Votos

Asunto
Voto Particular Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus acumuladas
Tema
Determinar el alcance del derecho de réplica y su regulación; los sujetos obligados y las reglas específicas para los sujetos electorales; el procedimiento frente a los sujetos obligados y, finalmente, la vía jurisdiccional, para el caso en que haya desacuerdo con la respuesta del sujeto obligado.
Fecha de resolución
01 de Febrero de 2018
Tipo de voto
Voto particular
Sentido de la resolución
Las citadas acciones fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los partidos de la Revolución Democrática y MORENA, contra el decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria del Artículo 6°, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , en materia del Derecho de Réplica y reforma y adiciona el artículo 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de noviembre de dos mil quince.

En la resolución del Tribunal Pleno, se llevó a cabo el análisis de los tópicos planteados siguiendo el orden de los artículos en la ley, lo que dio lugar a cuatro apartados temáticos, a saber, el alcance del derecho de réplica y su regulación; los sujetos obligados y las reglas específicas para los sujetos electorales; el procedimiento frente a los sujetos obligados y, finalmente, la vía jurisdiccional, para el caso en que haya desacuerdo con la respuesta del sujeto obligado.

En el presente voto desarrollaré algunas consideraciones sobre temas particulares que motivaron que, en algunos casos, emitiera mi postura a favor pero con consideraciones adicionales y, en otros, en contra del sentido propuesto. En ambos casos, por los motivos que en seguida expreso.
Sentido del voto del Ministro
En primer término –tal y como lo mencioné desde la primera vez que se discutió este asunto- compartí el criterio de la legitimación de los partidos para interponer estas acciones, sin embargo, me aparté de algunas expresiones.

Lo anterior, en virtud de que en mi opinión, es imperativo analizar el concepto de legitimación procesal, iniciando con la distinción entre legitimación ad procesum y ad causam: la primera, es la que surge cuando el que comparece en el juicio ejercitando un derecho es quien está facultado para hacerlo valer; mientras que la segunda implica tener aquel derecho que se exige en el juicio. La diferencia entre ambas es clara, pues mientras la primera es un requisito para la procedencia del juicio, la otra lo es para obtener una sentencia favorable.

Ahora, la legitimación ad procesum de quien acciona es un presupuesto procesal, en tanto reúne los siguientes elementos: 1) su existencia o inexistencia está determinada por una norma procesal, y 2) su existencia o inexistencia no atiende a determinar una cuestión del fondo de la controversia, sino a que ésta pueda dictarse o no.

La falta de legitimación ad procesum destruye el proceso e impide el dictado de una sentencia de fondo, por lo que si se advierte durante la tramitación del mismo, deberá decretarse su sobreseimiento. Por el contrario, la falta de legitimación ad causam, al referirse a una cuestión de fondo, no tendría como consecuencia la destrucción del proceso, sino que se dictara sentencia en contra de la pretensión del accionante. Es por ello que cabe conceptuar a la legitimación activa del promovente como un presupuesto procesal.

Si es sostenible que ante la duda para determinar si se goza o no de legitimidad ad procesum puede actuarse con flexibilidad, según lo establecido por este Tribunal, con mayor razón se puede actuar en el mismo sentido cuando hay elementos normativos que permiten una interpretación favorable al promovente, como es en el presente caso. Veamos.

El artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla la legitimación de los partidos políticos para promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales, en los términos siguientes:

“Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
[…]
II.- De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
[…]
f).- Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro.”

La referida facultad se incorporó al texto constitucional mediante la reforma del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis; en el dictamen del treinta y uno de julio del mismo año, la Cámara de origen, en relación con la incorporación de la mencionada facultad, dijo lo siguiente:

“V. Justicia electoral
[…]
Especial atención merece la reforma de la fracción II, en ésta, la adición de un inciso f, y la adición de dos párrafos cuarto y quinto, a la fracción III del artículo 105 de la Constitución. En la segunda fracción se suprime la actual excepción para que la Suprema Corte de Justicia conozca de acciones de inconstitucionalidad, en materia electoral y, en el inciso f, se establece el derecho de los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral de ejercitar acción de inconstitucionalidad ‘...en contra de leyes electorales federales o locales y los partidos políticos con registro estatal, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por el órgano legislativo del estado que les otorgó el registro’ y ante qué instancias podrán ejercitar dicha acción; asimismo, en la fracción lll se precisa que ‘Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones sustantivas’ y que ‘La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo’".


