actuación y desempeño, que será enviado para su estudio al Congreso que decidirá “soberanamente” sobre su ratificación, mediante el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes.

En ese contexto, si bien se comparte la afirmación en el sentido de que los dictámenes sobre la ratificación o no de los Magistrados deben cumplir con las garantías de fundamentación y motivación, no así el criterio mayoritario, respecto a que el requisito de motivación debe satisfacerse en condiciones especiales de argumentación, ya que al establecerse lineamientos o parámetros conforme a los cuales el citado órgano legislativo debe cumplir con esa obligación constitucional, que no exigen la Constitución federal ni la local y tampoco las leyes aplicables al caso, se invade el campo exclusivo de facultades que corresponden al régimen interno de los estados.

En tal orden de ideas, si la Constitución del Estado de Jalisco confiere al Congreso de la entidad un amplio margen de apreciación y de decisión tratándose de la ratificación de los magistrados, acotado únicamente por la obligación constitucional de fundar y motivar sus actos de autoridad, este Alto Tribunal debe respetarlo, mientras no sea arbitrario ni irracional.

Así, se estima que en el caso, los acuerdos parlamentarios impugnados cumplen con el mencionado requisito de legalidad ya que, por una parte, el procedimiento que se siguió para resolver sobre la ratificación o no de los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco se encuentra apegado a lo prescrito por las disposiciones aplicables de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todas del Estado de Jalisco.

Por otra parte, los acuerdos parlamentarios cumplen con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que en ellos se citan los preceptos legales que le otorgan competencia al Congreso del Estado de Jalisco para ratificar a los mencionados funcionarios y elaborar el dictamen técnico correspondiente; asimismo, se expresan las razones por las cuales el órgano legislativo estatal llegó a la convicción de que no debía ratificarse en el cargo a los Magistrados del Tribunal de lo Administrativo, con base en la evaluación de su actuación, en atención, particularmente a la productividad, excitativas de justicia, juicios de amparo, recursos y quejas promovidas en su contra, asistencias, licencias, faltas y fama pública.

Finalmente, se considera que no es posible establecer criterios para evaluar la actuación de los mencionados funcionarios estatales para efectos de su ratificación o no, en una materia cuya regulación ha sido expresamente reservada a los Estados en términos del artículo 116, fracción III, de la norma fundamental, lo cual se traduce en exigir mayores requisitos que los que conforme a la Constitución local y las leyes aplicables al caso concreto se deben cumplir para dicha ratificación, máxime cuando tales normas han sido declaradas constitucionales por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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