Votos

Asunto
Recurso de Reclamación 40/2021-CA , así como los recurso de reclamación 41/2021-CA, 42/2021-CA, 45/2021-CA, 46/2021-CA, 47/2021-CA y 51/2021-CA.
Tema
El voto concurrente se centra en que considera que no comparte que el recurso de reclamación proceda en contra de los acuerdos en los que se imponga una multa por falta de cumplimiento a un requerimiento efectuado por el Ministro Presidente.
Fecha de resolución
22 de Septiembre de 2021
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución
En primer lugar, se estima correcto que el Ministro Presidente formulara requerimientos directos al Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, a fin de que informara sobre el cumplimiento total de la sentencia.

En ese sentido, se condenó al Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, lo cual incluye a todas las dependencias y entidades que se encuentran subordinadas a dicho poder, en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de darle total cumplimiento; ello con independencia de que, en su ejecución, el Ministro Presidente realice requerimientos directos tanto al Gobernador, como titular de dicho Poder, como a los titulares de sus dependencias centralizadas y entidades paraestatales que jerárquicamente dependen del mismo.

Es por ello, que se concluye que la comunicación procesal del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, como autoridad demandada en la controversia principal, con este Alto Tribunal, se efectuó por conducto del representante del titular de ese Poder, esto es, el Secretario de Gobierno local.

Por tal razón, se considera correcto que el Ministro Presidente haya requerido al titular de la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz los informes relacionados con las acciones conducentes a fin de dar cumplimiento total a la sentencia dictada en lo principal.

Lo anterior, sin que pase desapercibido que, el Secretario de Gobierno no cuenta con imperio para conminar, sancionar u obligar al titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno estatal, al no ser su superior jerárquico, siendo que ambas dependencias se encuentran subordinadas al titular del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, ello no impide que el Ministro Presidente efectúe el requerimiento directamente al Secretario de Gobierno, ya que cuenta con la facultad de someter al acuerdo del Gobernador los asuntos encomendados a dicha dependencia, máxime si se trata de un asunto de carácter jurisdiccional ante esta Suprema Corte, a fin de dar prioridad al cumplimiento de un fallo dictado en instancia constitucional; pudiendo requerir a las demás dependencias los informes correspondientes con el fin de garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo estatal; e incluso, convocar a reuniones de gabinete que éste le ordene para tal fin.

En ese sentido, el agravio consistente en que el Secretario de Gobierno se limitó a canalizar los requerimientos a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, resulta insuficiente, porque cuenta con las facultades para lograr una respuesta de dicha dependencia, y en su caso, informar a este Alto Tribunal las acciones que el Gobierno ha efectuado para cumplimentar el fallo; o en caso contrario, la falta de respuesta de la Secretaría de Finanzas y Planeación local.

Por su parte, se advierte que el Secretario de Gobierno tuvo la oportunidad de pronunciarse en torno a los requerimientos efectuados por el Ministro Presidente; sin embargo, fue omiso al respecto.

También resulta infundado el segundo agravio, pues existió omisión del Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de informar de manera oportuna al Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones conducentes al cumplimiento del fallo principal.

En efecto, si bien aduce que giró oportunamente los oficios SG-DGJ/1083/03/2020, SG-DGJ/2852/10/2020; SG-DGJ/3919/12/2020 y SG-DGJ/0711/03/2021, a la Secretaría de Planeación y Finanzas, canalizando la notificación de la sentencia y los requerimientos del este Tribunal, en los que se contienen los apercibimientos de multa, lo cierto es que la obligación del Secretario de Gobierno era informar al Ministro Presidente la situación en torno al cumplimiento del fallo.

Finalmente, la materia de este recurso consiste en si fue correcto que el Ministro Presidente multara al Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, con motivo de sendos requerimientos efectuados, de lo cual, acorde con lo expuesto, resulta legal su imposición; sin que esta Segunda Sala se pronuncie en torno al total cumplimiento del fallo.
Sentido del voto del Ministro
La mayoría de los integrantes de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos pronunciamos a favor de la legalidad de los acuerdos en los que se impusieron las multas; sin embargo, debo mencionar que voté a favor del proyecto obligado por la mayoría, ya que en lo particular no comparto la procedencia del recurso de reclamación en contra de los acuerdos en los que se imponga una multa por falta de cumplimiento a un requerimiento efectuado por el Ministro Presidente.

Sostengo lo anterior porque, respetuosamente, considero que la interpretación de la fracción II del artículo 51 de la Ley Reglamentaria que realizó esta Segunda Sala en los recursos de reclamación 10/2020-CA y 23/2020-CA también es aplicable en estos casos, esto es, cuando se impugne un acuerdo en el que se imponga una multa por falta de cumplimiento a una sentencia emitida dentro de una controversia constitucional.

Ello es así, porque la fracción II del artículo 51 de la Ley Reglamentaria establece la procedencia del recurso de reclamación para combatir los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar agravio material a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva.

Al respecto, esta Sala, en los precedente citados, estimó por una parte, que el acuerdo emitido en etapa de ejecución no es una determinación que ponga fin a la controversia, pues aún se encuentra pendiente el cumplimiento de la ejecutoria; y consideró por otra parte, que el supuesto referente a que el acuerdo sea de naturaleza trascendental y grave que pudiera causar un agravio material a las partes no reparable en la sentencia definitiva rige en aquellas determinaciones emitidas durante la instrucción del procedimiento, y no en aquellas que pertenezcan a la etapa de ejecución.

Es por ello que, si el acuerdo impugnado se emitió en la etapa de ejecución de sentencia, en aras de obtener su cumplimiento se advierte que no se configuran los supuestos de la fracción II del artículo 51 de la Ley Reglamentaria.

Por estas razones, respetuosamente, disiento sobre la procedencia del recurso de reclamación.
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