Cabe hacer mención que la legitimación de los partidos políticos para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales, se encuentra también contenida en el artículo 62, párrafo tercero, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 constitucional, en los términos siguientes:

“Artículo 62.
[…]
En los términos previstos por el inciso f) de la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo ordenamiento.”

Así pues, queda de manifiesto que los partidos políticos con registro tienen expresamente conferida a nivel constitucional legitimación procesal para promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales. Esta es la regla general, pues cuando se trate de una ley electoral debe reconocérseles a los partidos políticos legitimación activa para impugnarlas (según se trate, en términos del artículo 105 constitucional, de leyes federales o locales a partidos nacionales o locales), independientemente del contenido material de las normas comprendidas en esas leyes (administrativas, jurisdiccionales, orgánicas, etcétera). La excepción, establecida con buen criterio por esta Suprema Corte, la constituyen aquellos casos que merecen un análisis específico encaminado a determinar si los partidos políticos cuentan con legitimación activa para impugnar, mediante acción de inconstitucionalidad, un ordenamiento —constitucional, legal o reglamentario— que propiamente no sea una ley electoral y que, sin embargo, contenga una norma que se pueda reputar de naturaleza electoral.

En el presente asunto, he coincidido con la mayoría, en principio, que el núcleo esencial de la materia electoral es lo relacionado con el proceso electoral, y que debe considerarse como tal todo aquello que pueda influir directa o indirectamente en éste; sin embargo, las normas electorales no deben verse restrictivamente como aquéllas que sólo se vinculan directa o indirectamente al proceso electoral, sino como todas aquellas que regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con tales procesos, o que deban influir de una forma u otra en los mismos .

Así, la legitimación de los partidos políticos accionantes se encuentra acreditada dado el contenido material de las normas que están en la ley de réplica, además de que en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales hay una remisión expresa que se dejó durante un tiempo de tránsito para que fuera la ley que regula la réplica la que se aplicara en estos casos .

En efecto, la ley tiene una incidencia directa, no solamente en la materia electoral, sino en todos los ciudadanos; esto es así por dos razones: la primera, por la forma misma en que está redactada la ley; ésta no tiene un libro, un apartado, un capítulo específico para la materia electoral, –insisto– salvo esos matices o esos temas muy específicos que tienen que ver con los partidos y los candidatos, sino que la ley se nos presenta de manera general; estamos frente a una ley reglamentaria de un derecho constitucional cuya invalidez, en su caso, tendrá efectos generales sin importar quién la interpuso. Por ello, considero que queda acreditada fehacientemente la legitimación de los partidos políticos promoventes para plantear la contravención de la Ley en materia de réplica, al régimen constitucional.

CONSIDERACIONES PRELIMINARES. A efecto de fijar mi postura en cuanto al análisis de los temas de fondo, me parece necesario partir del contexto que tiene el derecho de réplica que ahora se somete a escrutinio.

Las libertades de información y expresión están reconocidas tanto en los artículos 6° y 7° de la Constitución , como en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ,19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 10.1 de la Convención Europea de Derechos Humanos

Esta precisión es relevante en tanto que, como se observa, en el derecho nacional y en los referentes internacionales citados, el derecho de réplica se originó con motivo del diverso a la información y éste como parte inherente de la libertad de expresión; primero como garantías individuales y ahora como derechos humanos , los cuales deben ser interpretados a la luz del artículo 1° de la CPEUM .

