Votos

Asunto
Incidente de Inejecución de Sentencia 168/2018
Tema
El incidente de inejecución se circunscribió a determinar los alcances de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto.

En la sentencia se precisa que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que permita a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo como medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos declaradas en esas resoluciones.
Fecha de resolución
12 de Junio de 2019
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
Se indicó que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, por unanimidad de cinco votos , que quedaba insubsistente la resolución emitida el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, en el recurso de queja 376/2016, de índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, la resolución emitida en el incidente innominado de cuantificación pronunciada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, el veinte de febrero de dos mil dieciocho, así como las subsecuentes que guardaran relación con esas determinaciones; y, procedía devolver los autos al Juzgado de Distrito del conocimiento a efecto de que su titular se pronunciara respecto los actos que se informaron en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, cuyos efectos y alcances se fijaron en la propia sentencia.

En la propuesta aprobada, se indicó que la apertura de este incidente de inejecución se circunscribía a determinar los alcances de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 917/2015. De manera que, se precisó que se verificaría la resolución que fijó los efectos de la ejecutoria de amparo y la procedencia de la reparación integral a favor de la parte quejosa.

Se destacó lo que los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito determinaron al resolver el recurso de queja 376/2016, en sesión de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete.

Se expresó que el origen del citado recurso de queja se debió a que el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, decidió no acordar de conformidad lo solicitado por el quejoso, al considerar que en la ejecutoria de amparo no se establecía pago alguno ni lineamiento inherente a la indemnización pretendida.

También se refirió que los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, resolvieron revocar la determinación del Juzgado de Distrito y establecieron la procedencia de la reparación integral, como su tramitación, resolución y cumplimiento.

En efecto, los integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito decidieron revocar la decisión del Juez de Distrito, al considerar que el derecho a la reparabilidad en la garantía que se estimó violada, derivó de los efectos que se encontraban inmersos en la ejecutoria de amparo; y que ésta se encontraba apoyada, en la normatividad aplicable, sustentada en el artículo 1° de la Constitución Federal; el artículo 4°, en concordancia con el 1º, ambos de la Ley General de Víctimas; así como los diversos 1.1, 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos —que ya habían sido analizados en esa ejecutoria—; así como lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Sin embargo, esta Segunda Sala consideró que fue incorrecto el pronunciamiento efectuado por el Tribunal Colegiado en la citada resolución de queja, pues imprimió unos efectos que no estaban contenidos en la sentencia de amparo.

Se agregó que también se advertía que el Tribunal revisor en términos de los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, concedió el amparo liso y llano a la parte quejosa, otorgamiento que se debió a lo resuelto por el Tribunal Colegiado del conocimiento en el amparo en revisión 439/2015, al determinar fundadas las pretensiones del quejoso.

Asimismo, se indicaron los actos que el Tribunal Colegiado del conocimiento precisó al resolver el referido amparo en revisión; se añadió que era claro, que al haber prosperado las pretensiones del quejoso, los efectos del amparo se traducían en el aniquilamiento total de los actos que reclamó, vedando a la autoridad cualquier acto que implique la instauración de otro procedimiento por los mismos motivos que lo originaron.

Lo que significaba, que con ese pronunciamiento el quejoso obtuvo un mayor beneficio, en virtud de que en la sentencia de amparo se determinó que no podían aplicarse en su perjuicio las normas declaradas inconstitucionales e incluso en el acto concreto de aplicación, esto era, que el procedimiento y resolución de queja administrativa, al contener diversos vicios de fondo y forma, impedía su instauración por los actos que le imputaron y sancionaron.

Por tanto, si el artículo 77 de la Ley de Amparo, señala que cuando “el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación”; mientras que en los casos en los que “el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión”, la restitución consistirá en “obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.”

Bajo ese contexto, conforme a esa disposición, existen dos efectos posibles de las ejecutorias de amparo: a) el aniquilamiento total y definitivo del acto reclamado, o; b) la protección limitada para ciertos efectos identificados expresamente.
En el caso que nos ocupa, el Tribunal Colegiado de Circuito concedió a Atalo Carlos Castillo Acosta el amparo de forma lisa y llana, lo que implica el aniquilamiento total y definitivo del acto reclamado, lo que, en sí mismo conlleva a restablecer las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación a sus derechos. Es decir las autoridades responsables, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, debían realizar los siguientes actos:

1. Dejar insubsistente el procedimiento y resolución de once de mayo de dos mil quince, del procedimiento de queja instaurado contra el quejoso.

