Votos

Asunto
Recurso de Reclamación 11/2020-CA, Derivado de la Controversia Constitucional 293/2019
Tema
Determinar si es legal el acuerdo de 10 de diciembre de 2019, por el cual el Ministro instructor desechó por improcedente la demanda correspondiente a la controversia constitucional 293/2019, al considerar que el municipio actor carece de interés legítimo.
Fecha de resolución
24 de Junio de 2020
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
La Segunda Sala concluyó, por unanimidad de cinco votos, que el recurso de reclamación era infundado.

Se destacó que al resolver los recursos de reclamación 150/2019-CA y 151/2019-CA, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una nueva reflexión, estableció que la controversia constitucional no es la vía idónea para reclamar retenciones u omisiones de pago de participaciones y aportaciones federales. Lo anterior, porque en esos casos únicamente se analizan cuestiones de mera legalidad y, por tanto, no hay una afectación a la esfera competencial del municipio.

En el caso, el municipio actor impugna el “Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables, así como los montos de los fondos de aportaciones estatales, que corresponden a los municipios del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2019, publicado en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, de fecha 15 de febrero de 2019” . Además, reclama la retención o la omisión de garantizar las ministraciones mensuales de las participaciones y aportaciones que, a su decir, le corresponden.

De acuerdo con lo anterior, lo infundado del recurso de reclamación deriva de que el municipio actor pretendía que a través de la controversia constitucional se resolviera un problema que únicamente involucra aspectos de legalidad, ya que cuestionó que en el Acuerdo impugnado no se haya previsto la entrega de los recursos que le corresponden desde el inicio del ejercicio fiscal y, además, reclamó la falta de pago de las participaciones y aportaciones a que, desde su perspectiva, tiene derecho.

Si bien el municipio actor refiere que los actos impugnados vulneran los artículos 14, 16 y 115, de la Constitución Federal, ello también es insuficiente para revocar el acuerdo impugnado, pues como se dijo, se hace valer un conflicto de mera legalidad que no es susceptible de ser analizado y resuelto a través de la controversia constitucional pues, se insiste, el presente asunto no implica la determinación del contenido y alcance de las atribuciones conferidas al accionante, ni su invasión por parte del Poder demandado.
Sentido del voto del Ministro
Disiento de las consideraciones que sostuvo la mayoría de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para concluir que el municipio actor no cuenta con un interés legítimo para promover la controversia constitucional en contra del Acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que modifica al similar por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables, así como montos de los fondos de aportaciones estatales, que corresponden a los municipios del Estado de Morelos.

En primer lugar, me parece oportuno acudir a las consideraciones del Pleno de este Alto Tribunal, al resolver el recurso de reclamación 150/2019-CA, derivado de la controversia constitucional 279/2019, en sesión de tres de diciembre de dos mil diecinueve.

En aquel precedente, el Tribunal Pleno analizó si fue correcto desechar la demanda —por falta de interés legítimo— en la que el Municipio de Úrsulo Galván, del Estado de Veracruz de la Llave, impugnó la retención u omisión de entrega de recursos federales del Ramo General 23 y 28.

La litis que ahí se planteaba se trataba de un aspecto de mera legalidad, consistente en verificar si se habían realizado transferencias de recursos al Municipio en los plazos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal y de las demás disposiciones secundaras; al respecto, la mayoría de los Ministros integrantes del Pleno consideraron que dicha cuestión no se refería al análisis de las esferas competenciales del Municipio ni de la entidad federativa, tampoco a la probable invasión de éstas, sino de la mera verificación de si se habían realizado, o no, pagos en términos y plazos previstos por normas de mera legalidad.

En ese contexto, se consideró actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, pues la litis planteada en ese asunto no se relacionaba con la invasión de esferas competenciales, sino con meros aspectos de legalidad.

Aunado a lo anterior, el Pleno consideró que “pueden existir casos en los que la litis a resolver sea establecer si existen recursos que deben ser reconocidos como parte de la hacienda municipal, lo cual probablemente ocasionaría la actualización de un interés legítimo para acudir a la controversia constitucional, aspecto que deberá ser motivo de pronunciamiento en cada caso particular”.

En ese orden de ideas, el Tribunal Pleno estableció que, por regla general, la omisión, retención o entrega parcial de recursos federales por los estados a los municipios —en los tiempos previstos en las leyes federales y locales— no constituye un conflicto constitucional de invasión de esferas competenciales; sin embargo, también señaló expresamente la excepción a tal regla, consistente en que pueden existir actos a través de los cuales se determine si algún recurso de carácter federal debe considerarse o no parte de la hacienda municipal del actor, supuesto en el cual sí existiría un interés legítimo para promover la controversia constitucional.

En otras palabras, el solo análisis de si un recurso federal se entregó en los plazos legales no implica una violación directa a la Constitución Federal; mientras que establecer si los fondos federales le corresponden al municipio como parte de su hacienda sí sería una transgresión directa del artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo que hace al Acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, considero que sí es susceptible de ser impugnado en controversia constitucional.

En efecto, tratándose de la impugnación de dicho acuerdo sí da lugar a una cuestión de invasión de esferas competenciales, por violación directa al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal, toda vez que en dicho acuerdo se determina unilateralmente si los recursos o fondos a que se refiere le corresponden o no al municipio actor, es decir, si deben formar parte de la hacienda municipal.

Independientemente de lo anterior, me permito precisar que considero también que el recurso de reclamación es infundado, pero por motivos distintos, pues desde mi punto de vista se actualiza una causa de improcedencia diversa en relación con el Acuerdo de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, que modifica al similar por el que se da a conocer el calendario de entrega, porcentajes y montos estimados de los fondos federales participables, así como montos de los fondos de aportaciones estatales, que corresponden a los municipios del Estado de Morelos, dado que su vigencia se limitó al año dos mil diecinueve, por lo que actualmente han cesado sus efectos en términos del artículo 19, fracción V, de la Ley Reglamentaria de la Materia.

En consecuencia, los argumentos referidos al interés legítimo para demandar la invalidez del acuerdo de referencia, debieron declararse infundados por las razones antes referidas.
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