La réplica como derecho humano, ha ido evolucionando hasta concebirse como un derecho independiente esto es, con sus propias reglas y limitaciones. Así, en una primera etapa, se estableció con motivo de la reforma político electoral de 1997 y su regulación se concretó a incorporar en el artículo 6º Constitucional que el derecho a la información sería garantizado por el Estado . Al ser interpretado en ese entonces (Octava época) este precepto, por la otrora Segunda Sala, se desprendieron sus primeras características, entendiéndolo como garantía correlativa a la libertad de expresión y que correspondía al Estado garantizar a través de los diversos medios de comunicación, la manifestación de manera regular de la diversidad de opiniones de los partidos políticos.

También se distinguió que a través de los derechos de información y de libertad de expresión, no se pretendió establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado, en el momento en que lo estimara oportuno, pudiera solicitar y obtener de órganos del Estado determinada información; es decir, que no se creó en favor del particular la facultad de elegir arbitrariamente la vía mediante la cual pudiera conocer ciertos datos de la actividad realizada por las autoridades, sino que esa facultad debía ejercerse por el medio que se señalara legalmente .

La naturaleza puramente electoral con la que originalmente se concibió el derecho a la información, fue ampliándose a través del ejercicio interpretativo de este Tribunal, el que estableció que la información opera como una garantía o derecho a conocer la verdad ; y, finalmente que también opera en una vertiente social tendente a proteger a la sociedad de información manipulada, incompleta o falsa .

En forma paralela al análisis y alcance del derecho a la información, este Tribunal determinó que el citado artículo 6 tiene estrecha relación con el diverso 7, ambos de la Constitución Federal, en tanto que dichos numerales reconocen los derechos de las personas a informarse pero también a expresarse y, por ello, ambos garantizan el marco constitucional de un estado democrático, en tanto que a través de ellos, no sólo se protegen libertades para la autonomía personal de los individuos, sino también protegen y garantizan un espacio público de deliberación política .

En un siguiente eslabón, surgió en forma diferenciada, el derecho de réplica reglamentado inicialmente a través de la Ley sobre Delitos de Imprenta, cuyo artículo 27 establecía a cargo de los periódicos la obligación de publicar gratuitamente las rectificaciones o respuestas que las autoridades, empleados o particulares quieran dar a las alusiones que se les hagan . Posteriormente, con motivo de la diversa reforma Constitucional en 2007 , este derecho se introdujo en el primer párrafo del artículo 6º de la CPEUM .

Este postulado constitucional fue retomado por el Legislador Federal para ser desarrollada en el proceso que culminó con la Ley Reglamentaria del artículo 6º, párrafo primero de la Constitución -cuya constitucionalidad se cuestiona en las presentes acciones de inconstitucionalidad-. Esta nueva regulación pone de manifiesto que los derechos a la información y a la libertad de expresión, aunados ahora con el diverso de réplica, son derechos en tensión que deben equilibrarse, cada uno de ellos tiene una faceta individual y una vertiente social.

En mi opinión, este equilibrio no puede ser absoluto, en tanto que habrá de ponderarse en cada caso, cómo cada uno de ellos deberá ceder ante el otro, se trata de derechos fundamentales que coexisten y que en conjunto, garantizan el ejercicio democrático de ideas en un auténtico Estado de Derecho . Así, se trata de derechos fundamentales en un Estado constitucional que tienen como elemento común, una doble faceta. Por un lado, aseguran a las personas espacios esenciales para el despliegue de su autonomía y, por otro, gozan de una vertiente pública, colectiva o institucional que los convierte en piezas básicas para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa

Una vez hechas estas precisiones respecto del contexto normativo que rige en la materia, procedo a fijar mi postura en torno al análisis de algunos de los temas de fondo que serán materia de este voto.

OPINIÓN EN EL ESTUDIO DE FONDO.

I. La Ley Reglamentaria establece en primer término, que el derecho de réplica tenga cabida únicamente, cuando se trate de información falsa o inexacta. La resolución del Tribunal Pleno abordó esta temática, vinculándola con los artículos 2, fracción II; 3, primer y último párrafos; 17,19, fracción III; 21, tercer párrafo; 25, fracción VII y 37, concluyendo la constitucionalidad de estos preceptos por cuanto prevén esta limitante.

