Votos

Asunto
Sustitución de Jurisprudencia 10/2017

Tema
¿Es el caso de modificar la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) emitida por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)., para excluir su aplicación en los asuntos de naturaleza mercantil en los que se haya trabado un embargado?
Fecha de resolución
18 de Septiembre de 2018
Tipo de voto
Voto Concurrente
Sentido de la resolución
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de nueve votos, declaró infundada la sustitución de jurisprudencia solicitada.

Dicho criterio se orientó en el sentido de que en el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, de la Ley de Amparo en vigor, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, en tanto mediante una definición legal reiteró su propósito de que en los procedimientos judiciales como en los administrativos seguidos en forma de juicio, dichos actos se entiendan como aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos y no solo una afectación formal o procesal que no trasciende al resultado del fallo.

Se señaló, además, que esa interpretación se deduce de dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en juicio: a) que esos actos afectan materialmente derechos, es decir, que impidan el libre ejercicio de algún derecho en forma presente y b) que esos derechos revistan la categoría de derecho sustantivo.

De lo cual se sostuvo que, no podía seguir siendo aplicable la jurisprudencia de rubro: “PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.”, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta la interpretación de lo que debía entenderse por dicha expresión, lo que en la actualidad ya no acontecía.

En ese sentido, el Tribunal Pleno precisó que las violaciones procesales están sujetan, entonces, al principio de concentración, a fin de no entorpecer el estudio del debate fundamental, por lo que es necesario restringir la interposición de recursos o medios de defensa en contra de las cuestiones accidentales o incidentales que surjan durante el procedimiento y derivado de ello, las violaciones procesales están sujetas a dicho principio y no pueden impugnarse mediante juicios de amparo, sino que debe esperarse a que se dicte la sentencia definitiva.

Y sentado lo anterior, el Tribunal Pleno determinó que la naturaleza de la resolución que confirma la diversa de primera instancia que declara infundada la excepción de falta de personalidad, es de índole procesal y que la imposibilidad de impugnar en el juicio tal resolución, implica que el demandado deba someterse a un juicio, en el que durante su tramitación verá afectado su derecho de propiedad con motivo del secuestro de bienes, cuando dicho juicio podría darse por terminado de inmediato ante una eventual concesión de amparo.

No obstante, se indicó que la procedencia del amparo indirecto está sujeta a que el acto reclamado sea de imposible reparación, es decir, que por sí mismo afecte materialmente derechos sustantivos, de manera que el atributo de irreparabilidad debe corresponder al acto autoritario en sí mismo; empero, en el caso, no es la resolución que desestima la excepción de falta de personalidad la que constituye el acto de imposible reparación, sino lo que se afirma es que cuando esa determinación se dicta en un juicio mercantil en que exista un embargo, la falta de resolución inmediata del tema, trae como consecuencia que la afectación al derecho sustantivo de propiedad dure todo el procedimiento, que es lo que lesiona el derecho de propiedad.

De tal manera que, aun considerando que no es la determinación que desestima la falta de personalidad la que genera la afectación de algún derecho sustantivo, sino la resolución que ordena el embargo y su ejecución, lo que se pretende es establecer un caso de excepción donde la ley no lo establece, lo que no está legalmente permitido y como la regla general dicta que el estudio de las violaciones procesales debe concentrarse y no existe una excepción que prevea la posibilidad de que se reclamen en amparo indirecto los actos de autoridad que generan consecuencias que afecten derechos sustantivos, entonces no procede crear ese caso de excepción; de ahí la improcedencia de sustituir la jurisprudencia.
Sentido del voto del Ministro
La fracción III inciso b) del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue aprobada sin modificación alguna durante el proceso de reformas de seis de junio de dos mil once, conservando hasta la actualidad el señalamiento relativo a la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.

Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación a la procedencia del juicio de amparo indirecto, define a los actos de “imposible reparación” como aquellos que “afecten materialmente derechos sustantivos” tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Como se puede observar, en la Constitución Federal no existe una definición de lo que esto implica y si bien durante décadas este Tribunal Pleno consideró que actos de ejecución irreparable era todo aquello de lo que el juez no se podía hacer cargo en la sentencia definitiva; en la Octava Época lo restringió a establecer que exclusivamente aquellos que afectaran derechos sustantivos; en la Novena Época dicha concepción se amplió para entender que debían ser consideradas también las violaciones procesales relevantes o de jerarquía superior; sin embargo, el criterio vigente de la mayoría de este Tribunal Pleno, vuelve a restringir o limitar la procedencia del amparo indirecto para cuando se afecten solamente derechos sustantivos, lo que respetuosamente no comparto.

Esto es así, pues considero que tal entendimiento va más allá de lo expresamente establecido en la Constitución Federal, ya que si en ella no se define lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, no le es dable al legislador acotar dicha concepción, pues tal como lo venía haciendo esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudieran existir violaciones procesales relevantes o de jerarquía superior que afecten derechos sustantivos susceptibles también de impugnarse en la vía indirecta.

En ese sentido, si el precepto constitucional en comento no establece o delimita de modo alguno cómo debe entenderse el concepto de un “acto imposible reparación”, puede concluirse entonces que el amparo biinstancial procede contra actos en un juicio que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y, además, contra violaciones procesales relevantes o de jerarquía superior que pudieran afectar dichos derechos.

Consecuentemente, respetando la posición asumida por la mayoría, en atención a la postura que he sostenido en diversos asuntos en los que se ha abordado el estudio del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no comparto las consideraciones a través de las cuales se llega al entendimiento de lo que es un acto de “imposible reparación”.

En relación a lo anteriormente señalado, he sostenido que en muchas ocasiones, si bien no directamente se afectan derechos sustantivos, por la naturaleza de los derechos en juego en un litigio, si se afectan derechos patrimoniales e inclusive familiares, al no reconocer que procede el amparo indirecto para impugnar cuestiones como la falta de legitimación de la contraparte para actuar en juicio.

Este caso concreto involucra una de esas situaciones en que se puede considerar que a pesar de que, en principio, se trata de un aspecto que no involucra derechos sustantivos, por las características de la materia del asunto y los efectos que puede tener el retraso en conocer en amparo indirecto la cuestión planteada y resolverla, se afectan derechos sustantivos en una proporción relevante y que, por tanto, vuelve tal afectación irreparable.

En atención a los sólidos razonamientos del Tribunal Colegiado y del Pleno de Circuito, máxime si se atiende a la adición del párrafo tercero del artículo 17 de la Constitución Federal , en el que se establece que “…siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales…”, cuyos alcances no han sido materia de análisis por este Tribunal en Pleno; pues considero que dicha reforma podría apoyar la posición de revisar éste y otros criterios asumidos por este Alto Tribunal. La resolución adoptada por la mayoría, implica una restricción o limitación absoluta de la procedencia del amparo indirecto solo a los casos en que se afecten derechos sustantivos, sin considerar que en ciertas circunstancias, como las que se presentaban en esta solicitud de sustitución de jurisprudencia, una cuestión de forma también involucra la afectación de derechos sustantivos, que por el solo transcurso del tiempo se ven afectados de manera relevante por generar, en el mejor de los casos, un daño parcialmente irreparable.
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