Votos

Asunto
Recurso de Inconformidad 1066/2017
Tema
Concesión del amparo por violaciones procesales y su limitación respecto a la etapa procesal en que se incurrió en dicha violación.
Fecha de resolución
11 de Octubre de 2017
Tipo de voto
Voto de minoría formulado con el Ministro Laynez Potisek.
Sentido de la resolución
Se concluyó que era correcta la determinación del tribunal colegiado de estimar que la autoridad responsable había cumplido sin excesos ni defectos con los efectos de la sentencia protectora, además de resultar infundado el agravio formulado por la recurrente en el que sostenía que la autoridad se había abstenido de dictar el laudo mediante el cual valorara los elementos obtenidos en el desahogo de la prueba referida.

A decir de la posición mayoritaria, dicha calificativa obedecía a que la protección constitucional únicamente se había concedido a efecto de que la junta responsable dejará insubsistente el laudo reclamado y ordenara la reposición del procedimiento laboral a partir del desahogo de la prueba testimonial ofrecida por la parte actora, sin que se impusiera la obligación de que, una vez que se realizaran dichos actos, dictara un nuevo laudo.

Es decir, la concesión del amparo directo por violaciones procesales no implicaba como consecuencia la emisión de una sentencia o laudo, dado que sus alcances se limitaban a la etapa procesal en que se incurrió en dicha violación.
Sentido del voto del Ministro
Respetuosamente disentimos de la decisión mayoritaria y suscribimos la propuesta originalmente presentada, en la que se declaraba fundado el recurso de inconformidad.

En nuestra opinión, el estudio contenido en la sentencia de amparo, genera motivos suficientes para considerar que la junta responsable estaba obligada no sólo a corregir la violación procesal advertida sino también a valorar de nueva cuenta en el laudo que resolviera la controversia planteada, el resultado del desahogo de la prueba testimonial, de otra forma no se explicaría el análisis y vinculación que se realizó sobre estos aspectos por parte del tribunal colegiado.

De modo que, si bien de los efectos de la concesión no se advertía que se hubiera impuesto la obligación a la Junta responsable de que, una vez que se subsanaran las inconsistencias que se cometieron en el juicio laboral, debía resolver lo conducente o dictar un nuevo laudo, también resulta evidente que la resolución no debía ser examinada, para determinar su cumplimiento, en una sola de sus porciones, sino en su integridad, aun cuando en esa porción específica se concretaran ciertos aspectos.

Por otro lado, estimamos que tratándose del cumplimiento de las ejecutorias de amparo y sobretodo en casos como éstos donde únicamente se encuentra pendiente el dictado de una resolución final que ponga fin a la controversia planteada, no resulta admisible adoptar una interpretación restrictiva, pues se debe tomar en cuenta que la finalidad del juicio de amparo es la de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos y reestablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Además, la naturaleza del recurso de inconformidad, encargado de analizar el debido cumplimiento de las sentencias de amparo, se vincula con los derechos de seguridad jurídica y de acceso efectivo a la justicia previstos en los artículos 16 y 17 de la Constitución Federal, conforme a los cuales, se prevé entre otros aspectos, el derecho a la tutela jurisdiccional del cual deriva la facultad de los gobernados para acceder de manera expedita -esto es, sin obstáculos- a tribunales independientes e imparciales, para plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute debidamente esa resolución.

De igual forma, existe una vinculación con el artículo 8°, numeral 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto prevé que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Por lo que, de la interpretación armónica de estos preceptos constitucionales y convencionales se obtiene que la tutela jurisdiccional se traduce en una labor del órgano impartidor de justicia que debe cumplirse de manera pronta, completa e imparcial.

Deberes que en el caso particular, consideramos que se encuentran incumplidos al no existir constancia alguna de que se hubiera dictado un laudo que hubiera resuelto la controversia laboral planteada por la actora.
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