Votos

Asunto
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES 102/2017, 103/2017 Y 104/2017
Tema
Determinar si el artículo 114-bis, fracción VIII, de la Constitución de Morelos, vulnera el artículo 115, fracciones II y IV de la Constitución Federal, pues el actor aduce que mediante el precepto impugnado se dispone de recursos para destinarlos a la formación de un cuerpo de bomberos, sin autorización del ayuntamiento.
Fecha de resolución
21 de Enero de 2021
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En las sentencias de las controversias constitucionales señaladas, se analizaron los conceptos de invalidez relacionados en los que se controvirtió la constitucionalidad de la reforma al artículo 114-bis, fracción VIII, de la Constitución del Estado de Morelos, así como el Decreto 1611, por el que se reforma el artículo 123, fracción XI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.

En los preceptos mencionados se establece que los municipios del Estado de Morelos tendrán a su cargo, entre otras funciones, la prestación del servicio público de bomberos, lo cual el Municipio de Yecapixtla estimó violatorio de las garantías que la Constitución General otorga a su patrimonio y a su hacienda municipal.

En relación con esta cuestión, el Tribunal Pleno resolvió que no había tal violación constitucional, porque si bien el artículo 115, fracción III, de la Constitución General reserva al ámbito municipal la prestación de ciertas funciones y servicios públicos, lo cierto es que el inciso i) de dicha fracción III, establece la posibilidad de que las legislaturas locales les asignen la prestación de otros servicios públicos, sin que se requiera de la aprobación o aceptación de los municipios.

En ese sentido, con fundamento en la disposición constitucional referida, la legislatura local determinó depositar en el ámbito municipal la prestación del servicio de bomberos, lo cual no vulnera los principios constitucionales que rigen a la hacienda municipal ni se excede de las facultades competenciales que establece la Constitución Federal, ya que a través de ellos el Congreso local únicamente asignó una competencia con base en una apreciación en torno a las condiciones territoriales y socio-económicas, así como a la capacidad administrativa y financiera de los municipios del Estado de Morelos, lo cual está dentro de las facultades del órgano legislativo.
Sentido del voto del Ministro
Si bien estoy de acuerdo con dichas consideraciones, en mi opinión, el municipio actor no cuestionó la facultad que tienen las legislaturas para asignarle servicios públicos (adicionales) a los municipios, me parece que la pretensión del municipio actor era que se declarara la invalidez de los preceptos en los que establecía la obligación de prestar el servicio público de bomberos, porque no se le asignaron recursos o presupuesto para llevar a cabo la prestación del servicio público, para la instalación del cuerpo de bomberos y para su funcionamiento permanente; este es, a mi parecer, el argumento que sostiene la pretensión del municipio actor.

Ahora bien, el análisis del artículo 115, fracción III, inciso i), de la Constitución General, que se realiza en las sentencias, me parece un adecuado marco conceptual y normativo, pero considero que tal análisis no resuelve de manera frontal la pretensión del municipio actor, esto es, que se determine si el establecimiento de una nueva obligación para el municipio (la prestación de un servicio público), es inconstitucional porque no se asignaron, simultáneamente, los recursos necesarios para iniciar con el cumplimiento de la obligación.

Si bien en las sentencias se determinó que resultaban infundados los argumentos del municipio actor, en los que manifiesta que la legislatura no previó a su favor los ingresos necesarios para cubrir los gastos derivados de la operación y organización del cuerpo de bomberos, pues del artículo 115, fracción IV, constitucional no se advierte una obligación en tal sentido; me parece que esta cuestión debió analizarse como la pretensión central del municipio actor y no como un argumento accesorio al tema competencial.

Finalmente, me resta precisar que, en mi opinión, no existe la violación planteada por el municipio, es por ello que coincido con el sentido de las sentencias, pero reitero que era necesario realizar un análisis más exhaustivo en relación con la pretensión real del municipio, fundamentalmente porque este Tribunal Pleno ha analizado otros asuntos en los que, derivado de la afectación, retención o disminución de recursos, sí podría afectarse la esfera competencial de un órgano, poder o ente del Estado, pues en ciertas circunstancias estos pueden quedar limitados para ejercer sus competencias.

En mérito de las consideraciones anteriores, de manera respetuosa, me separo de las consideraciones antes precisadas.
Se abrirá en otra página