Coincido con la postura de la resolución en cuanto se consideró constitucionalmente válido, que la ley prevea que el derecho de réplica se ejercerá respecto de información “inexacta o falsa”.

Lo anterior, en virtud de que la finalidad de este derecho fundamental es justamente, otorgar la posibilidad de aclarar información que se considere inexacta o que no corresponda a la realidad, lo cual se relaciona con el derecho de la sociedad a recibir información veraz, así como con el derecho de quien ha sido aludido en la información difundida. Esto es, convergen el derecho de quien ejerce o solicita la respuesta, al medio de comunicación que haya emitido la información y, por otra parte, el derecho de que la sociedad pueda formarse su propio juicio como consecuencia de ser la destinataria de información exacta .

Ello, en razón de que lo primordial tratándose del derecho de réplica es responder información inexacta o falsa y aclararla a efecto de proteger el honor, la reputación, la intimidad y la dignidad del sujeto que ha sido aludido . En esto es importante hacer hincapié - tal y como se estableció en la ejecutoria del Tribunal Pleno-, que la réplica no constituye un mecanismo de reparación ni de fincamiento ulterior de responsabilidades pues para ello están expeditas otras vías.

Por tanto, el elemento accionante del derecho de réplica es que se haya actualizado la difusión de información y que ésta resulte falsa o inexacta, lo que provoca que quien fue aludido pueda solicitarlo. Cabe puntualizar entonces, que lo que debe ser inexacto o falso es lo fáctico, quedando por ende, excluidas del objeto del derecho de réplica, las opiniones puesto que, precisamente por sus características, éstas no pueden entrañar una falsedad, una certeza, una inexactitud o una exactitud, sino que reflejan el sentir de la persona que las emite .

El alcance del agravio, es materia del punto que desarrollo en seguida.

II. El siguiente tema que se vincula de manera estrecha con lo hasta aquí vertido, fue el planteado en torno a si es constitucional o no, que se exija que la difusión de la información falsa o inexacta haya generado un agravio a la persona.

En la resolución del Tribunal Pleno se vinculó este análisis con los artículos 2, fracción II; 3, primer párrafo; 17; 19, fracción III, y 25, fracción VII son inconstitucionales al establecer el requisito de “demostrar un perjuicio”, ya que resulta excesivo pues la publicación de información falsa por sí misma causa una afectación.

Coincido con la conclusión alcanzada en la ejecutoria, en cuanto estimó parcialmente fundado el concepto de invalidez por considerar que el derecho de réplica no es un mecanismo reparador de agravios y, en ese sentido, lo fundamental es probar la falsedad o inexactitud de lo publicado y no así el agravio generado. No obstante, quiero hacer algunas precisiones para señalar que, en mi opinión, la alusión a causar agravio debe entenderse en dos sedes, la primera que se tiene frente a los medios de comunicación, en cuyo caso, dicho término debe constituir la afectación provocada por la inexactitud o falsedad de los hechos difundidos, los cuales se constituyen como elementos del acción del ejercicio del derecho; y, la segunda, en el ámbito jurisdiccional que tiene cabida cuando el medio de comunicación se ha negado a dar la réplica solicitada.

Este es el supuesto – ante órgano jurisdiccional- al que se refiere el artículo 25, fracción VII, de la Ley Reglamentaria, el cual regula las pruebas que la persona interesada debe presentar junto con su solicitud de inicio del procedimiento judicial y que debe concretarse a acreditar que se solicitó la réplica y a que se publicó información falsa o inexacta.

Por ello, estimo que la exigencia de acreditar un perjuicio en términos de esta fracción, es inconstitucional pues tal previsión desnaturaliza el derecho de réplica, el que como ya mencioné, debe ser interpretado en el contexto de un derecho humano y, por ende, de la manera más favorable. Así, en caso de acudir a la vía jurisdiccional, el agravio consistirá en la negativa del medio que difundió la información para otorgar la réplica, así como que la información desplegada sea falsa o inexacta. Por ello, cualquier exigencia adicional en cuanto a un posible perjuicio jurídico o legítimo, contradice tanto la finalidad del derecho como el espíritu de la ley reglamentaria que pretendió un trámite ágil y eficaz .

