Votos

Asunto
Recurso de reclamación 935/2020
Tema
Se analizó la legalidad del acuerdo emitido por el Ministro Presidente en el amparo directo en revisión 884/2020 el 12 de febrero de 2020, mediante el cual desechó el recurso de revisión al considerar que el problema de constitucionalidad de los artículos 5 y 15, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como 178, 179 y 192 de la Ley de Concursos Mercantiles, no revestía el carácter de importancia y trascendencia.
Fecha de resolución
28 de Octubre de 2020
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
Declarar infundado el recurso declamación y confirmar el acuerdo recurrido, debido a que el asunto carecía de importancia y trascendencia, ya que los temas de constitucionalidad planteados estaban resueltos con el amparo directo en revisión 3847/2019, resuelto por unanimidad de cuatro votos de la Segunda Sala en sesión de 21 de noviembre de 2019.

Lo anterior porque en dicha ejecutoria se sostuvieron las siguientes consideraciones:

• Los intereses de las empresas declaradas en quiebra se defienden a través del Síndico, quien debe ejercer con probidad y diligencia las funciones que la ley le encomienda y efectuar las actuaciones procesales que se le imponen en forma clara y ordenada, lo cual no transgrede los artículos 17 constitucional y 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• El artículo 178 de la Ley de Concursos Mercantiles establece que declarada la quiebra el comerciante será removido en la administración de su empresa y sustituido por el Síndico, quien cuenta con amplias facultades de dominio.

• La quiebra se configura como la última etapa del concurso mercantil con la finalidad de vender la empresa y las unidades productivas o bienes que la integran, así como el consecuente pago de acreedores, lo que genera la suspensión de la capacidad de ejercicio del comerciante sobre los bienes y derechos que integran la masa, sin que ello vulnere el artículo 17 constitucional o numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el Síndico debe obrar siempre como un administrador diligente en negocio propio en el desempeño de la administración de la empresa del comerciante.

• Por tanto, no se menoscaban dichos derechos pues los intereses de las empresas declaradas en quiebra se defienden a través de quien se encuentra facultado para hacerlo, ya que el reconocimiento de una tutela judicial efectiva no obliga a que se realice por medio del representante legal del comerciante en quiebra, estando los bienes y derechos bajo la administración y dominio del Síndico, quien está facultado para hacerlo valer en las instancias correspondientes.
Sentido del voto del Ministro
En principio, reitero que mi posición en la resolución de este tipo de asuntos ha sido que no es suficiente desechar un recurso de revisión por la falta de importancia y trascendencia al existir criterios aislados o genéricos que no resuelven el problema de constitucionalidad de las normas generales impugnadas.

En ese sentido, si al invocarse criterios contenidos en precedentes aislados o tesis de jurisprudencia con carácter orientador, estimo que como mínimo, debe determinarse caso por caso si los razonamientos contenidos en dichos criterios son jurídicamente aplicables para la solución del problema de constitucionalidad planteado.

En el caso concreto disiento de la decisión mayoritaria, pues en mi opinión, el recurso de reclamación debió declararse fundado y, con ello, revocar el acuerdo recurrido por medio del cual se desechó el recurso de revisión por no cumplir con los requisitos de importancia y trascendencia.

Ello es así, pues si bien las consideraciones contenidas en el amparo directo en revisión 3847/2019 podrían ser orientadoras en cuanto al problema de constitucionalidad de las normas generales impugnadas en lo relativo a la violación al derecho de acceso a la justicia y al principio de seguridad jurídica, lo cierto es que lo decidido en la ejecutoria mencionada no ofrece consideraciones encaminadas a solucionar el planteamiento de la recurrente consistente en que las normas impugnadas son violatorias del derecho de igualdad y no discriminación.

Al respecto, cabe reiterar que la quejosa sostuvo que las normas impugnadas no establecen una razón jurídicamente válida para tratar de forma desigual a sociedades que se encuentran en situación de quiebra y a las que no lo están, toda vez que a las primeras al contar con un Síndico designado no se les permite acceder al juicio contencioso, mientras que a las segundas –que no están en situación de quiebra– sí pueden acceder al juicio y ser requeridas para demostrar una deficiencia en su personalidad.

Luego, al no estar resuelto el planteamiento de constitucionalidad antes señalado con lo determinado en el precedente mencionado ni con algún criterio aislado o de jurisprudencia exactamente aplicable, considero que ello debería dar lugar a que se admita el recurso de revisión a efecto de que fuera estudiado en la sentencia respectiva.

Por las razones expresadas es que respetuosamente disiento de la determinación a la que arribó la mayoría de la señora y los señores Ministros integrantes de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el presente recurso de reclamación.
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