Votos

Asunto
Voto concurrente amparo directo en revisión 4904/2018
Tema
Determinar si era o no aplicable el juicio de ponderación entre el interés superior de los menores y el derecho a la estabilidad en el empleo de un trabajador sentenciado penalmente por cometer el delito de lesiones en contra de un menor de edad.
Fecha de resolución
14 de Noviembre de 2018
Tipo de voto
Voto concurrente
Sentido de la resolución

Se concluyó que el ejercicio de ponderación hecho por el Tribunal Colegiado del conocimiento entre el interés superior de los menores y el derecho a la estabilidad en el empleo, fue correcto.

Ello porque al aplicarlos estaba obligado a tomar en cuenta el interés superior del menor, a fin de que en todo momento se garantice la protección integral de los niños y niñas, evitándoles cualquier afectación, lo que se traduce en la obligación de ponderar sus intereses frente a aquellos de terceros, en este caso, el derecho a la estabilidad en el empleo del profesor dado de baja.

Finalmente, se determinó que si bien era improcedente la reinstalación reclamada por el actor al prevalecer el interés superior de los menores, ello no conllevaba que dejaran de analizarse las demás prestaciones que demandó, las cuales no guardaban relación con la estabilidad en el empleo tales como el pago de los salarios caídos y sus incrementos, compensación garantizada, despensa, ayuda para servicios, primas quinquenales, subsidios de impuestos apoyo para desarrollo y capacitación, aumento salariales, compensaciones anuales, bonos, aguinaldos, prima vacacional, generados a partir del dieciséis de octubre de dos mil nueve y hasta la conclusión del juicio, así como la nulidad de diversos oficios.

En consecuencia, se declaró que lo procedente era modificar la sentencia recurrida y reservar jurisdicción al Tribunal Colegiado de Circuito, a fin de que analizara las demás prestaciones reclamadas, al tratarse de un tema de legalidad que corresponde a su exclusiva competencia.
Sentido del voto del Ministro
Ahora bien, comparto en general tanto el sentido como las consideraciones de la resolución; sin embargo, estimo pertinente formular algunas precisiones a manera de voto concurrente.

En primer término, difiero de que no obstante de que fue declarada improcedente la acción de reinstalación ejercida por el trabajador, como consecuencia del estudio ponderación de derechos que se realizó para dirimir la controversia, se califique como injustificado el despido reclamado, en razón de lo siguiente.

Como se refiere en los antecedentes del asunto, la separación del trabajador se llevó a cabo sin que el empleador siguiera el procedimiento para darlo de baja previsto en los artículos 46 y 46 BIS de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al estimar que era innecesario debido a que el profesor fue sentenciado a la pena de tres meses de prisión, por su responsabilidad en la comisión del delito de lesiones en contra de un alumno.

Con base en lo anterior, en mi opinión, el despido del trabajador tuvo justificación y, por ende, éste carecía de acción para reclamar su reinstalación en el cargo de profesor que desempeñaba, pues el hecho de que haya sido condenado mediante ejecutoria en la que se le declaró responsable de transgredir la integridad física de un alumno es razón suficiente para dejar sin efectos su nombramiento de base, aun sin seguir el procedimiento establecido para darlo de baja.

Ello en atención al estudio de ponderación realizado para resolver la controversia, pues frente al derecho a la estabilidad en el empleo de un trabajador de base debe prevalecer el interés superior de los menores, el cual se pondría en riesgo con la reincorporación del actor; máxime si se toma en cuenta que probablemente el alumno que fue víctima del delito todavía asista a la misma institución educativa.

De esa manera, el hecho de que el profesor demandante hubiera sido condenado mediante sentencia firme por el delito de lesiones en contra de un menor, lleva a concluir que el despido reclamado por el actor no fue injustificado aun cuando la empleadora no siguiera el procedimiento de separación regulado en los artículos 46 y 46 BIS de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues ello atendió a garantizar la seguridad de los alumnos, lo que justifica la afectación que se ocasionó al trabajador de base.

Consecuentemente, considero que no debió reservarse jurisdicción al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con el objeto de que analizara las demás prestaciones reclamadas en la demanda de origen, las cuales se afirmó no guardaban relación con la estabilidad en el empleo.

Lo anterior, ya que al no prosperar la acción de reinstalación reclamada por el actor también debieron ser improcedentes las prestaciones accesorias al seguir la suerte de la principal, tales como el pago de los salarios caídos y sus incrementos, así como todas aquéllas reclamadas desde su suspensión y hasta la conclusión del juicio.
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