III.- Por otra parte, respecto de las disposiciones específicas en materia electoral, la ejecutoria del Pleno advirtió que el régimen especial se encuentra previsto en los artículos 3 y 37 de la Ley Reglamentaria. Estos tópicos se analizaron subdividiéndolos en varios subtemas, respecto de algunos de ellos me referiré en este apartado.

Los citados preceptos fueron impugnados por establecer el derecho de réplica para los partidos políticos, los precandidatos y los candidatos a puestos de elección popular, debidamente registrados ante las instancias electorales correspondientes, excluyendo a ciertos sujetos que también participan en el proceso.

En la resolución de la mayoría se declaró la validez de estos numerales, por considerar en lo fundamental, que tal distinción se justifica en la medida en que son únicamente esos sujetos los que pueden verse afectados por la difusión de información falsa o inexacta.

No comparto esta conclusión. En forma general, considero relevante destacar que en la dimensión política, tanto el derecho a la información como el de réplica cobran un especial matiz y un parámetro fundado en la importancia de la libre circulación de ideas para el fortalecimiento de la democracia representativa con el afán de garantizar un debate abierto sobre los asuntos públicos; ello, en tanto que una ciudadanía informada es imprescindible para suscitar la deliberación de asuntos de interés general.

Así, en su dimensión política, el ejercicio de ambos derechos se configura como un contrapeso de poder, ya que el devenir político se someta al escrutinio ciudadano y contribuye a la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos .

Por ello, el derecho de réplica cobra mayor fuerza cuando en los procesos electorales cualquier medio difunde informaciones de hechos que pueden ser falsos y que afectan a quien está buscando llegar a un cargo público, porque es lógico que esa información falsa o inexacta puede perjudicarlo gravemente en su aspiración; sin embargo, tal afectación no se constriñe a los partidos políticos, candidatos y precandidatos, sino a otros sujetos, que intervienen en el proceso electoral como son los candidatos independientes (de quienes se podría considerar están incluidos en la alusión genérica de candidatos) y los observadores electorales; estos últimos, si bien no aspiran a un cargo público, si pueden resultar afectados directa o indirectamente, por la difusión de información falsa o inexacta.

En efecto, conforme a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los observadores electorales deben rendir informes al Consejo General ante el que se encuentran registrados, los que necesariamente versarán sobre el desarrollo del proceso electoral, además de que previa solicitud pueden tener acceso a la información electoral que requieran para el mejor desarrollo de sus actividades y desarrollar su actividad en la instalación de la casilla, desarrollo de la votación, escrutinio, resultados, clausura de la casilla, entre otras.

En esta línea, estimo que respecto de su actividad de observación, se puede resentir alguna afectación por la falsedad o inexactitud de información vinculada con ellos (por ejemplo, imputándoles declaraciones o actos no hechos ni cometidos por ellos) y, por ende, no encuentro justificación razonable para que estos sujetos sean excluidos del derecho de réplica en materia electoral.

IV. Otros tópicos en los que quiero fijar mi postura, son los contenidos en el apartado relativo al procedimiento ante los sujetos obligados consistentes en la posibilidad de que los medios de comunicación se nieguen a publicar la réplica que se les solicite cuando la información haya sido generada por un tercero (artículos 18 y 19, fracción VIII de la Ley Reglamentaria.

Ello, en virtud de que al someterse a discusión del Tribunal Pleno el proyecto relativo, se determinó –por falta de idoneidad en la votación- desestimar le propuesta; sin embargo, quiero reiterar la postura que externé en sesión en el sentido de que si declaramos la invalidez de la diversa fracción VII del artículo 19 de la ley de la materia, que establece como excepción a la obligación de los medios de conferir la réplica: “Cuando la réplica verse sobre información oficial que en forma verbal o escrita emita cualquier servidor público que haya sido difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación .”; debimos pronunciarnos consecuentemente, por la invalidez de la fracción VIII del propio precepto que señala: “Cuando la información publicada o transmitida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia”.

