Votos

Asunto
Recurso de Queja 69/2020
Tema
El problema jurídico a dilucidar consistió en determinar la legalidad del acuerdo de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual desechó de plano la demanda de amparo al actualizarse una causa notoria y manifiesta de improcedencia, en términos de los artículos 113 y 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 102, Apartado B, constitucional, por impugnarse actos relacionados con la facultad soberana de la Cámara de Senadores.
Fecha de resolución
03 de Marzo de 2021
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
Esta Segunda Sala declaró infundado el recurso de queja y confirmó el auto recurrido, aunque por diversa causal a la invocada por el Juez Federal -la prevista en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por impugnarse actos relacionados con la facultad soberana de la Cámara de Senadores -.

La causal de improcedencia que estimó actualizada esta Segunda Sala fue la prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al considerar que, dada la naturaleza de los actos combatidos, así como la calidad con la que los quejosos acudieron al juicio constitucional, no cuentan con interés jurídico ni legítimo para combatir el procedimiento de designación de la Titular de la CNDH, dado que los posibles “vicios” que en su caso se suscitaron en ese proceso, deben repercutir en un derecho humano que tutele a los quejosos o que tenga alguna afectación en su esfera de derechos -directa o indirectamente-.

En este caso, los actos reclamados no les causan un agravio personal y directo a sus derechos, ni se advierte la existencia de un vínculo entre tales actos y los promoventes que ponga en evidencia un agravio diferenciado en los términos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Pleno en relación con el interés legítimo.

Por lo que en este asunto no existe un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación de los actos reclamados les pueda producir un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, de tal manera que el estudio respectivo y una eventual sentencia protectora pueda justificarse.

Más bien, se dijo, que las violaciones que en todo caso les producen los actos reclamados, se vinculan con la restricción al derecho a la participación política en los asuntos públicos del Estado, conforme al cual se pugna por el derecho de participación de las fuerzas políticas con representación en condiciones de igualdad y libertad; empero, como dicho principio no tutela a los particulares, las eventuales irregularidades en el procedimiento de elección de un funcionario público, como el de la Presidenta de la CNDH, no tiene un impacto que pueda redundar en sus derechos -como individuos- al debido proceso, legalidad y acceso a la justicia reconocidos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal y, por ende, tales actos no pueden ser justiciables a través del juicio de amparo.
Sentido del voto del Ministro
Aun cuando comparto la decisión a la que arribó la Sala en relación a la improcedencia del juicio de amparo, respetuosamente, me separo de las consideraciones que sustentan el proyecto, porque considero que respecto a la elección de funcionarios, con independencia de quién acuda al amparo, resulta improcedente el juicio al ser un acto soberano y discrecional fuera de todo control constitucional, en términos del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo.

Dicho artículo dispone como causa de improcedencia del juicio de amparo, cuando en éste se pretendan controvertir resoluciones o declaraciones dictadas por el Congreso de la Unión o alguna de sus Cámaras, incluso sus comisiones permanentes, así como de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios; empero, el texto transcrito condiciona la actualización del supuesto de mérito a la circunstancia de que la Constitución Federal o local le confiera al órgano legislativo correspondiente la posibilidad de resolver soberanamente o de manera discrecional.

En el presente caso, que es el relativo a la elección de la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la referida causa de improcedencia se materializa puesto que se encuentra dentro de la hipótesis de la norma aludida.

Conforme al artículo 102, Apartado B, constitucional, se advierte que es facultad exclusiva de la Cámara de Senadores, o en sus recesos, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, elegir por votación al Consejo Consultivo y al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

La razón que subyace a dicha causal de improcedencia, según lo ha sustentado esta Sala al resolver, primero, el amparo en revisión 324/2018, en sesión de veintidós de agosto de dos mil dieciocho y, posteriormente, el amparo en revisión 974/2018, en sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en los que se analizó la constitucionalidad y convencionalidad del artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, particularmente, en lo tocante, por un lado, al procedimiento de elección de un Magistrado del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco y, por otro, la elección del Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, es la de privilegiar la voluntad de cada legislador u órgano correspondiente, para decidir y/o resolver el juicio sin injerencia de terceros (soberanamente) y respetando la atribución que constitucionalmente les ha sido conferida, conforme a su arbitrio y prudencia (discrecionalmente).

En el presente caso, de la demanda de amparo se advierte que los quejosos cuestionaron la constitucionalidad y la convencionalidad de la causal de improcedencia prevista en la fracción VII del referido numeral 61 de la Ley de Amparo y, por ende, señalan que resulta inaplicable, aduciendo –esencialmente– que veda de manera absoluta la posibilidad de ejercitar la acción de amparo, lo que vulnera sus derechos de audiencia y defensa, garantías judiciales, protección judicial, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia.

Acorde con lo sustentado por la Segunda Sala al resolver los referidos amparos en revisión, dicha causa de procedibilidad no resulta contraria al derecho humano de acceso a la justicia efectiva y, por ende, resulta aplicable a los actos que se pretenden reclamar en este juicio de amparo.

Al tratarse de un asunto muy similar a aquéllos, considero que la causal de improcedencia en estudio, no resulta contraria al derecho humano de acceso a la justicia efectiva y, por ende, resulta aplicable a los actos que se pretenden reclamar en este juicio de amparo, pues se trata de actos emitidos por la Cámara de Senadores en uso de las facultades exclusivas que constitucionalmente le fueron atribuidas en términos del artículo 102, apartado B, constitucional, los cuales no pueden ser objeto del juicio de amparo.

Conforme a los argumentos expuestos, como lo adelanté, si bien comparto la conclusión a la que arribó la Sala en este asunto, respetuosamente, considero que lo infundado de los agravios formulados por los recurrentes deriva de que en contra de las decisiones relacionadas con los procedimientos de elección, suspensión o remoción de funcionarios -en cualquiera de sus etapas, así como su resolución final-, al ser discrecionales y soberanas, en principio, resulta improcedente el amparo en términos de la causal prevista en la fracción VII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual, conforme a las consideraciones sostenidas en el presente voto y respecto del asunto materia de su objeto, no resulta inconstitucional o inconvencional.

No obstante, como lo he señalado en otros casos, esta constitucionalidad del precepto, en mi opinión como lo adelanté, respecto de la imposibilidad de impugnar ese tipo de decisiones es válida, “en principio”, pues considero que existe una excepción. Esta excepción se presenta en atención al principio de jerarquía normativa del artículo 133 de nuestra Constitución.

La norma legal prevista en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aplicable con todos sus alcances, siempre y cuando ello no implique la violación a lo dispuesto en la Ley Fundamental. Por tanto, aún en los casos previstos en el artículo 61, fracción VII, de la Ley antes señalada, la improcedencia que establece, no puede llegar al extremo de que se violen los principios, reglas y requisitos establecidos expresa y directamente en la Constitución para que el Congreso de la Unión designe a ciertos funcionarios públicos. Esta excepción a la aplicación del precepto de la Ley de Amparo antes aludido, abarca al tipo de violaciones señaladas, cometidas durante el procedimiento o en la resolución final.
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