2. Dejar insubsistente la sanción que se decretó y, ordenó registrar en su expediente administrativo.

3. Reincorporarlo en la lista oficial de expertos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

Con base en lo anterior, se precisó que, en razón de los actos que reclamó el quejoso en el juicio de amparo indirecto 917/2015, se le otorgó el amparo, sin que de los lineamientos referidos se advirtiera que se hubiera fijado indemnización alguna o bien implicara que, en atención a los mismos, los órganos jurisdiccionales de amparo puedan decretar medidas que vayan más allá de la restitución del quejoso en el derecho violado, como indemnizaciones, medidas de satisfacción o garantías de no repetición.

Ello debido a que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que permita a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo como medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos declaradas en esas resoluciones.

De manera que en la sentencia se abordaron los temas relativos a la reparación en el juicio de amparo, la restitución del derecho vulnerado, así como la compensación económica en el juicio de amparo, apoyando sus consideraciones en lo resuelto en los amparos en revisión 631/2012, 554/2013, 706/2015 , por la Primera Sala, el amparo en revisión 378/2014 de esta Segunda Sala; así como en los amparos directos en revisión 1068/2011 y 2131/2013 y en el amparo en revisión 476/2014, éstos resueltos por la Primera Sala.

En suma, se determinó que los jueces de amparo no pueden decretar en las sentencias de amparo compensaciones económicas como medidas de reparación de violaciones a derechos humanos; sin embargo, no podía soslayarse que existe un procedimiento en la vigente Ley de Amparo, a través del cual, de manera excepcional, se pueden establecer indemnizaciones económicas únicamente en los casos que se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el tercer párrafo de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución excepcionales en los que sea imposible restituir al quejoso en el derecho violado: el incidente de cumplimiento sustituto.

En ese sentido, se concluyó:

 Que no existe ninguna disposición en la Ley de Amparo que permita a los jueces decretar compensaciones económicas en las sentencias de amparo como medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos declaradas en esas resoluciones.

 Que la vigente Ley de Amparo sigue manteniendo a la restitución como la medida principal a través de la cual se reparan las violaciones a derechos fundamentales en el marco del juicio de amparo.

 Que el Estado mexicano se encuentra obligado a garantizar el derecho a una reparación integral. Así, una vez dictada una sentencia de amparo en un caso concreto que determine la existencia de una violación a un derecho fundamental y establezca las medidas de restitución adecuadas para devolver al quejoso a la situación anterior a la violación, el quejoso se encuentra facultado para acudir ante las autoridades competentes por las vías legalmente establecidas para ejercitar los restantes aspectos de una reparación integral.

De manera que se destacó que fue incorrecto el pronunciamiento efectuado por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja 376/2016, puesto que, como lo refirió el Juzgado Federal, en el auto materia de la queja, no procedía la solicitud del quejoso.
Sentido del voto del Ministro
Ahora bien, en principio comparto la decisión sostenida por la mayoría en relación a que fue incorrecto lo determinado por el Tribunal Colegiado del conocimiento al resolver el recurso de queja 376/2016, puesto que no procedía lo solicitado por el quejoso, en cuanto a que procediera la reparación integral, toda vez que ese aspecto no formó parte de los efectos de la ejecutoria de amparo.

Sin embargo, con todo respeto, mi disenso consiste en que no puede generalizarse que los jueces de amparo no pueden decretar en las sentencias de amparo compensaciones económicas como medidas de reparación de violaciones a derechos humanos y que únicamente existe un procedimiento en la vigente Ley de Amparo, a través del cual de manera excepcional se pueden establecer indemnizaciones económicas únicamente en los casos que se encuentren dentro de los supuestos establecidos en el tercer párrafo de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución excepcionales en los que sea imposible restituir al quejoso en el derecho violado: el incidente de cumplimiento sustituto.

Ello, porque estimo que no se pueden realizar afirmaciones absolutas sino que debe atenderse caso por caso, en virtud de que existen supuestos en que los jueces de amparo podrían decretar compensaciones económicas u otras medidas como parte de una reparación integral por violaciones a derechos humanos.

