Votos

Asunto
Recurso de Reclamación 151/2019-ca, derivado de la Controversia Constitucional 248/2019
Tema
Procedencia de la controversia constitucional cuando se demanda la invalidez de omisiones de entrega de recursos federales al municipio actor.
Fecha de resolución
05 de Diciembre de 2019
Tipo de voto
Concurrente
Sentido de la resolución
Los integrantes de la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvieron el presente asunto en el sentido de que las omisiones impugnadas tenían el carácter de actos positivos, por el simple hecho de que existía una fecha cierta de pago establecida en los calendarios correspondientes a las entregas de los recursos federales.

Asimismo, se determinó que sobreseer por extemporaneidad y falta de definitividad.
Sentido del voto del Ministro
En mi opinión, los actos impugnados son la omisión en la ministración de recursos económicos, pues las manifestaciones de la demanda ponen en evidencia que el actor afirma no tener conocimiento de que se hubiera realizado, hasta la fecha de la presentación de su escrito inicial, la entrega respectiva.

Derivado de lo anterior, resulta aplicable lo resuelto en la controversia constitucional 135/2016, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, conforme a la cual, en realidad se advirtió que el acto que se pretendía impugnar tenía un carácter negativo o de una omisión absoluta.

El mero conocimiento de la fecha en que se debieron entregar los recursos es un aspecto relacionado con la configuración de la omisión (se necesita saber la data en que se tenían que ministrar los montos para poder afirmar que se ha incurrido en la omisión de su entrega) pero de forma alguna puede generar que se varíe o transforme la naturaleza del acto impugnado, esto es que un acto negativo (por tratarse de un no hacer) se transforme hacia uno positivo (un hacer).

Además, la única causa de improcedencia que justificaba confirmar el acuerdo recurrido, debió ser la prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, debido a que el municipio actor carece de interés legítimo para intentar la controversia constitucional.

Lo anterior, con motivo de que el objeto de estudio o materia de las controversias constitucionales son los conflictos que se generen entre dos o más órganos originarios del Estado, respecto del ámbito de competencia constitucional que les corresponde, es decir, por una invasión de esferas competenciales.

Sin embargo sólo se plantearon en la demanda aspectos sobre los plazos para la entrega de los recursos, los cuales se prevén en normas secundarias o legales; aduciendo, en relación con éstos, la retención u omisión de ministración de aportaciones, participaciones, o recursos federales.

En otras palabras, de la sola lectura de la demanda es factible advertir que la litis que pretendía el actor se dilucidara a través de una controversia constitucional, se trataba de un aspecto de mera legalidad, consistente en verificar si se habían realizado transferencias de recursos a los municipios en los plazos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal y las demás disposiciones secundarias aplicables.

De ello resultaba evidente advertir que el caso planteado no se refería al análisis de las esferas competenciales del municipio ni de la entidad federativa, así como tampoco a la probable invasión de éstas.
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