Votos

Asunto
Facultad de Investigación 3/2006
Tema
Ejercicio de la Facultad de Investigación. Caso Atenco.
Fecha de resolución
06 de Febrero de 2007
Tipo de voto
Voto Concurrente
Sentido de la resolución
El Tribunal Pleno resolvió ordenar la investigación de los hechos acaecidos el tres y cuatro de mayo de dos mil seis, en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.

Lo anterior ya que se consideró que los hechos ocurridos en los citados poblados, sí constituyen una violación grave de garantías individuales, debido a que la manifestación ilimitada de la fuerza pública que el Estado dispuso, sin cumplir el mandato constitucional de respetar la integridad física y emocional de las personas, generó un estado de incertidumbre emocional y jurídica, lo cual afectó la forma de vida de esa comunidad.

En ese sentido, se determinó que la Comisión investigadora debería determinar el por qué ocurrieron esos hechos que constituyen una violación grave a las garantías individuales, ya que además de permitir que la sociedad conozca las causas de dichos hechos, podrán establecerse criterios sobre los límites de la fuerza pública y, en su caso, hacer llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de garantías
Sentido del voto del Ministro
Si bien se comparte la decisión adoptada por la mayoría del Tribunal Pleno, al estimar que hay elementos suficientes para presumir fundadamente que se presentaron hechos que produjeron violaciones graves a diversas garantías individuales que hacen procedente el ejercicio de la facultad prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, se difiere de algunas de las consideraciones que se plasman en la resolución mayoritaria y de otras expresadas en las sesiones públicas en que se discutió el asunto.

En principio se precisa que en el caso, se trata de una facultad judicial extraordinaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de carácter excepcional y de ejercicio discrecional, para averiguar si determinados hechos violaron de manera grave alguna o algunas de las garantías individuales, la cual concluye con una opinión contenida en un informe sobre los resultados obtenidos respecto de los hechos investigados, los cuales deben hacerse del conocimiento de las autoridades competentes y de la sociedad en su conjunto.

En ese sentido, no se comparte la posición implícita en el engrose, respecto a que se podría reglamentar por el Legislador ordinario la citada facultad, aunque a la fecha no se ha hecho, dado que precisamente por el carácter excepcional y discrecional que el Constituyente originario le dio a la facultad judicial de investigación y el Constituyente Permanente ha reforzado, se considera que esa facultad no puede ni debe ser normada por el Poder Legislativo, dado que únicamente compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar en qué casos, bajo qué procedimientos y quiénes llevarán a cabo una investigación conforme al segundo párrafo del artículo 97 constitucional.

En cuanto al objeto del ejercicio de la facultad, que consiste constitucionalmente en la averiguación de algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, se considera necesario establecer un referente razonable para poder definir un criterio de diferenciación de la gravedad calificada a la que se refiere el vigente párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución. De otra manera, cualquier violación a una garantía individual sería susceptible de ser investigada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; lo cual no fue, ni puede ser ahora, el objeto del ejercicio de esta facultad.

Ante ese problema, se considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda sujeta a la valoración que, en cada caso, debe realizar sobre si los efectos producidos por los hechos generadores de las violaciones trascienden por tener consecuencias importantes que afectan seriamente, por más o menos tiempo, el tejido social en que se produjeron; por tanto, cuando los hechos generan un impacto trascendente en la comunidad por violación de garantía individuales, se justifica plenamente el ejercicio de la facultad judicial investigatoria, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la única instancia que como Poder del Estado puede intervenir, en esos casos, para elucidar lo sucedido sin quedar sujeta a un marco normativo determinado que impida, condicione o limite su investigación sobre los hechos materia de la misma.

Por otra parte, se considera que la opinión que conforme a los resultados de su investigación puede dar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de la facultad que le otorga el segundo párrafo del artículo 97 constitucional, no puede considerarse inocua o irrelevante por no ser una resolución vinculativa.

Lo anterior ya que si bien la investigación podría concluir en que existen aún faltas o delitos que perseguir o responsabilidades que deslindar de las autoridades o servidores públicos que intervinieron y, en su caso, que se deben sancionar; también podría, por ejemplo, esclarecer el contexto en que se dieron los hechos, identificando las causas reales que los generaron, causas que en ocasiones podrían ser suficientes para, en su caso, exculpar de responsabilidad a las autoridades o servidores públicos por sus actos en aquellas situaciones en que hubiesen conductas de individuos o grupos en su contra, y que por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron, hicieron que aquéllas actuaran de manera proporcional a la intensidad de las conductas que enfrentaban o las medidas que pudieron haberse tomado para evitarlos; sobre todo, puede construirse una doctrina constitucional judicial sobre los alcances y límites del ejercicio de la fuerza legítima del Estado vis a vis los derechos fundamentales.

En el caso concreto de los hechos sucedidos en San Salvador Atenco los días 3 y 4 de mayo de 2006, de las constancias de autos y especialmente del informe preliminar elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se considera que no han quedado debidamente elucidadas varias de las cuestiones importantes que produjeron violaciones graves, o supuestas violaciones graves, a garantías individuales, dado que algunas de ellas escapan a la competencia de la Comisión. Por ello, en atención a que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede colaborar a elucidar todas esas cuestiones, a formular denuncias en contra de autoridades o personas que hubiesen incurrido en conductas ilícitas en los casos en que ello no se hubiese realizado, dictar criterios o proponer medidas para que en casos futuros no se vuelvan a suceder tales violaciones graves a las garantías individuales, y a coadyuvar para que el tejido social se regenere lo más pronto posible en San Salvador Atenco se votó a favor de la práctica de la investigación.
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