Como se observa, entre ambas fracciones no existe —salvo la fuente— una diferencia sustancial, así mientras la fracción VII se alude a información difundida por una agencia de noticias o medio de comunicación; y en la fracción VIII, que la información difundida por el medio de comunicación provenga de una agencia de noticias y se haya citado a dicha agencia. De ahí que si entre ambas fracciones sólo se distingue por el origen o fuente de la información, debe aplicar la misma razón que imperó al declarar la invalidez de la fracción previamente analizada.

Esto, en virtud de que no debe realizarse el análisis aislado de cada fracción, sino considerarlo como un subsistema normativo contenido en el artículo 19 de la ley reglamentaria, en cuanto establece los casos en que los medios de comunicación, de manera excepcional, pueden negarse a dar acceso al derecho de réplica, lo cual a la vez, debe ser dimensionado en el marco normativo constitucional y reglamentario al que me referí desde el inicio de este voto.

En esta línea, la forma en la que el medio haya obtenido la información, constituye un elemento ajeno al derecho de acción al que ya también me he referido, el cual queda constreñido a la difusión de información falsa o inexacta ante la cual, el afectado podrá solicitar al medio, que se le confiera la réplica y es precisamente aquel que la haya difundido, el responsable de otorgarlo y, en caso de negativa, podrá intentarse el procedimiento jurisdiccional.

Concluir en sentido contrario, constituye un resquicio para la inseguridad jurídica que se distancia del marco normativo y naturaleza del derecho fundamental que sólo exige falsedad o inexactitud en lo fáctico .

Continuando con el análisis de los supuestos en los que el artículo 19 de la Ley Reglamentaria prevé que los sujetos obligados pueden negarse a publicar la réplica, destaca la hipótesis contenida en la fracción III de este numeral. En torno a dicha hipótesis, me pronuncié a favor del sentido del proyecto original que declaraba la inconstitucionalidad de ésta.

Sin embargo, con motivo de la postura mayoritaria del Tribunal Pleno, se acordó modificar la propuesta original y, optar por la interpretación conforme a efecto de declarar la validez de la fracción pero acotando los términos en que debe entenderse el concepto “agravio” para efecto de ejercer el derecho de réplica; postura que no compartí, atendiendo a lo que en seguida expongo:

La fracción III del artículo 19 de la Ley Reglamentaria prevé que los medios de comunicación pueden negarse a otorgar la réplica a quien la solicite, cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que aludan a la persona, que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasione un agravio.

Como lo indiqué, el Tribunal Pleno determinó que en una interpretación conforme, era conducente declarar la validez del precepto en la fracción aludida, siempre y cuando no se interprete como la posibilidad del medio de exigir al solicitante que le pruebe y le acredite un agravio económico, en su honor, en su vida privada, sino que al ser falsa o inexacta la información, el agravio se actualiza per se.

Aunque cuando analizamos el diverso artículo 3 de la propia ley reglamentaria estuvimos de acuerdo en que por el término agravio -en el contexto del derecho de réplica – debe entenderse como afectación con motivo de la difusión de información falsa o inexacta, me parece que la interpretación conforme por la que optó el Tribunal Pleno, pugna con el principio de seguridad jurídica porque se deja al arbitrio del medio de comunicación, argumentar que ese concepto tiene un alcance distinto y, consecuentemente, exigir al solicitante que acredite que la réplica se concretará a la aclaración de los datos o información que aluden a su persona y que ésta le ocasiona un agravio o bien, si se interpreta con la diversa fracción V, exigir incluso, la actualización de un agravio calificado equivalente a un interés jurídico; elementos que como ya apunté previamente en este voto, son ajenos al marco constitucional y legal que definen el alcance del derecho de réplica.