En concordancia con lo expuesto, esta Segunda Sala resolvió los amparos en revisión 601/2017 y 1170/2017, en los que se determinó que al existir violación grave a los derechos humanos de la parte quejosa conforme la Ley General de Víctimas, le reconoció ese carácter y determinó que tenía acceso a las medidas de reparación integral.

En el primer amparo en revisión, esta Sala reconoció la calidad de víctima directa de la menor quejosa, puesto que sufrió un menoscabo grave en sus derechos; calidad que se hizo extensiva a sus padres, en su calidad de víctimas indirectas, conforme a lo establecido en la Ley General de Víctimas, al tratarse de los familiares directos de una menor de edad, pues se les causó, en grado diverso, pero grave, un menoscabo en sus derechos.

Por ende, se hizo hincapié en que conforme la Ley General de Víctimas , la mera declaratoria de calidad de víctima por una de las autoridades competentes –en la especie, un juzgador de amparo- tenía como efecto inherente el acceso de la víctima a los recursos del Fondo conforme a los parámetros previstos para el efecto y la reparación integral por el daño ocasionado con el acto victimizante; situación que se reiteraba en el numeral 111 de la aludida Ley, que establece que el reconocimiento de mérito tiene como efectos: “el acceso a los derechos, garantías, acciones, mecanismos y procedimientos, en los términos de la ley de mérito y sus disposiciones reglamentarias […]”.

Asimismo, se refirió que ya declarada la calidad de víctimas directa e indirecta, de sus derechos, lo procedente era establecer las medidas necesarias para la reparación integral del daño, conforme a los lineamientos establecidos a nivel internacional y que se recogen de manera completa en la legislación interna.

Se agregó que conforme el artículo 26 de la Ley General de Víctimas las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

De igual manera, se precisó qué implicaba la reparación integral del daño y concluyó que al quedar acreditada la violación grave de derechos humanos contra la parte recurrente por el hecho victimizante, lo procedente era conceder en favor de la menor y de sus padres, las medidas de reparación integral del daño, a saber, las medidas de rehabilitación, compensación y aquellas de satisfacción y no repetición, contempladas en la Ley General de Víctimas, y que resultaban aplicables.

Por tanto, se mencionó que ante un listado no limitativo de las posibles medidas que puede decretar la autoridad competente en materia de víctimas a fin de cumplir con la concesión del amparo y, en consecuencia, garantizar la reparación integral de la violación grave de derechos humanos acaecida, el control de constitucionalidad en que se actuó sí podía concretizar efectos, sujetando, en el caso, conforme a la Ley General de Víctimas, a la Comisión Ejecutiva para efecto de que solicite, obtenga, o coordine las acciones necesarias para concretizar las medidas de reparación integral del daño ocasionado con la violación, incluso se precisó la participación de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado en cuestión, así como el hecho de que lo determinado no relevaba de las obligaciones a las autoridades señaladas como responsables. De manera que esta Segunda Sala revocó la sentencia recurrida y concedió el amparo.

En ese mismo tenor, esta Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 1170/2017 reconoció la calidad de víctima directa de la persona que promovió, pues como consecuencia de los actos violatorios graves, sufrió un menoscabo grave en sus derechos; asimismo, se establecieron las medidas necesarias para la reparación integral del daño, conforme los lineamientos señalados a nivel internacional y que se recogían de manera completa en la legislación interna, mismas que se plasmaron con el anterior precedente.
En consecuencia, se concedió en favor de la persona respectiva las medidas de reparación integral del daño, a saber, las medidas de rehabilitación, compensación y aquellas de satisfacción y no repetición, contempladas en la Ley General de Víctimas, y que resultaran aplicables.

Por último, se determinó la forma en que debían intervenir las autoridades competentes y que ello no relevaba de obligaciones a las autoridades señaladas como responsables, lo que dio lugar a revocar la sentencia recurrida, negar y conceder el amparo.

En conclusión, con todo respeto, considero que no se puede partir de afirmaciones absolutas en el sentido de que los jueces de amparo no pueden decretar en las sentencias de amparo compensaciones económicas como medidas de reparación de violaciones a derechos humanos; sino que debe ser de manera casuística, pues, como se vio, existen casos en los que sí podrían decretarse.
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