Votos

Asunto
Recurso de Queja 27/2018
Tema
Se analizó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la omisión de los Poderes Ejecutivo y legislativo del Estado de Oaxaca, de realizar las adecuaciones a la Constitución local, y la reglamentación a lo estipulado en la reforma en materia de derechos indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno.
Fecha de resolución
20 de Junio de 2018
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En la sentencia dictada en el recurso de queja, esta Segunda Sala determinó que en el caso no se está frente a una simple o genérica impugnación de una omisión legislativa, en la que exista una pretensión de un particular de que los órganos legislativos regulen determinada conducta, ya sea de las entidades públicas o de alguna de las esferas sociales de los gobernados; por el contrario, el núcleo esencial del reclamo del quejoso radica en la falta de cumplimiento, por parte de la autoridad ejecutiva y legislativa local, de un mandato expreso del Constituyente Permanente, en el que conmina a diversas autoridades de las entidades federativas a realizar las adecuaciones necesarias para dar efectividad.

Con base en ello, se considera que en el caso resulta inaplicable la tesis 2a. VIII/2013 (10a.), de rubro “OMISIÓN LEGISLATIVA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”.
Sentido del voto del Ministro
Comparto la decisión sostenida por la mayoría; sin embargo, además de las razones sustentadas en la ejecutoria, considero que debía destacarse que cuando la omisión reclamada involucra el incumplimiento a una disposición constitucional, no nos encontramos propiamente ante la omisión legislativa a que hace referencia la tesis mencionada, sino frente al incumplimiento de una disposición expresa, respecto de la que el Poder Legislativo no es libre para decidir si legisla o no.

Efectivamente, cuando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un deber de legislar respecto de algún tema en específico a cargo del Poder Legislativo, el ejercicio de la facultad de legislar deja de ser discrecional y se convierte en una competencia de ejercicio obligatorio, cuyo incumplimiento se traduce en una vulneración a los derechos de las personas.

Nuestra Constitución contiene disposiciones altamente específicas, por lo que es frecuente que en su texto se establezcan deberes concretos de legislar en determinadas materias, como sucede en el caso, en el que el Constituyente estableció la obligación al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de la entidades federativas de realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedieran, y reglamentaran lo estipulado en la reforma en materia de derechos indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno.

Estos deberes reducen considerablemente el margen de discreción legislativa, de tal manera que en esos supuestos no resulta potestativo para los órganos legislativos emitir una determinada regulación.

En este sentido, si los jueces de amparo tienen competencia para controlar la constitucionalidad de leyes emitidas por el Poder Legislativo, también deben tener la facultad de controlar esa falta de cumplimiento, por lo que, sostener la improcedencia del juicio amparo contra la omisión que involucra el incumplimiento a una disposición constitucional, implicaría desconocer la fuerza normativa a la Constitución, situación que es inaceptable en un Estado constitucional de derecho.

Consecuentemente, cuando exista un mandato constitucional dirigido a los órganos legislativos en el que se les imponga expresamente el deber de legislar o de hacerlo en algún sentido específico, los tribunales de amparo tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución.
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