Por tales motivos, considero que tratándose de un elemento condicionante del derecho de acción de la réplica, no basta con indicar al medio de comunicación que realice determinada interpretación porque ello origina confusión sobre la determinación del alcance del agravio necesario para ejercer el derecho, dejando al arbitrio de los medios de comunicación determinar cuándo se configura o no dicho agravio. Por el contrario, es necesario que en aras de la certeza y seguridad jurídicas, que la regulación sea lo suficientemente clara y precisa .


V. En relación con la inconstitucionalidad del artículo 10, segundo párrafo de la ley reglamentaria , se propuso declarar la invalidez de dicho artículo en la porción normativa “en un plazo no mayor a cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea rectificar o responder” pues se debe cuidar mantener un balance entre el derecho a la seguridad jurídica de los medios de comunicación para que la solicitud no pueda presentarse en cualquier tiempo y la real oportunidad de los afectados de ejercer su derecho en plazos que resulten realistas.

En ese sentido se consideró que la invalidez deriva de dos elementos que aunados entre sí, generan incertidumbre jurídica, a saber, por una parte, que el plazo comience a contar al día hábil siguiente al en que se haya publicado o transmitido la información y, por otra, el corto plazo de cinco días hábiles para presentar el escrito, lo que se traduce en hacer nugatorio el derecho de réplica.

Tal y como me pronuncié cuando se discutió esta porción normativa , la declaración de invalidez sustentada en las premisas mencionadas, me resultó muy dudosa y, por tal motivo, emití mi voto en contra.

Lo anterior, en virtud de que por una parte, la previsión de un plazo queda dentro de la libertad configurativa del Legislador y, en todo caso, la determinación de éste para regular el derecho de réplica debe analizarse en congruencia con la naturaleza del derecho fundamental y con las demás disposiciones de la Constitución General, con la finalidad de hacer efectivo el ejercicio de aquél.


Como ya lo señalé, tratándose del derecho de réplica, la ley reglamentaria buscó dar agilidad e inmediatez a su ejercicio, lo cual encuentra razonabilidad en la dinámica del flujo de información en los medios de comunicación, de tal suerte que la previsión de determinado plazo en la ley, lejos de resultar inconstitucional, garantiza la seguridad jurídica en el ejercicio de este derecho fundamental, considerado tanto desde la perspectiva individual del solicitante, como en su vertiente social, ya que confiere certeza a la sociedad de que en caso de existir alguna réplica de un sujeto aludido, ésta se conocerá de manera oportuna de manera que no se haga nugatorio el ejercicio de ese derecho.

No desconozco que la libertad configurativa del Legislador encuentra su propia limitación , en la congruencia que deben observar entre sí las normas constitucionales y tratándose de derechos humanos además, en los tratados internacionales suscritos por México, de conformidad con el artículo 1º constitucional; sin embargo, la imposición de un plazo breve encuentra en el caso, una justificación que garantiza el ejercicio de un derecho .

Lo anterior se aúna al hecho de que ese plazo breve también rige para el medio que difundió la información de donde se sigue un equilibrio que rige para los sujetos obligados. Así, a partir de la fecha de recepción del escrito en el que se solicita el derecho de réplica, el medio tendrá un plazo máximo de tres días hábiles para resolver sobre la procedencia de la solicitud de réplica, lo cual deberá notificar al solicitante dentro de los tres días hábiles siguiente y, en caso de conferirse, deberá publicarse o transmitirse al día hábil siguiente al de la notificación de la resolución.

Esto es, el plazo previsto por el Legislador ponderó la naturaleza y el alcance de los derechos en juego; situación que no es privativa del derecho de réplica, sino que también impera en otras materias como la electoral , en la que atendiendo a la dinámica de los procesos, los plazos son muy reducidos y respecto de ellos, este Tribunal ha reconocido la libertad de configuración del Legislador y, por ende, la constitucionalidad de las normas analizadas .

