Votos

Asunto
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 32/2015
Tema
Determinar si era fundada la causa de improcedencia planteada por el Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, prevista en la fracción III del artículo 19 de la Ley reglamentaria de la materia, considerando que el accionante, Municipio de Boca del Río, con anterioridad ya había impugnado la prestación del servicio público de tránsito por el Gobierno del Estado de Veracruz en dicho Municipio, esto es, en la controversia constitucional 43/2014.
Fecha de resolución
17 de Septiembre de 2019
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
El Pleno concluyó que dicha causa de improcedencia era infundada pues era un hecho notorio que ante el Alto Tribunal se resolvió la controversia constitucional 43/2014, promovida por el Ayuntamiento de Boca del Río, específicamente se demandó la invalidez de todos los actos u omisiones relativos a la prestación del servicio público de tránsito por el Gobierno del Estado de Veracruz en el Municipio de Boca del Río.

Mientras que en el presente asunto, se demandó la invalidez de la aprobación, expedición, promulgación, publicación, ejecución y consecuencias, de la Ley número 561, de tránsito y Seguridad Vial, para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En esos términos, se precisó que si bien las partes son las mismas en la controversia constitucional 43/2014 y en el presente asunto, lo cierto es que los actos impugnados son distintos, pues en el asunto primeramente resuelto no se impugnó la Ley número 561.

Así, se consideró que al margen de que en el servicio público de tránsito por parte del Gobierno del Estado se actualicen actos de ejecución de la norma, en la presente se demanda invasión de competencias legislativas, de facultades concedidas por la Ley para la ejecución de actividades propias, derivadas o conexas al servicio; de manera que no es factible estimar que en aquélla controversia (43/2014), se trate sobre el mismo acto, aun cuando exista identidad de partes y de algunos de los argumentos expuestos en vía de conceptos de impugnación, así como similitud de antecedentes en ambas demandas, toda vez que, el tema aquí planteado, consistente en la invalidez de las disposiciones legales, no sería materia de pronunciamiento en aquél expediente; por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia alegada.
Sentido del voto del Ministro
El Ministro José Fernando Franco González Salas coincide con coincide con que la causa de improcedencia invocada por el Poder Ejecutivo es infundada, empero, por razones distintas.

En principio, debe tomarse en consideración que en la controversia constitucional 43/2014 se reclama la validez de actos de autoridad realizados por el Gobierno del Estado de Veracruz, relacionados con la prestación del servicio público de tránsito en el Municipio referido, sin que se impugnara algún ordenamiento jurídico en específico.

Mientras que en el presente asunto, se combate la regularidad constitucional de una nueva ley, que regula las cuestiones propias del tránsito y transporte en esa entidad federativa, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz hasta el trece de abril de dos mil quince y entró en vigor el día siguiente.

En esos términos, estimo que si esa legislación tuvo su origen hasta el año dos mil quince y es combatida en tiempo por el Municipio de Boca del Río, en nada se relaciona con el acto analizado en la controversia constitucional 43/2014, en virtud que es jurídicamente imposible que un acto de aplicación de la actual norma jurídica haya tenido verificativo en dos mil catorce, específicamente antes del día veintiocho de abril de dos mil catorce, fecha en la que se promovió la controversia constitucional 43/2014.

Por tal motivo, estimo que el análisis no debió limitarse a constatar que la Ley Número 561 no había sido impugnada en la controversia constitucional 43/2014, sino que, además, debió precisarse la cuestión relativa al ámbito temporal de validez de dicha ley que aquí se expone.

Por tanto, reitero que estoy de acuerdo con declarar infundada la causa de improcedencia invocada por el Poder Ejecutivo, pero por consideraciones diversas a las contenidas en la sentencia y que aquí han quedado expuestas.
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