VI. Sobre la inconstitucionalidad que se propuso al Tribunal Pleno en relación con el artículo 35 de la Ley Reglamentaria , al prever una segunda instancia, emití opinión en contra y aun cuando en este punto la consulta fue desestimada, quiero hacer hincapié en la postura que asumí sobre la validez constitucional de este precepto.

Del contenido del citado precepto se observa que en él se establece que en contra de las resoluciones que el Juez emita de conformidad con la Ley reglamentaria, procede el recurso de apelación, en los términos previstos por el Código Federal de Procedimientos Civiles .

1. La previsión de esta segunda instancia- que también constituye una previsión producto de la libertad configurativa del Legislador- no se contrapone a la agilidad que debe regir el ejercicio del derecho de réplica ya que las disposiciones que norman el desahogo del medio impugnativo, también son breves para la sustanciación, tramitación y resolución y constituyen una posibilidad de que se revise por otro órgano jurisdiccional, la resolución primigenia, lo cual se erige como una segunda oportunidad que garantiza un efectivo acceso a la justicia . Ello también resulta compatible con lo previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

VII. Un punto adicional en el que reservé derecho para formular voto concurrente es el que respondió a la interrogante sobre si es constitucional que se prevea la competencia de jueces de distrito para conocer de cualquier procedimiento con motivo del ejercicio de réplica, sin distinguir a los procesos que interpongan los “sujetos electorales”.

Compartí el sentido de la ejecutoria por cuanto reconoce la validez de los artículos 3, último párrafo, 21, 36 y 37 de la ley Reglamentaria, así como el 52, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues prevén que la réplica en materia electoral se debe tramitar mediante el mismo procedimiento judicial que la que se interponga por cualquier persona, lo cual vulnera el artículo 99 constitucional.

Ello, en virtud de que como lo manifesté al referirme a la legitimación de los partidos políticos al inicio del presente voto, es la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la que remite a lo previsto en la Ley Reglamentaria, a los sujetos electorales a efecto de ejercer el derecho de réplica.

Por otra parte debe tomarse en cuenta que el artículo 99 Constitucional establece la competencia del Tribunal Electoral, la cual se circunscribe principalmente a conocer y resolver de impugnaciones en las elecciones federales y controversias relacionadas con el proceso electoral o con el ejercicio de los derechos político-electorales .

Por su parte, el artículo 41 constitucional establece que el Instituto Nacional Electoral estará encargado de la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales; sin embargo, esta intervención en los medios de comunicación y su respectiva regulación se constriñe a aspectos vinculados con la actuación de los partidos con fines electorales .

Por ello, en mi opinión resulta correcto que la Ley Reglamentaria prevea que los jueces de distrito conozcan sobre el derecho de réplica, pues ello no es una cuestión electoral, en tanto que como ya lo indique, la Litis en materia de réplica, no se constriñe a disposiciones con un contenido materialmente electoral ni el análisis de las violaciones alegadas tendría que hacerse en el contexto normativo no sólo de los artículos 41 y 116, fracción IV, entre otras disposiciones, de la Constitución Federal, que establecen las bases del modelo de comunicación social en la materia electoral, razón por la cual el control constitucional, el análisis respectivo debe limitarse a la cuestión de si se actualizó o no, vulneración al derecho fundamental

VIII. Finalmente solo me resta aclarar que voté a favor de los efectos propuestos en la consulta , esto es, que la invalidez decretada en los distintos apartados analizados, surta efectos a partir la notificación que se haga por medio de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, así como que respecto de la invalidez decretada en relación con el artículo 10, párrafo segundo, se postergue su efecto, con fundamento en el artículo 45 de la ley reglamentaria, confiriendo al Congreso de la Unión un plazo de 90 días para legislar respecto del plazo que se invalidó.

Ello, en tanto que si bien, emití voto en contra de esta invalidez, obligado por el criterio mayoritario, compartí el efecto propuesto, a efecto de que se evite que al declararse la invalidez del plazo, se genere incertidumbre jurídica respecto del que debe aplicarse para el ejercicio del derecho de réplica.
Se abrirá en otra página